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El presidente chino, Xi Jinping, advirtió a su llegada al poder que su mandato vendría marcado por la austeridad en el gasto público, pero ha tardado meses en decretar la primera medida que verdaderamente lo demuestra, una orden que prohíbe durante cinco años la construcción de nuevas sedes de gobierno.
La ordenanza llegó sin anuncios previos ayer, martes, cuando una comunicación conjunta del Consejo de Estado (gobierno central) y el Partido Comunista de China anunciaba que hasta 2017 no habrá posibilidad de que ayuntamientos o gobiernos provinciales dispongan de nuevas sedes.
La orden, que se dice "acorde con la campaña nacional de austeridad", también prohíbe nuevas estructuras oficiales tales como centros de formación de mandatarios u hoteles para altos cargos estatales, como los que existen en Pekín y otras grandes ciudades del país.
Aunque sí se permitirán obras de remodelación o restauración de antiguas instalaciones, el Gobierno central examinará con lupa estos proyectos y sólo aprobará los que se lleven a cabo para aumentar medidas de seguridad o para recuperar funciones de las oficinas, prohibiendo "obras caras e innecesarias".
Asímismo, prohíbe a gobiernos a todos los niveles colaborar con empresas de construcción en proyectos inmobiliarios, así como cualquier tipo de donaciones o patrocinios a firmas del sector, que en China también ha vivido su particular burbuja (no sólo en sedes oficiales, aunque en éstas ha habido casos más llamativos).
En la directiva estatal se denuncia que en los últimos años se han construido algunas sedes de gobiernos locales irregularmente y con grandes excesos presupuestarios, "lo que ha dañado la imagen del Partido Comunista y el Gobierno, aumentando la vehemencia del descontento público".
En los últimos meses han circulado en China y han sido muy criticadas muchas noticias sobre la construcción de edificios excesivamente grandes o lujosos para los gobiernos locales, algunos de ellos imitando famosas estructuras como el Capitolio de Washington o el Gran Palacio del Pueblo de Pekín.
Muy notable fue, el pasado diciembre, la denuncia de que el gobierno de Jinan, capital de la provincia costera oriental de Shandong, había edificado una nueva sede de 370.000 metros cuadrados que la convertía en el segundo edificio oficial más grande del mundo, sólo por detrás del Pentágono estadounidense.
El edificio, que dispone de 40 ascensores y 45.000 terminales telefónicas, costó 640 millones de dólares, y al conocerse su existencia en otras zonas del país despertó muchas críticas de los ciudadanos chinos hacia el despilfarro de sus responsables políticos.
El afán por grandes sedes es muestra sólo del furor del sector de la construcción en China, país que en este mismo mes inauguró el edificio con mayor superficie del mundo (un centro comercial de 1,76 millones de metros cuadrados en la ciudad interior de Chengdu) e inició las obras del rascacielos más alto del planeta.
Antes aún, en 2008, el exceso de tamaño, lujo y ostentación de los edificios gubernamentales en localidades casi desconocidas también fue motivo de mucho debate, cuando el terremoto de mayo de aquel año afectó a numerosas localidades del país, causando la muerte de cerca de 90.000 personas.
En algunos lugares afectadas por aquel seísmo, mientras se derrumbaron escuelas o edificios residenciales, varios edificios de gobiernos locales, construidos con mejores materiales, quedaron en pie y sufrieron escasos daños, lo que muchos criticaron como una muestra de que los políticos no se preocupaban por el pueblo.
Xi Jinping, secretario del Partido Comunista de China desde noviembre de 2012 y presidente del país desde marzo de este año, prometió medidas de austeridad que comenzaron tímidamente a finales del año pasado, con una prohibición de grandes banquetes oficiales y otros actos "extravagantes".
Aquella prohibición ha tenido ya, no obstante, sus consecuencias: marcas de licores de lujo del país asiático o restaurantes de postín en las grandes ciudades se quejan de que a raíz de la prohibición han sufrido grandes pérdidas.
Incluso hubo rumores de que el supermercado que existe en el interior de Zhongnanhai, el recluido recinto del centro de Pekín donde viven los máximos líderes comunistas, iba a cerrar su negocio, aunque éstos nunca fueron confirmados.
