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Los principales sindicatos del sector financiero acordaron el lunes convocar manifestaciones y paros parciales en enero que culminarán en la convocatoria de una huelga el 6 de febrero en tres entidades nacionalizadas como protesta contra los despidos de miles de trabajadores en el sector.
"Hemos acordado manifestaciones el 23 de enero por la tarde para el conjunto del sector financiero y para Bankia, NovaGalicia Banco y Banco de Valencia se han convocado paros parciales el 30 de enero y un huelga el 6 de febrero", dijo José María Martínez, secretario general para el sector financiero de Comisiones Obreras, en rueda de prensa.
El sector financiero español, castigado por el estallido de la crisis inmobiliaria hace cinco años, tuvo que ser rescatado en junio del año pasado con un crédito de sus socios de la eurozona por hasta 100.000 millones de euros.
En diciembre, las autoridades españolas recibieron en torno a 40.000 millones para sanear los balances de las principales entidades afectadas por activos inmobiliarios dañinos a cambio de reducciones de hasta un 60 por ciento en su negocio y fuertes recortes de plantilla.
Bankia, receptor de unos 18.000 millones de euros en ayuda europea - y que tiene previsto reducir 6.000 empleos, que ha logrado bajar hasta 4.900 teniendo en cuenta externalizaciones de plantillas -- tiene hasta el 6 de febrero para cerrar el expediente de regulación de empleo con los sindicatos.
La huelga del 6 de febrero, en un sector en el que las protestas son muy infrecuentes, no tiene en cuenta a la también nacionalizada Catalunya Banc, cuya subasta sigue de momento en proceso, al no haberse iniciado todavía las negociaciones formales con los sindicatos sobre recortes de plantilla.
Los sindicatos convocantes de la huelga, CCOO, FES-UGT, CSICA, CGT y la Confederación de Cuadros, denunciaron el lunes ante la prensa desconocer las supuestas condiciones concretas impuestas por Bruselas en lo referente a los números de despidos.
"No se puede amenazar a los empleados con despidos que contemplen indemnizaciones de hasta 20 días por año trabajado y que se pretenda luego que estas entidades tengan valor (...) se está poniendo en riesgo la viabilidad de las mismas", manifestó Martínez, que consideró que la inyección de dinero público no debería servir para los despidos indiscriminados de los trabajadores.
Desde el estallido de la crisis financiera en 2007, el número de empleados en el sector financiero español se ha reducido desde los 270.000 a los 238.500 empleados a finales de 2012 y los 218.500 trabajadores con que se podría cerrar 2013 si se sigue avanzando en el ritmo de despidos planteados, según datos de CCOO.
Esto supondría volver a unas plantillas a niveles de 1975, según este sindicato.
"Los ciudadanos y los trabajadores no debería tolerar más inyecciones de dinero público cuando no se garantiza el empleo de los trabajadores y además se imponen fuertes pérdidas particulares en inversiones en productos financieros mal gestionados", dijo Martínez en relación a la comercialización entre particulares de instrumentos bancarios complejos como las preferentes y otros instrumentos de deuda subordinada.
reuters
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