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La versión era fuerte: el fallo de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios iba a conocerse este martes y sería contrario al Grupo Clarín en los 4 artículos impugnados: El 45 y el 48, relacionados con las licencias con las que puede contar y el 41 y el 161, sobre los tiempos para la desinversión y adecuación a la normativa. Pero la Corte siempre ha tenido la conducta de “compensar”, por eso será importante concocer la ‘letra chica’ del fallo.
Habrían votado a favor los jueces Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni, Enrique Petracchi, Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco. Con lo cual se termina de confirmar el voto de Lorenzetti tras una reunión con el Secretario Legal y Ténico, Carlos Zannini.
Atenta este último hecho y las presiones del Gobierno sobre el máximo tribunal, la diputada Elisa Carrió alertó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre las gestiones, que calificó de "graves".
Carrió le envió una nota al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en la que hizo alusión a las reuniones que habrían mantenido la presidenta Cristina Fernández y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, con distintos jueces del alto tribunal para pedirles a los ministros que apuren la sentencia.
Según recuerda La Nación, distintos medios de comunicación -incluso los más afines al Gobierno- dieron cuenta de varias reuniones reservadas entre Highton, Lorenzetti y Zannini, un funcionario de estrecha confianza de la Presidenta que habría abogado abiertamente en favor de un fallo que declare la constitucionalidad de los cuatro artículos de la ley 26.522.
En abril pasado, la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal había declarado la constitucionalidad de los artículos 161 y el 41 de la Ley de Medios, aunque también había establecido la inconstitucionalidad del artículo 45 que limitaba la cantidad de licencias de canales de cable y el artículo 48 que hacía referencia a "concentración indebida", declarándolo inaplicable para el grupo Clarín.
Unos meses atrás, ambas parte del litigio -el Estado, a través del AFSCA, y el Grupo Clarín- habían apelados los fallos que no les habían sido favorecidos, por lo que llegó el caso a la CSJ para que esta se pronuncie.