"El gobierno tiene que apretarse su propio cinturón, para que la gente viva cómodamente", analizaba hoy, en un artículo de la agencia oficial Xinhua, el experto Wang Yukai, de la Academia China de Gobernación. EFE
La ordenanza llegó sin anuncios previos ayer, martes, cuando una comunicación conjunta del Consejo de Estado (gobierno central) y el Partido Comunista de China anunciaba que hasta 2017 no habrá posibilidad de que ayuntamientos o gobiernos provinciales dispongan de nuevas sedes.
La orden, que se dice "acorde con la campaña nacional de austeridad", también prohíbe nuevas estructuras oficiales tales como centros de formación de mandatarios u hoteles para altos cargos estatales, como los que existen en Pekín y otras grandes ciudades del país.
Aunque sí se permitirán obras de remodelación o restauración de antiguas instalaciones, el Gobierno central examinará con lupa estos proyectos y sólo aprobará los que se lleven a cabo para aumentar medidas de seguridad o para recuperar funciones de las oficinas, prohibiendo "obras caras e innecesarias".
Asímismo, prohíbe a gobiernos a todos los niveles colaborar con empresas de construcción en proyectos inmobiliarios, así como cualquier tipo de donaciones o patrocinios a firmas del sector, que en China también ha vivido su particular burbuja (no sólo en sedes oficiales, aunque en éstas ha habido casos más llamativos).
En la directiva estatal se denuncia que en los últimos años se han construido algunas sedes de gobiernos locales irregularmente y con grandes excesos presupuestarios, "lo que ha dañado la imagen del Partido Comunista y el Gobierno, aumentando la vehemencia del descontento público".
En los últimos meses han circulado en China y han sido muy criticadas muchas noticias sobre la construcción de edificios excesivamente grandes o lujosos para los gobiernos locales, algunos de ellos imitando famosas estructuras como el Capitolio de Washington o el Gran Palacio del Pueblo de Pekín.
Muy notable fue, el pasado diciembre, la denuncia de que el gobierno de Jinan, capital de la provincia costera oriental de Shandong, había edificado una nueva sede de 370.000 metros cuadrados que la convertía en el segundo edificio oficial más grande del mundo, sólo por detrás del Pentágono estadounidense.
El edificio, que dispone de 40 ascensores y 45.000 terminales telefónicas, costó 640 millones de dólares, y al conocerse su existencia en otras zonas del país despertó muchas críticas de los ciudadanos chinos hacia el despilfarro de sus responsables políticos.
El afán por grandes sedes es muestra sólo del furor del sector de la construcción en China, país que en este mismo mes inauguró el edificio con mayor superficie del mundo (un centro comercial de 1,76 millones de metros cuadrados en la ciudad interior de Chengdu) e inició las obras del rascacielos más alto del planeta.
Antes aún, en 2008, el exceso de tamaño, lujo y ostentación de los edificios gubernamentales en localidades casi desconocidas también fue motivo de mucho debate, cuando el terremoto de mayo de aquel año afectó a numerosas localidades del país, causando la muerte de cerca de 90.000 personas.
En algunos lugares afectadas por aquel seísmo, mientras se derrumbaron escuelas o edificios residenciales, varios edificios de gobiernos locales, construidos con mejores materiales, quedaron en pie y sufrieron escasos daños, lo que muchos criticaron como una muestra de que los políticos no se preocupaban por el pueblo.
Xi Jinping, secretario del Partido Comunista de China desde noviembre de 2012 y presidente del país desde marzo de este año, prometió medidas de austeridad que comenzaron tímidamente a finales del año pasado, con una prohibición de grandes banquetes oficiales y otros actos "extravagantes".
Aquella prohibición ha tenido ya, no obstante, sus consecuencias: marcas de licores de lujo del país asiático o restaurantes de postín en las grandes ciudades se quejan de que a raíz de la prohibición han sufrido grandes pérdidas.
Incluso hubo rumores de que el supermercado que existe en el interior de Zhongnanhai, el recluido recinto del centro de Pekín donde viven los máximos líderes comunistas, iba a cerrar su negocio, aunque éstos nunca fueron confirmados.
"El gobierno tiene que apretarse su propio cinturón, para que la gente viva cómodamente", analizaba hoy, en un artículo de la agencia oficial Xinhua, el experto Wang Yukai, de la Academia China de Gobernación. EFE
