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El Gobierno nacional estaría definiendo los últimos detalles para anunciar que cerró un acuerdo con Repsol por el pago del 51 por ciento de las acciones de YPF que tenía la petrolera española y que le fueron expropiadas en abril de 2012.
Las negociaciones terminaron y la propuesta del Gobierno habría sido aceptada por los empresarios españoles y Axel Kicillof, ministro de Economía, habría logrado consensuar con ellos las garantías exigidas para desistir de los juicios iniciados por la firma española en diferentes tribunales locales e internacionales.
Los técnicos y representantes legales de Repsol mantuvieron diferentes reuniones con miembros de la gerencia legal del Ministerio de Economía, desde la semana pasada hasta ayer.
Fuentes oficiales explicaron al diario El Cronista Comercial que ahora se trabaja en la forma en que se instrumentará el contrato y en sus anexos, "para que no queden lagunas que den lugar a algún tipo de interposición o mala interpretación entre las leyes locales y las españolas".
Los técnicos españoles buscarán regresar a Madrid con todos los detalles cerrados, con la intención de presentar el convenio el próximo miércoles 26, durante la reunión de directorio de Repsol, para que sea analizado y se apruebe en marzo.
Argentina tiene tiempo hasta el 7 de mayo para compensar a la petrolera española porque la ley que declaró de utilidad pública a las acciones hace referencia a la Ley Nacional de Expropiación. Esa norma establece un plazo de dos años para el pago, que puede realizarse a través de un acuerdo entre las partes o mediante un juicio en el que se podría dar un pago unilateral. Si pasados los dos años no se cierra la operación por ninguno de los dos canales, queda abandonada la expropiación y se retrotrae todo a la situación previa, lo que en este caso implicaría devolver las acciones a la firma española.
El Gobierno esperaba cerrar el acuerdo a principios de año. Pero con la devaluación que llevó la cotización del dólar desde los 6,5 a 8 pesos, Repsol pidió reforzar las garantías ofrecidas.
La oferta consistiría en una compensación a través de títulos públicos por 5.000 millones de dólares a 10 años, con una tasa de rentabilidad de 8,75 por ciento.
Los técnicos y representantes legales de Repsol mantuvieron diferentes reuniones con miembros de la gerencia legal del Ministerio de Economía, desde la semana pasada hasta ayer.
Fuentes oficiales explicaron al diario El Cronista Comercial que ahora se trabaja en la forma en que se instrumentará el contrato y en sus anexos, "para que no queden lagunas que den lugar a algún tipo de interposición o mala interpretación entre las leyes locales y las españolas".
Los técnicos españoles buscarán regresar a Madrid con todos los detalles cerrados, con la intención de presentar el convenio el próximo miércoles 26, durante la reunión de directorio de Repsol, para que sea analizado y se apruebe en marzo.
Argentina tiene tiempo hasta el 7 de mayo para compensar a la petrolera española porque la ley que declaró de utilidad pública a las acciones hace referencia a la Ley Nacional de Expropiación. Esa norma establece un plazo de dos años para el pago, que puede realizarse a través de un acuerdo entre las partes o mediante un juicio en el que se podría dar un pago unilateral. Si pasados los dos años no se cierra la operación por ninguno de los dos canales, queda abandonada la expropiación y se retrotrae todo a la situación previa, lo que en este caso implicaría devolver las acciones a la firma española.
El Gobierno esperaba cerrar el acuerdo a principios de año. Pero con la devaluación que llevó la cotización del dólar desde los 6,5 a 8 pesos, Repsol pidió reforzar las garantías ofrecidas.
La oferta consistiría en una compensación a través de títulos públicos por 5.000 millones de dólares a 10 años, con una tasa de rentabilidad de 8,75 por ciento.
nosis
