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El Gobierno nacional estaría analizando impulsar luego de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso nacional en marzo, el tratamiento de un proyecto de ley que propone que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias como empleados de cuarta categoría (en relación de dependencia).
Pero si se sanciona esa norma y se la reglamenta, se generaría un conflicto político que derivaría en una acordada de la Corte Suprema de Justicia que suspendería la norma. Al mismo tiempo, la Casa Rosada abriría un nuevo frente de conflicto, justo en un año electoral.
En 1996 se sancionó la ley 24.631, que eliminó las exenciones de ese tributo para los funcionarios de los tres poderes (presidente, senadores, diputados, y jueces) y a los empleados de mandos intermedios. Desde entonces los legisladores empezaron a pagar ganancias y nunca se planteó ninguna cuestión de privilegio.
Pero en abril de ese año, La Corte Suprema emitió la acordada 20/96 con la que declaró que esa ley era inaplicable a jueces y funcionarios judiciales porque sus salarios son "intangibles". Desde entonces los magistrados mantienen ese privilegio.
El máximo tribunal declaró además, que sólo la Corte puede resolver sobre ese tema, con lo que cerró la posibilidad de sancionar una norma o emitir un decreto, según informó Ámbito Financiero.
Con eso, para obligar a los magistrados a pagar ganancias debería reformarse la Constitución Nacional porque en el artículo 3 inciso 1 establece la intangibilidad de los salarios de los jueces, con el objetivo de protegerlos de presiones del Congreso a través del manejo de los salarios.
Pero la Casa Rosada buscaría rebatir ese argumento con la aplicación de un impuesto general, que abarque a todo el sistema tributario y no sólo a algunos sectores, por lo que no podría considerarse un intento de presión oficial.
Diferentes sectores del Gobierno consideran que de todos modos, la Casa Rosada debería negociar con la Justicia para poder aplicar el impuesto a las Ganancias a cambio de no fijar topes a las jubilaciones de los magistrados.
En ese sentido, el kichnerismo busca eliminar lo que considera "jubilaciones de privilegio" de los jueces, que pueden llegar a percibir pensiones de hasta 40.000 pesos mensuales, por lo que desde el año pasado aplica un tope de 19.100 pesos mensuales para las nuevas jubilaciones. Esa decisión generó tensión entre la Justicia y el Gobierno nacional.
En 1996 se sancionó la ley 24.631, que eliminó las exenciones de ese tributo para los funcionarios de los tres poderes (presidente, senadores, diputados, y jueces) y a los empleados de mandos intermedios. Desde entonces los legisladores empezaron a pagar ganancias y nunca se planteó ninguna cuestión de privilegio.
Pero en abril de ese año, La Corte Suprema emitió la acordada 20/96 con la que declaró que esa ley era inaplicable a jueces y funcionarios judiciales porque sus salarios son "intangibles". Desde entonces los magistrados mantienen ese privilegio.
El máximo tribunal declaró además, que sólo la Corte puede resolver sobre ese tema, con lo que cerró la posibilidad de sancionar una norma o emitir un decreto, según informó Ámbito Financiero.
Con eso, para obligar a los magistrados a pagar ganancias debería reformarse la Constitución Nacional porque en el artículo 3 inciso 1 establece la intangibilidad de los salarios de los jueces, con el objetivo de protegerlos de presiones del Congreso a través del manejo de los salarios.
Pero la Casa Rosada buscaría rebatir ese argumento con la aplicación de un impuesto general, que abarque a todo el sistema tributario y no sólo a algunos sectores, por lo que no podría considerarse un intento de presión oficial.
Diferentes sectores del Gobierno consideran que de todos modos, la Casa Rosada debería negociar con la Justicia para poder aplicar el impuesto a las Ganancias a cambio de no fijar topes a las jubilaciones de los magistrados.
En ese sentido, el kichnerismo busca eliminar lo que considera "jubilaciones de privilegio" de los jueces, que pueden llegar a percibir pensiones de hasta 40.000 pesos mensuales, por lo que desde el año pasado aplica un tope de 19.100 pesos mensuales para las nuevas jubilaciones. Esa decisión generó tensión entre la Justicia y el Gobierno nacional.
nosis
