El Gobierno nacional volverá a reunirse esta semana con autoridades brasileñas para continuar negociando la Política Automotriz Común del Mercosur, que debe definirse en 2013.
Uno de los puntos que genera mayores conflictos es la localización de los procesos productivos. En ese sentido, Brasil anunció la semana pasada su política de estímulo al sector, con la que se promueve la radicación de las inversiones en autopartes.
Pero al mismo tiempo, Brasil mantiene los beneficios para las unidades terminadas que se fabrican en Argentina. Con eso se beneficiarían las terminales pero afectarían a las autopartistas, un sector que el Gobierno nacional busca potenciar para reducir el déficit comercial.
Las reuniones bilaterales se realizarán durante el encuentro internacional de proveedores de Volkswagen, que promocionan Argentina y Brasil. Las negociaciones estarán encabezadas por Débora Giorgi, ministra de Industria, y Heloisa Gimaraes Menezes, secretaria de Desarrollo de la Producción de Brasil, por parte de Brasil. También viajaron hacia Wolfsburgo, Alemania, en donde se encuentra la sede central de la automotriz, ocho autopartistas nacionales.
La Política Automotriz Común del Mercosur se aplicará entre 2014 y 2018. Hasta ahora, la legislación permite que el intercambio se haga con un arancel del cero por ciento para autos con un 60 por ciento de partes regionales.
Fuentes de la cartera de Industria adelantaron que el piso de exigencia de partes y piezas nacionales para acceder al beneficio del arancel cero podría subir en el próximo acuerdo automotriz del Mercosur. Otra alternativa en estudio es sumar como requisito la sustitución de importaciones de productos de alto valor agregado (como el motor o la electrónica), por producción regional.
Pero la política regional tendrá que convivir con el plan de estímulo al sector que anunció Brasil la semana pasada. El gobierno de Dilma Rousseff incrementó el IPI, que es el impuesto sobre productos industriales, del 10 al 40 por ciento, pero mantuvo el tributo en el 10 por ciento para las terminales radicadas en ese país, para los autos fabricados en Argentina, Uruguay y México. Con eso castiga a las importaciones de extrazona, e impulsa las ventas de los productos argentinos.
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