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Por José Calero.
Las turbulencias provinciales ante el ajuste lanzado por distintos gobernadores obligará a la presidenta Cristina Fernández a auxiliarlas si aspira a garantizar que el 2013, año de elecciones cruciales para una eventual reforma constitucional, se transite con mayor tranquilidad.
La actitud de rebelión mostrada por el gobernador cordobés José Manuel De la Sota -quien mantuvo un sugestivo encuentro con Mauricio Macri-, asolado por urgencias en las cuentas públicas, sumada a los problemas que atraviesa Antonio Bonfatti en Santa Fe, son dos ejemplos de última hora.
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dijo que es "inminente" un fallo del alto tribunal por el reclamo de fondos coparticipables de la provincia de Santa Fe al Gobierno nacional, cuya demanda se inició hace ocho años. Pero no son más que la continuidad de las dificultades que padeció Daniel Scioli en julio, al no poder pagar el aguinaldo y tener que ser auxiliado por la Casa Rosada. La situación en las principales provincias del país es complicada por la caída de la recaudación originada en un enfriamiento del consumo. Esto obligó a paralizar obras públicas que derivaron en problemas en la cadena de pagos de sectores como la construcción y sus proveedores.
Suspensiones de operarios como las de la planta de Iveco en Córdoba o el cierre del frigorífico Swift en Venado Tuerto, están vinculados con un reacomodamiento global de un empresariado cauteloso, que parece decidido a aguardar el desarrollo del segundo semestre para adoptar decisiones de fondo. El descalabro en el mercado inmobiliario provocado por el cepo cambiario ya originó una caída del 46 por ciento en las escrituras en julio con respecto al mismo período del 2011, según el último relevamiento del Colegio de Escribanos bonaerense. Los municipios atraviesan problemas similares a los de las provincias, y por ello tanto esos distritos como las comunas están más que interesados en apretar el torniquete de una presión impositiva de por sí muy elevada.
El aumento en el inmobiliario rural y en ingresos brutos en las provincias, y el alza de tasas municipales que ya provocaron una reacción de productores agropecuarios y comerciantes -la CAME advirtió sobre una posible rebelió fiscal-, reflejan los problemas de un Estado cada vez más presente en la economía, que también debe lidiar con la inflación, como le ocurre a los ciudadanos de a pie. En este tema se prendió el ahora opositor líder de la CGT, Hugo Moyano, quien subió la apuesta y dijo que la inflación ya es del 48 por ciento anual y que por ello la probable suba del 25 por ciento en el mínimo no imponible para el pago de Ganancias por parte de los asalariados, ya no alcanza. Los Estados Nacional, Provincial y Municipal ya se convirtieron en uno de los principales empleadores de la Argentina, superando largamente el millón de personas.
Si se suman los planes sociales y subsidios a servicios públicos, más las regulaciones, la presencia estatal en la mayoría de los sectores de la economía debe ubicarse en uno de los niveles más altos de la historia moderna argentina. Esto representa un desafío enorme para los gobiernos, y obligará a la Presidenta a mantener un delicado equilibrio en la relación Nación-Provincias. El Estado Nacional es el que puede autorizar a las provincias que suscribieron el Pacto Fiscal a endeudarse, como ocurrió con Buenos Aires cuando lo requirió Scioli, y como lo viene declamando Mauricio Macri, sin suerte. A esto se suma que la máquina de hacer billetes es potestad de la Nación, y también la discrecionalidad para decidir a qué gobiernos se auxilia y a cuáles no.
Los mandatarios provinciales se empiezan a convencer de que la recepción de ayuda puede llegar a depender de un factor político que suena cada vez con más fuerza: el apoyo a una reforma constitucional que habilite la reelección de Cristina Fernández. Daniel Scioli, quien viene padeciendo el acoso del cristi-kirchnerismo casi desde el 2003, lo sabe mejor que nadie, y tal vez por ello en las últimas horas dijo desde Chile que si hay una reforma, apoyará un nuevo mandato de Cristina.
Buenos Aires, NA.
