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La importación de bienes de capital que no se produzcan en el país empezará a pagar desde julio un arancel del 2 por ciento, mientras que los que sí se fabriquen pagarán una tasa del 14 por ciento.
El Gobierno decidió además, prorrogar hasta el 31 de diciembre la vigencia del bono fiscal con el que se compensa a los fabricantes locales. Para mantener ese beneficio, las empresas tendrán que comprometerse a no despedir empleados y a hacer inversiones que les permitan aumentar su nivel de producción y cubrir la demanda interna.
Así lo definió hoy el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta que la importación de este tipo de bienes hasta ahora no pagaba arancel.
"Dadas las circunstancias no de Argentina sino del mundo, se hace imperioso elevar el arancel de importación para los bienes de capital que se fabrican en el país. Esto es importante porque estamos sosteniendo el equilibrio fiscal, al mismo tiempo que mantenemos la medida contracíclica de ayuda a la industria nacional", sostuvo la presidenta Cristina Fernández en un mensaje por cadena nacional, desde el Salón de Mujeres Argentinas de Casa Rosada.
La medida beneficia con una mayor recaudación fiscal, especialmente a las provincias de Santa Fe (517 millones de pesos), Buenos Aires (439 millones de pesos), y Córdoba (290 millones), donde se desarrolla la mayor parte de la industria metalmecánica.
La mandataria explicó que se protegerá a los empresarios locales pero que no se trata de una medida "para garantizar un precio que encarezca los eslabones de las distintas cadenas productivas del país".
Cristina Fernández de Kirchner aseguró además que se controlará con fuerza que se invierta, que se mantengan los puestos de trabajo "y fundamentalmente vamos a exigir precio, y el empresario que no cumpla perderá el beneficio".
nosis
