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Los abogados de Argentina y de los fondos buitre mantuvieron el primer contacto en Nueva York con Daniel Pollack, el mediador designado por el juez Thomas Griesa, para abrir las negociaciones que permitan cumplir con la sentencia que obliga al país a pagar 1.330 millones de dólares a los tenedores de bonos en default sin poner en riesgo los desembolsos de la deuda reestructurada.
Los representantes de Argentina aseguraron que para presentar una oferta de pago es necesario que se garanticen los pagos de deuda reestructurada, mientras que para los fondos buitres la posibilidad de que los desembolsos sean embargados obliga al país a hacer la propuesta.
En ese sentido, los acreedores pidieron al juez Griesa que desestime el pedido del Gobierno de aplicar una nueva medida cautelar en favor de Argentina hasta que el país no de señales claras de que está dispuesto a cumplir con el fallo.
El próximo lunes Argentina debe pagar 900 millones de dólares a los tenedores de deuda reestructurada, algo que no podrá hacer hasta que la Justicia norteamericana vuelva a dictar un "stay", una medida cautelar que protege esos pagos de posibles embargos. Desde el 30 de junio, Argentina tendrá un mes para pagar ese vencimiento sin que se considere que el país entró en default.
"Si Argentina es seria sobre negociar una resolución, no hay razón para que las negociaciones no puedan concluir antes del 30 de julio", afirmó Robert Cohen, abogado del fondo NML Capital en el escrito que presentó al magistrado estadounidense para pedirle que no vuelva a dictar una medida cautelar.
Los abogados de Argentina reiteraron a principios de semana que el país no puede mejorar la oferta de los canjes de deuda como consecuencia de la cláusula RUFO, que vence a fin de año.
Los "holdouts" advirtieron además, que si para el 30 de julio avanzan las negociaciones y el Gobierno no hizo nada para evitar cumplir con la sentencia que lo obliga a pagarles el 100 por ciento de lo que reclaman, en efectivo y de una sola vez, "Argentina y los litigantes tendrán ambos una fuerte motivación para trabajar en un acomodamiento consensual".
En ese sentido, Argentina podría efectuar un depósito en garantía de entre 300 y 500 millones de dólares, con el objetivo de posponer el inicio de las negociaciones hasta 2015, cuando ya haya vencido la cláusula RUFO, según trascendió mediante la agencia oficial Télam. A eso, la propuesta de la Casa Rosada le sumaría un pago en bonos.
Esos títulos podrían ser rápidamente canjeados a un banco como ocurrió con los papeles que recibió Repsol por la expropiación de YPF.
Mientras tanto, Axel Kicillof, ministro de Economía, viajó a Nueva York para participar esta tarde de una conferencia ante representantes del G-77 + China de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la reestructuración de deuda y el proceso judicial que afronta el país contra los fondos buitres.
Pese a que algunos medios especularon con la posibilidad de que el jefe del Palacio de Hacienda tuviera el primer contacto con el mediador Pollack, esta mañana el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, lo descartó.
Además, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el ministro coordinador señaló que la exposición de Kicillof ante el foro multilateral buscará "generar conciencia en el sistema internacional respecto de los alcances y las consecuencias de la proliferación de decisiones judiciales que puedan alterar los mecanismos de reestructuración de deuda".
"La Argentina logró una reestructuración de deuda soberana del 92,4 por ciento y 1 por ciento de los acreedores promueve una acción judicial para alterar las condiciones y para perjudicar un proceso. Por eso el Gobierno trabaja en un escenario internacional en donde no existe una regulación sistémica pero que en definitiva una decisión judicial promueve enfoques sistémicos", abundó Capitanich.
Al respecto, la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de rechazar el caso sigue sumando críticas: la UNASUR repudió ayer el fallo de Griesa que confirmó el máximo tribunal de Estados Unidos. La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional manifestó su preocupación por la sentencia, e inclusive el Financial Times consideró que la resolución judicial es "extorsiva".
En ese sentido, los acreedores pidieron al juez Griesa que desestime el pedido del Gobierno de aplicar una nueva medida cautelar en favor de Argentina hasta que el país no de señales claras de que está dispuesto a cumplir con el fallo.
El próximo lunes Argentina debe pagar 900 millones de dólares a los tenedores de deuda reestructurada, algo que no podrá hacer hasta que la Justicia norteamericana vuelva a dictar un "stay", una medida cautelar que protege esos pagos de posibles embargos. Desde el 30 de junio, Argentina tendrá un mes para pagar ese vencimiento sin que se considere que el país entró en default.
"Si Argentina es seria sobre negociar una resolución, no hay razón para que las negociaciones no puedan concluir antes del 30 de julio", afirmó Robert Cohen, abogado del fondo NML Capital en el escrito que presentó al magistrado estadounidense para pedirle que no vuelva a dictar una medida cautelar.
Los abogados de Argentina reiteraron a principios de semana que el país no puede mejorar la oferta de los canjes de deuda como consecuencia de la cláusula RUFO, que vence a fin de año.
Los "holdouts" advirtieron además, que si para el 30 de julio avanzan las negociaciones y el Gobierno no hizo nada para evitar cumplir con la sentencia que lo obliga a pagarles el 100 por ciento de lo que reclaman, en efectivo y de una sola vez, "Argentina y los litigantes tendrán ambos una fuerte motivación para trabajar en un acomodamiento consensual".
En ese sentido, Argentina podría efectuar un depósito en garantía de entre 300 y 500 millones de dólares, con el objetivo de posponer el inicio de las negociaciones hasta 2015, cuando ya haya vencido la cláusula RUFO, según trascendió mediante la agencia oficial Télam. A eso, la propuesta de la Casa Rosada le sumaría un pago en bonos.
Esos títulos podrían ser rápidamente canjeados a un banco como ocurrió con los papeles que recibió Repsol por la expropiación de YPF.
Mientras tanto, Axel Kicillof, ministro de Economía, viajó a Nueva York para participar esta tarde de una conferencia ante representantes del G-77 + China de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la reestructuración de deuda y el proceso judicial que afronta el país contra los fondos buitres.
Pese a que algunos medios especularon con la posibilidad de que el jefe del Palacio de Hacienda tuviera el primer contacto con el mediador Pollack, esta mañana el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, lo descartó.
Además, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el ministro coordinador señaló que la exposición de Kicillof ante el foro multilateral buscará "generar conciencia en el sistema internacional respecto de los alcances y las consecuencias de la proliferación de decisiones judiciales que puedan alterar los mecanismos de reestructuración de deuda".
"La Argentina logró una reestructuración de deuda soberana del 92,4 por ciento y 1 por ciento de los acreedores promueve una acción judicial para alterar las condiciones y para perjudicar un proceso. Por eso el Gobierno trabaja en un escenario internacional en donde no existe una regulación sistémica pero que en definitiva una decisión judicial promueve enfoques sistémicos", abundó Capitanich.
Al respecto, la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de rechazar el caso sigue sumando críticas: la UNASUR repudió ayer el fallo de Griesa que confirmó el máximo tribunal de Estados Unidos. La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional manifestó su preocupación por la sentencia, e inclusive el Financial Times consideró que la resolución judicial es "extorsiva".
nosis
