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El Gobierno quiere enviar al Parlamento cuanto antes su proyecto de reforma de administración local. Para ello, tendrá que superar las reticencias de los partidos de la oposición, que no están muy de acuerdo con el posible traspaso de competencias municipales a las diputaciones. A falta de poco más de medio año para que la medida se aplique, aún despierta muchas dudas.
¿Qué pasará con los ayuntamientos que se queden sin competencias durante cinco años?
Según Hacienda, los municipios que no sean capaces de prestar los servicios de forma eficiente tendrán que trasladar la competencia a las diputaciones durante un plazo de cinco años. Fuentes de Hacienda cifran en más de 5.500 el número de ayuntamientos que podría quedarse sin sus funciones y, por tanto, sin la financiación asociada a ellas.
En el ministerio, insisten en que estos municipios conservarán sus funciones políticas, aunque muchos se preguntan si no sería más útil que estos ayuntamientos desaparecieran. Los cargos electos de las localidades de menos de 1.000 habitantes tampoco percibirán una retribución a cambio.
¿Aceptarán las comunidades uniprovinciales asumir las competencias de las localidades ineficientes?
La segunda duda que asalta a los expertos es si los gobiernos autonómicos de Madrid, Murcia, La Rioja y Cantabria estarán dispuestos a gestionar las competencias de los municipios que las pierdan. Dado que, al ser comunidades uniprovinciales, no tienen diputaciones, las funciones perdidas por las localidades pasarían a las autonomías, que también recibirían la financiación correspondiente.
Por el momento, las autoridades regionales no han recibido el anteproyecto precisamente con los brazos abiertos. El primero en manifestarse ha sido Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, quien ha advertido “que si las autonomías asumen competencias municipales necesitarán más recursos”.
¿Qué ocurre con los contratos plurianuales ya firmados?
Hacienda da por hecho que la norma se aplicará el próximo 1 de enero y que los ayuntamientos que para entonces no presten los servicios al llamado coste estándar tendrán tres meses para hacerlo y, si no, perderán la competencia. Pero aún no hay un plan previsto para rescindir los contratos plurianuales que superen este coste estándar.
Es habitual que los gobiernos locales firmen servicios con las empresas suministradoras durante varios años para obtener un precio más ajustado, así que Hacienda tendrá que ir caso por caso para estimar si se ahorra más traspasando la competencia a la diputación y rescindiendo el contrato o manteniéndolo.
¿Qué sucederá con el personal de los municipios que pierdan sólo algunas competencias?
El anteproyecto de ley prevé que, junto con las competencias, se traspasen a las diputaciones la financiación y el personal asociado a cada competencia, pero hay empleados locales que pueden estar adscritos a varias funciones. ¿Cambiarán todos su adscripción? ¿Sólo algunos? ¿Recibirán parte de su salario de la diputación correspondiente y otra parte del ayuntamiento?
¿Son las diputaciones las instituciones más apropiadas para asumir las competencias municipales?
El PP fue el único partido que defendió el mantenimiento de las diputaciones provinciales en la campaña para las elecciones generales de 2011. Para el resto de partidos, si figura era más que discutible e, incluso, algunos llegaron a proponer su supresión como parte de la reforma de la administración local.
Además, ha habido varios casos de corrupción muy sonados. La institución elegida para la prueba piloto de Hacienda, la de Orense, cuyo ex presidente, José Luis Baltar, será juzgado por enchufar a 104 personas en la Diputación Provincial en el año 2010.
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