El Tribunal de Cuentas exige al Gobierno que se adopten las medidas necesarias para el más riguroso cumplimiento de los plazos establecidos para la certificación o recepción de los contratos y su pago, teniendo en cuenta que a partir de 2013 la Administración sólo tendrá 30 días para pagar a los proveedores, tal y como fija la Ley de Morosidad aprobada en julio de 2010. Esta es una de las principales recomendaciones de su Informe de Fiscalización de la contratación celebrada durante los ejercicio 2006 y 2007 por el sector público estatal, al que ha tenido acceso Europa Press, y que denuncia defectos, omisiones e irregularidades derivados de prácticas o deficiencias reiteradas desde ejercicios anteriores y que no han sido corregidos