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Las declaraciones juradas de los ciudadanos se convertieron en botín al que tienen acceso irrestricto los políticos en el poder, y es una irregularidad con riesgos institucionales.
por PEPE ELIASCHEV
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Noticias Argentinas). El Administrador Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Daniel Echegaray, puso las cosas en claro: al blanquear que en la Argentina ha desaparecido ya el concepto de secreto fiscal, reveló que en este país ya no rige más la mítica y muy valiosa confidencialidad fiscal.
Las declaraciones juradas de los ciudadanos se han convertido, de esta manera, en botín al que tienen acceso irrestricto los políticos actualmente en el poder. Ingresos, propiedades, transferencias y modificaciones patrimoniales son, desde hace ya varios meses, munición oficial de la que la presidente Cristina Fernández se vale como parte de su variopinto e inagotable arsenal retórico.
Se la usa contra quienes levantan la voz, alzan la cabeza o, simplemente, balbucean algo que disgusta en Palacio. Sucede que Echegaray se habló encima cuando el director de cine Eliseo Subiela declaró a los medios que el Gobierno le impedía comprar dólares para un viaje profesional a Perú. La certeza de que Echegaray perpetró una seria irregularidad es muy plausible. Habría violado de manera descarada sus deberes como funcionario público.
El artículo 101 de la ley Nº 11.683 promulgado en julio de 1998 establece que "las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los responsables o terceros presentan a la Administración Federal de Ingresos Públicos, y los juicios de demanda contenciosa en cuanto consignen aquellas informaciones, son secretos. Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la AFIP, están obligados a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones sin poder comunicarlo a persona alguna, ni aun a solicitud del interesado, salvo a sus superiores jerárquicos".
Además, la norma, que el abogado Echegaray no puede ignorar pero se vanagloria de violar, estipula que "las informaciones expresadas no serán admitidas como pruebas en causas judiciales, debiendo los jueces rechazarlas de oficio, salvo en las cuestiones de familia, o en los procesos criminales por delitos comunes cuando aquéllas se hallen directamente relacionadas con los hechos que se investiguen, o cuando lo solicite el interesado en los juicios en que sea parte contraria el Fisco Nacional, provincial o municipal y en cuanto la información no revele datos referentes a terceros".
Advierte que "los terceros que divulguen o reproduzcan dichas informaciones incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal, para quienes divulgaren actuaciones o procedimientos que por la ley deben quedar secretos".
Echegaray se mostró desaforado, acentuando sus modales castrenses ya proverbiales. Nacido en el barrio militar de Punta Alta, al lado de la Base Naval de Puerto Belgrano, ventiló la posición fiscal de Subiela a través de la TV, un formidable desatino. El mandamás de la AFIP es hijo de un suboficial de la Armada y se formó en el Liceo Naval Almirante Brown de la Base Naval de Río Santiago, de la que egresó como Guardiamarina. Luego fue destinado por la Armada al hoy cerrado Liceo Naval Capitán de Fragata Carlos M. Moyano, de Río Gallegos.
Todo deriva de que Subiela declaró que acababa de llegar de Perú pero no había podido comprar moneda extranjera (ni dólares, ni soles de ese país). Fue a presentar una película suya, auspiciada por Cancillería: "Vengo del festival de Lima, en un viaje auspiciado por la Cancillería argentina y la AFIP no me dejó comprar ni un dólar ni un sol. Y, obviamente, vas con los pesos y no te los aceptan".
Al enterarse de estas declaraciones, Echegaray no trepidó. Ordenó que el canal C5N le enviara una cámara y ante ella desgranó los datos privados de la posición fiscal de Subiela, incluyendo el monto de sus ingresos y sus consumos. También reveló detalles de las operaciones privadas de ese ciudadano, un trámite supuestamente privadísimo que de ninguna manera puede ser usado por un funcionario político para derramarlo por los medios.
