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El fiscal Germán Moldes cuestionó la decisión de la Cámara Federal que ordenó hace dos semanas continuar una investigación contra la presidenta Cristina Kirchner sobre el acuerdo entre YPF y la norteamericana Chevron para la explotación del yacimiento Vaca Muerta, cuando un fiscal de instrucción había dictaminado que la causa debía cerrarse. Moldes no opinó sobre la discusión de fondo del expediente, ni sobre el contenido del dictamen que había firmado su colega, Eduardo Taiano, sino que objetó que haya sido anulado, lo que a su entender constituye una “extralimitación” de parte de los jueces de primera y segunda instancia. Ahora es la Cámara de Casación Penal la que tiene que analizar la situación y el destino de la causa. Lo que hizo Moldes, como fiscal de Cámara, fue presentar un recurso de Casación. Allí cuestiona una decisión que tomaron primero la jueza María Servini de Cubría y luego la Sala II de la Cámara Federal que la confirmó: en ambas instancias, los jueces consideraron nulo un dictamen que había promovido el fiscal Taiano, quien opinaba que había que desestimar la denuncia presentada en julio de 2013 por el legislador porteño Alejandro Bodart y el abogado ambientalista Enrique Viale. Ellos pidieron que se hiciera una investigación penal sobre la firma del decreto que establecía las bases para el acuerdo YPF-Chevron y apuntaban a la Presidenta por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y daño ambiental en grado de tentativa. Así lo consignó Página 12. El decreto cuestionado (929/13) creaba el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos en Neuquén y, según los denunciantes, sus términos violan la Ley de Hidrocarburos, el artículo 124 de la Constitución Nacional (que atribuye a las provincias el dominio originario de los recursos naturales) y se diseñó en beneficio de Chevron. También decían que la técnica que se utilizaría para la extracción es el fracking, que puede afectar los recursos hídricos. Taiano había señalado en su dictamen que no detectaba ninguna “irregularidad o inobservancia legal”, y descartaba “la tipicidad de las conductas denunciadas”. Por eso promovía su archivo. La jueza Servini de Cubría lo anuló por considerarlo prematuro y luego los jueces de la Sala II, Horacio Cattani y Martín Irurzun, le dieron la razón a la jueza en duros términos para con el fiscal. Señalaron que había sacado conclusiones sin haber recabado mayor información y que su texto “carece de validez argumental”. Plantearon que había hecho “formulaciones propias de la valoración que se efectúa tras una investigación penal”, que no había existido en este caso. Lo acusaron de tener una visión “estrictamente formal” y “parcializada”.
