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LA SEMANA EN POCAS PALABRAS
La economía argentina está enfrascada en un círculo vicioso de déficit fiscal, emisión e inflación. Como el perro que corre su propia cola, el gobierno intentó frenar la inflación retrasando el tipo de cambio y las tarifas, lo cual obligó a un aumento de los subsidios que escalaron a casi 4 puntos del producto y explicaron la reaparición del déficit fiscal hasta niveles que no se venían desde los peores años de la Convertibilidad, ahora financiado totalmente con emisión monetaria.
En 2012, las cuentas públicas cerraron con un déficit de $ 55.563 millones (2,5% del PIB). Pero la dimensión del desequilibrio habría sido sensiblemente mayor de no ser por los recursos extraordinarios provistos por las utilidades del BCRA (que en la práctica son lisa y llanamente emisión monetaria) y del FGS de ANSES (estas transferencias representan pérdidas de capital para ANSES que en el futuro deberán ser solventadas por aportes del Tesoro Nacional). Entre ambos totalizaron $27.000 millones en 2012. Sin estos ingresos el déficit primario (antes de intereses) habría alcanzado 1,4% del PIB y el financiero 3,6%. El déficit fiscal se ubica así por encima del promedio de la segunda mitad de los ‘90s (2% del PBI), a pesar que la presión tributaria creció del 21% al 35% del PIB.
A falta de financiamiento genuino, la impresión de billetes es la única llave para cerrar la brecha fiscal. Por eso la cantidad de dinero creció al 40% anual en febrero. La dependencia del Tesoro de la asistencia del Banco Central ha generado un deterioro creciente en su balance que debilita el respaldo en reservas de los pesos en circulación. Mientras que en 2007 las deudas del Tesoro con el BCRA representaban el 25% del activo, en 2012 alcanzaron al 56%. La contracara de este proceso es la caída del respaldo en reservas de los pasivos del Banco Central, que pasaron de representar el 64% en 2007 a 37% en 2012.
Habiendo fracasado el dólar y las tarifas como anclas para la inflación, el gobierno apela ahora a un congelamiento de precios en los supermercados. A corto plazo, como es natural, los relevamientos privados y oficiales muestran que su impacto ha sido positivo durante febrero. Según el IPC-Congreso la inflación fue 1,2% en febrero, bajando desde el 2,6% de enero. Según el INDEC la suba de precios fue apenas 0,5% mensual, la mitad que en enero. El rubro “alimentos y bebidas” capturó los impactos del congelamiento con una suba de 0,4% mensual, menos de 1/3 del registro de igual mes de 2012.
Es altamente probable que el control de precios en supermercados se extienda hasta las elecciones de octubre. La cuenta que hace el gobierno es simple: si logra reducir el ritmo de aumento de los alimentos y bebidas al 10% anual, aún cuando el resto de los rubros trepasen al 30% anual (un escenario que no puede descartarse), la inflación rondaría un confortable 24%, en línea con el cierre de las primeras negociaciones salariales.
Pero la salida de esta estrategia es sumamente riesgosa. Ni el economista más heterodoxo recomendaría seguir emitiendo a este ritmo en combinación con un congelamiento de precios que –aunque eficaz a corto plazo- aumenta las chances de un rebrote inflacionario en el futuro.