Enseguida, Echegaray pasó de la violación del secreto a la amenaza abierta: "Subiela será sometido a una fiscalización, porque no declaró su actividad de cineasta, o de productor de cine. Si declara esto y al tiempo es cineasta, no es algo transparente. Tendrá que presentarse en la DGI para aclarar su situación. Su contador tendrá que trabajar mucho para rectificar su situación".
Echegaray se enroló como militante del neoliberalismo en Mar del Plata, tras su paso por la Marina de Guerra Luego, ya en Santa Cruz, se vinculó con Rudy Ulloa Igor. Las funciones aduaneras que ya había asumido en el sur le fueron dando calce en el círculo íntimo de la "pingüinera"santacruceña, lo cual le valió participar de una fundación llamada "Ayudemos a Mamá", donde fungió como presidente, en un elenco en el que se destacaban Alicia Kirchner, Carlos Zannini y Ulloa.
La llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada en 2003 implicó que el ascenso del guardiamarina fuera indetenible: Aduana, ONCCA y finalmente el bocado de cardenal, la jefatura de la temible AFIP. Es ostensible que una norma legal tan seria y explícita como la preservación del secreto fiscal ha sido descaradamente violada nada menos que por el propio jefe de la AFIP. Es un episodio de trascendencia mayúscula, pero ya lo había hecho antes la Presidente, cuando anunció, con deliberado candor, haberle pedido a Echegaray los detalles fiscales de un operador inmobiliario que había declarado a los diarios que la actividad de bienes raíces estaba muy deprimida.
Sin hesitar, la Presidente lo zamarreó al atrevido, denunciándolo en público por no presentar declaraciones juradas de ingresos hace algunos años. La Presidente usó la cadena nacional de radio y TV para confesar que había mandado investigar los antecedentes financieros y patrimoniales del empresario inmobiliario Jorge Toselli, por haber declarado ante un periodista de ‘Clarín’ que percibía una desaceleración de la economía.
El 10 de julio, la Presidente admitió: "Yo quise averiguar por esta pobre (sic) gente y llamé a Ricardo Etchegaray a la AFIP y este señor (Jorge Toselli) no presentaba declaraciones juradas desde el año 2007". Enseguida se condolió de sí misma: "A veces uno se siente un poco idiota cuando paga los impuestos y a los miembros de la clase política se los señala con el dedito. Hay una decisión generalizada de apuntar a la clase política para desacreditarla".
Echegaray aumentó su patrimonio un 38 por ciento en 2011, según revela su declaración jurada. Admite tener bienes por $ 4 millones, tras comprar un departamento en Punta del Este, un terreno en el barrio Nordelta, un auto y dos jet skis Yamaha ($ 68.000 cada uno). Según le dijo a la Oficina Anticorrupción, sus ingresos mensuales son de 100.000 pesos y solo admite haber atesorado 56.465 dólares.
Al igual que los principales cuadros de la nomenclatura oficial, y siguiendo el probado modelo de contundente éxito financiero personal que ya acreditó toda la familia Kirchner, Echegaray es un hombre que exuda una destacable prosperidad patrimonial. Sin embargo, los episodios Toselli y Subiela proclaman algo mucho más trascendente que el espectacular enriquecimiento de los principales protagonistas del "modelo" nacional y popular.
Se advierte ya sin ambigüedades que la Presidente ejerce el poder como propiedad indelegable. Se valdrá de todas sus prerrogativas para poner en caja a quienes osen desafiarla. Levantó, sin embargo, la tapa de una caja maldita, de la que saltarán, más temprano que tarde, dardos envenenados contra ella misma. Humillar de manera tan ostensible una norma clave del estado de derecho, y convertir a la explosiva herramienta fiscal en bala de platino para disciplinar, acobardar, silenciar y aleccionar a quienes se quejen ó se lamenten, sugiere que una decisión profunda ha calado en el gobierno de Cristina Fernández.
