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El Gobierno nacional impulsará durante la primera mitad de este año, dos proyectos de ley para regular la actividad agropecuaria: uno de ellos propondrá modificar la Ley de Arrendamiento para limitar a los pooles de siembra y subir los impuestos a las tierras que no tengan una actividad productiva declarada. El otro buscará hacer obligatorio el seguro agrícola que promovió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Técnicos del Ministerio de Agricultura terminan por estos días un informe sobre la situación de los campos arrendados en Argentina. Y según las conclusiones de ese documento, se analizará enviar al Congreso un proyecto que renueve y actualice las leyes vigentes de contratos agrarios como la ley 13.246, vigente desde 1948, según informaron fuentes de la Casa Rosada y del Parlamento al diario BAE Negocios.
El estudio que la cartera de Agricultura le presentará a la Presidenta destaca que Argentina es el único país del mundo que tiene un sistema de producción en el que el 60 por ciento corresponde a lo obtenido en tierras arrendadas, el doble que en otros grandes productores mundiales. Por otro lado, la estructura de costos revelaría que el 40 por ciento de lo invertido en la campaña pasada estuvo destinado a la aplicación de tecnología.
El objetivo del Gobierno sería "permitir que el pequeño y mediano productor pueda acceder competitivamente a las tierras de forma tal que tenga herramientas para competir con estructuras económicas más poderosas", según informaron fuentes oficiales al matutino.
La Casa Rosada buscará diferenciar a los agricultores que viven de lo que producen en su tierra, de los que la alquilen a algún pool de siembra, una diferenciación que viene reclamando la Federación Agraria Argentina desde hace años.
Por otro lado, las fuentes oficiales aseguraron que el anuncio del seguro agrícola "es un hecho", aunque la última palabra la tendrá la Presidenta.
En ese sentido, en el sector privado admitieron "contactos permanentes" y que "a nivel técnico el proyecto está cerrado". El borrador contemplaría la aplicación de un subsidio de la tasa mínima, que se ubicaría por debajo de la prima de cada seguro y que el Banco Nación será el responsable del mismo. Pero las empresas podrán ofrecer sus productos, con lo que se mantendría la competencia en el mercado.
El estudio que la cartera de Agricultura le presentará a la Presidenta destaca que Argentina es el único país del mundo que tiene un sistema de producción en el que el 60 por ciento corresponde a lo obtenido en tierras arrendadas, el doble que en otros grandes productores mundiales. Por otro lado, la estructura de costos revelaría que el 40 por ciento de lo invertido en la campaña pasada estuvo destinado a la aplicación de tecnología.
El objetivo del Gobierno sería "permitir que el pequeño y mediano productor pueda acceder competitivamente a las tierras de forma tal que tenga herramientas para competir con estructuras económicas más poderosas", según informaron fuentes oficiales al matutino.
La Casa Rosada buscará diferenciar a los agricultores que viven de lo que producen en su tierra, de los que la alquilen a algún pool de siembra, una diferenciación que viene reclamando la Federación Agraria Argentina desde hace años.
Por otro lado, las fuentes oficiales aseguraron que el anuncio del seguro agrícola "es un hecho", aunque la última palabra la tendrá la Presidenta.
En ese sentido, en el sector privado admitieron "contactos permanentes" y que "a nivel técnico el proyecto está cerrado". El borrador contemplaría la aplicación de un subsidio de la tasa mínima, que se ubicaría por debajo de la prima de cada seguro y que el Banco Nación será el responsable del mismo. Pero las empresas podrán ofrecer sus productos, con lo que se mantendría la competencia en el mercado.
nosis
