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La presidente Cristina Fernández de Kirchner reunió en su despacho de la Casa Rosada a la comisión que elaborará un anteproyecto para reformar el Código Penal, compuesta por cinco miembros, tres de ellos referentes de fuerzas políticas opositoras.
La primera mandataria firmó un decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial, para impulsar los cambios, con el objetivo devolver "coherencia" al conjunto de normas penales y "proporcionalidad a las escalas" de penas para distintos delitos. Otras dos cuestiones que menciona la norma son la integración de las definiciones que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos y la "armonización" de la legislación local con la del resto de los países de la región.
La propuesta para esta renovación fue alentada por el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, quien integrará un equipo con el ex camarista León Arslanian, los diputados Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Federico Pinedo (PRO) y la ex diputada María Elena Barbagelata (en representación del Frente Amplio Progresista).
Esta comisión ya tuvo una reunión inicial con el ministro de Justicia, Julio Alak, a la que siguió el encuentro con la Presidenta, al que asistieron también el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y el secretario de Justicia, Julián Alvarez, en la que Cristina Kirchner planteó sus expectativas de que un nuevo Código Penal sirva a toda la sociedad para la convivencia, para dar confianza y también habló de la protección frente al delito.
Un concepto central que transmitió es que se ofrezcan garantías tanto para quien es enjuiciado como para las víctimas, insistiendo en la necesidad del juicio por jurados.
Los expertos expresaron dos sugerencias: avanzar con la creación de un régimen penal juvenil (para los menores) y cambiar la lógica del sistema imperante de juicios largos y centralizados en la figura del juez.
La voluntad es lograr una reforma que integre las leyes especiales que ahora se encuentran dispersas, equilibre las penas, incorpore delitos previstos en legislación internacional (como la desaparición forzada y el genocidio) y establezca un sistema de penas mínimas y nuevos topes, entre muchos otros aspectos.
Se acordó además con la Presidenta que se excluirá del anteproyecto cualquier referencia a la despenalización del aborto, ya que ese punto fue el que trabó el último intento de reforma seis años atrás.
Si bien el decreto que conformó la comisión asesora explicita que su trabajo deberá estar concluido en 180 días corridos, Barbagelata advirtió que tardarán al menos un año.
nosis
