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A partir de los acontecimientos que son de público conocimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como titular de uno de los tres poderes del Estado, manifiesta:
Que el combate contra la trata de personas y la protección de las víctimas de género es una decisión institucional muy clara y contundente de esta Corte, implementada a través de una pluralidad de medidas de concientización, y mediante la suscripción de convenios con instituciones y entidades que nos permiten aunar esfuerzos en la lucha contra ese flagelo social.
Que en virtud de ello, y sin perjuicio del respeto que merecen las decisiones de los magistrados tomadas en las causas judiciales, en el marco de la Política de Estado referida se encomienda a todos los jueces del país a seguir realizando los máximos esfuerzos para lograr terminar con ese delito.