Las turbulencias provinciales ante el ajuste lanzado por distintos gobernadores obligará a la presidenta Cristina Fernández a auxiliarlas si aspira a garantizar que el 2013, año de elecciones cruciales para una eventual reforma constitucional, se transite con mayor tranquilidad.
La actitud de rebelión mostrada por el gobernador cordobés José Manuel De la Sota -quien mantuvo un sugestivo encuentro con Mauricio Macri-, asolado por urgencias en las cuentas públicas, sumada a los problemas que atraviesa Antonio Bonfatti en Santa Fe, son dos ejemplos de última hora.
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dijo que es "inminente" un fallo del alto tribunal por el reclamo de fondos coparticipables de la provincia de Santa Fe al Gobierno nacional, cuya demanda se inició hace ocho años. Pero no son más que la continuidad de las dificultades que padeció Daniel Scioli en julio, al no poder pagar el aguinaldo y tener que ser auxiliado por la Casa Rosada. La situación en las principales provincias del país es complicada por la caída de la recaudación originada en un enfriamiento del consumo. Esto obligó a paralizar obras públicas que derivaron en problemas en la cadena de pagos de sectores como la construcción y sus proveedores.
Suspensiones de operarios como las de la planta de Iveco en Córdoba o el cierre del frigorífico Swift en Venado Tuerto, están vinculados con un reacomodamiento global de un empresariado cauteloso, que parece decidido a aguardar el desarrollo del segundo semestre para adoptar decisiones de fondo. El descalabro en el mercado inmobiliario provocado por el cepo cambiario ya originó una caída del 46 por ciento en las escrituras en julio con respecto al mismo período del 2011, según el último relevamiento del Colegio de Escribanos bonaerense. Los municipios atraviesan problemas similares a los de las provincias, y por ello tanto esos distritos como las comunas están más que interesados en apretar el torniquete de una presión impositiva de por sí muy elevada.
El aumento en el inmobiliario rural y en ingresos brutos en las provincias, y el alza de tasas municipales que ya provocaron una reacción de productores agropecuarios y comerciantes -la CAME advirtió sobre una posible rebelió fiscal-, reflejan los problemas de un Estado cada vez más presente en la economía, que también debe lidiar con la inflación, como le ocurre a los ciudadanos de a pie. En este tema se prendió el ahora opositor líder de la CGT, Hugo Moyano, quien subió la apuesta y dijo que la inflación ya es del 48 por ciento anual y que por ello la probable suba del 25 por ciento en el mínimo no imponible para el pago de Ganancias por parte de los asalariados, ya no alcanza. Los Estados Nacional, Provincial y Municipal ya se convirtieron en uno de los principales empleadores de la Argentina, superando largamente el millón de personas.
Si se suman los planes sociales y subsidios a servicios públicos, más las regulaciones, la presencia estatal en la mayoría de los sectores de la economía debe ubicarse en uno de los niveles más altos de la historia moderna argentina. Esto representa un desafío enorme para los gobiernos, y obligará a la Presidenta a mantener un delicado equilibrio en la relación Nación-Provincias. El Estado Nacional es el que puede autorizar a las provincias que suscribieron el Pacto Fiscal a endeudarse, como ocurrió con Buenos Aires cuando lo requirió Scioli, y como lo viene declamando Mauricio Macri, sin suerte. A esto se suma que la máquina de hacer billetes es potestad de la Nación, y también la discrecionalidad para decidir a qué gobiernos se auxilia y a cuáles no.
Los mandatarios provinciales se empiezan a convencer de que la recepción de ayuda puede llegar a depender de un factor político que suena cada vez con más fuerza: el apoyo a una reforma constitucional que habilite la reelección de Cristina Fernández. Daniel Scioli, quien viene padeciendo el acoso del cristi-kirchnerismo casi desde el 2003, lo sabe mejor que nadie, y tal vez por ello en las últimas horas dijo desde Chile que si hay una reforma, apoyará un nuevo mandato de Cristina.
Buenos Aires, NA.
