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El Gobierno nacional estaría terminando de definir los detalles de las nuevas reglas para los mercados del gas y la electricidad, que anunciaría en los próximos días.
El objetivo de la Casa Rosada sería recomponer los ingresos de las empresas del sector a cambio de que las compañías concreten inversiones.
Funcionarios de las provincias productoras de hidrocarburos fueron convocados a fines de la semana pasada a una reunión que se iba a realizar en el microcine del Ministerio de Economía, que finalmente se suspendió.
Si bien los gobernadores de provincias petroleras esperan desde hace meses una suba en los precios del gas, en base a los cuales cobran regalías, prevén que se produzcan anuncios en el corto plazo.
Mientras tanto, los equipos técnicos de algunas provincias mantuvieron reuniones en las últimas semanas con integrantes y asesores de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, que lideran Axel Kicillof, secretario de Política Económica; Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior y Daniel Cameron, secretario de Energía. Ese funcionario estaba la semana pasada en Perú, en un seminario de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), y anticipó su retorno para el encuentro, que finalmente no se realizó.
Fuentes que participan de las negociaciones indicaron al diario La Nación que se analizan diferentes alternativas para aumentar el valor del gas en boca de pozo, que es el que reciben las petroleras.
Una de las propuestas es llevar el valor de la producción nueva de gas a una banda de entre 6 y 7 dólares el millón de BTU (la unidad de medida). Ese valor se encuentra muy por encima de los 2,5 dólares promedio que recibe un productor neuquino. Pero sólo recibirían esos precios las empresas que aumenten la producción.
Al mismo tiempo, el equipo de Kicillof estaría ultimando los detalles para implementar un nuevo esquema de pago a las empresas de electricidad, que atraviesan una situación crítica. Para eso, el funcionario y Augusto Costa, su mano derecha en asuntos eléctricos, se reunieron con diferentes representantes del sector.
Entre las ideas en estudio se encuentran la creación de un fideicomiso en el Banco Nación para pagar a las distribuidoras con los fondos que se acumulen allí, una vez que presenten los certificados de obra. Pero todavía no está claro quién se hará cargo de esos adicionales. Para las empresas esa diferencia podría cubrirse a través de subsidios o con un ajuste en el monto a pagar por los usuarios.
Al mismo tiempo, fuentes del sector especulan con que en la misma resolución se contemple una solución para el sector de distribución de gas, que también atraviesa una situación crítica.
nosis
