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La seguridad jurídica y los
derechos de las personas
El Colegio Público de Abogados de
la Capital Federal creó un Registro de Certificaciones de Documentos
de Abogados Matriculados que habilita a los abogados a certificar
firmas, impresiones digitales, copias y expedientes judiciales o
administrativos. No existe ninguna ley nacional ni de la Ciudad de
Buenos Aires que autorice a los abogados -ni al Colegio que los
nuclea- a certificar firmas, constancias o documentos, tal como
pretenden. Por ello, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos
Aires inició una acción judicial de declaración de ilegalidad e
inconstitucionalidad, a fin de que la justicia intervenga y evite que
los terceros que soliciten este servicio se vean perjudicados.
Certificar
sin certificar
En términos
jurídicos, certificar
es
hacer constar por escrito una realidad de hecho por quien tiene fe
pública o atribución para hacerlo. El Estado ha delegado esa
función en los escribanos públicos. Los
abogados no son depositarios de la fe pública, ya que sus
competencias son
atender consultas jurídicas y defender, patrocinar y/o representar
judicialmente o extrajudicialmente a sus clientes. La
“certificación” que puede realizar un abogado de que un
determinado documento, una firma o una impresión digital es
auténtica, no tendrá más valor que el que pueda tener la
declaración de cualquier persona común. Su actuación sería
equivalente a la de un testigo que asegure la veracidad de lo que
dice un documento, aunque -por su
profesión- en el caso de los abogados no sería la de un tercero
ajeno ni imparcial, porque podría actuar en defensa de los intereses
de su cliente.
Para ese tipo de certificación no se necesita ser abogado ni crear
un Registro de Certificadores.
Las
certificaciones efectuadas por abogados no otorgan fe pública, tal
como señalaba el Presidente del CPACF, Dr. Jorge Rizzo, en
Twitter. Lo que lleva a preguntarse para qué sirve agregar una
“certificación” de firma o de documentos que carece de valor
jurídico. La respuesta la da el mismo Rizzo -también en Twitter- al
aclarar que ese Registro y esta nueva “competencia están ideados
“para que te ganes un mango”.
La
“certificación” que propone realizar el CPACF no otorga fe
pública, o sea, no
certifica nada
y es una forma de confundir o engañar a consumidores y usuarios de
servicios jurídicos, quienes serán inducidos a creer que esa
“certificación” tiene algún tipo de valor jurídico, cuando no
lo tiene. Esta situación nos enfrenta a un aspecto fundamental de la
seguridad jurídica que
son los derechos de los ciudadanos. El
Estado no ha delegado la fe pública ni en los abogados ni el CPACF,
por lo que este Registro y los documentos “certificados” por
ellos no tendrán ningún valor distinto a un documento privado sin
certificación de ninguna especie.
Este perjuicio se ve agravado por el
hecho de que estas certificaciones se realizarán contra el pago de
un honorario y bajo la apariencia de una certificación notarial.
Este proceder resulta apto para el engaño del usuario, quien no sólo
creerá estar obteniendo un instrumento con valor de fe pública o
autenticidad, sino que además estará pagando por él.
El perjuicio es
grave por varios motivos: por un lado por la confusión que generará
en la gente, que no podrá distinguir cuando una certificación es
válida en términos jurídicos; por otro, porque afectará el
derecho a la información veraz de los consumidores; también porque
ocasionará una notable inseguridad jurídica en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires y afectará no sólo la función de dar fe
pública que es competencia de los escribanos públicos, sino también
la de funcionarios del Poder Judicial, como los Secretarios,
quienes son los que tienen la aptitud fedataria en el marco de las
actuaciones judiciales.
En resumen, el CPACF se encuentra
actuando fuera de su competencia. Este proceder ajeno a su objeto
pone en peligro el correcto uso de la herramienta legal de su
personería diferenciada que le otorgó el Congreso al crearlo como
ente público no estatal, y ello, sin lugar a dudas, perjudicará a
los usuarios que pagarán por certificaciones sin valor, que no dan
fe.
