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En un informe de 39 páginas básicamente afirma que los niveles de solvencia han mejorado, pero que la debilidad de la economía, particularmente debido al elevado paro, está provocando un bloqueo del crédito.
Por eso recomienda que los bancos “resistan la tentación de reducir sus carteras crediticias” e incrementen sus ratios de capital en base a reducir los dividendos en efectivo (que pueden ser sustituidos por pagos en acciones; en este sentido conviene tener presente que el BdE ya ha limitado el pago de dividendos en efectivo al 25% del beneficio este año).
Dice textualmente que “el desarrollo de las actividades financieras aún presiona en sentido recesivo, con una aceleración de la contracción del crédito, un endurecimiento de las exigencias y un aumento del coste para las empresas.” Estima que tuvo lugar una contracción del crédito al sector privado de aprox. -7% (a/a) en mayo, una de las tasas más severas entre las economías desarrolladas. Estima que, si continúa la contracción del crédito, podría ser necesario revisar los planes de reestructuración acordados con Bruselas para las entidades intervenidas.
En el frente positivo, dice que el Gobierno debería considerar el cambio de estatus de los aprox. 50.000M€ en créditos fiscales que actualmente tiene el sector, de manera que puedan ser considerados como base de capital (bajo su contabilización actual dejarían de aceptarse como capital cuando entre en vigor Basilea III).
Finalmente, afirma que el plan de negocio de la SAREB debería apoyarse en hipótesis más conservadoras, en referencia indirecta a que contempla subidas de precios inmobiliarios a partir de 2017.
Dice textualmente que “el desarrollo de las actividades financieras aún presiona en sentido recesivo, con una aceleración de la contracción del crédito, un endurecimiento de las exigencias y un aumento del coste para las empresas.” Estima que tuvo lugar una contracción del crédito al sector privado de aprox. -7% (a/a) en mayo, una de las tasas más severas entre las economías desarrolladas. Estima que, si continúa la contracción del crédito, podría ser necesario revisar los planes de reestructuración acordados con Bruselas para las entidades intervenidas.
En el frente positivo, dice que el Gobierno debería considerar el cambio de estatus de los aprox. 50.000M€ en créditos fiscales que actualmente tiene el sector, de manera que puedan ser considerados como base de capital (bajo su contabilización actual dejarían de aceptarse como capital cuando entre en vigor Basilea III).
Finalmente, afirma que el plan de negocio de la SAREB debería apoyarse en hipótesis más conservadoras, en referencia indirecta a que contempla subidas de precios inmobiliarios a partir de 2017.
