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Informe de gestión Consejo de la Magistratura 2016-2022

 

Estimados amigos,

En 2016 juré como consejero de la Magistratura con el desafío de llevar a la práctica ideas y valores que he venido defendiendo a lo largo de toda mi vida.  El objetivo inmediato era sacar al organismo de la parálisis que había experimentado durante el último gobierno de Cristina Kirchner y ponerlo a trabajar.  A largo plazo, el propósito era lograr que el Consejo fuera un ámbito dinámico, despolitizado, balanceado e independiente, orientado a mejorar el funcionamiento del Poder Judicial y devolverle la independencia y el prestigio que alguna vez supo tener.

La tarea no fue sencilla.  Al integrarme al Consejo me encontré con cientos de concursos estancados.  Casi un tercio de los cargos judiciales vacantes.  Un caos en materia de subrogancias.  Un cúmulo de denuncias contra jueces federales absolutamente indignos - el caso de Oyarbide el más paradigmático-  que no registraban el menor avance.  Y todo ello, aderezado por un grupo de consejeros kirchneristas que no estaban dispuestos a permitir cambios ni abrirse al diálogo.

El camino emprendido fue el de buscar consensos con los representantes de la abogacía, de los jueces y de la academia que compartieran nuestra visión.  Así, la primera señal de cambio la dimos con la puesta en marcha de una auditoría sobre la labor de 294 magistrados federales en más de 10.000 causas de corrupción en la administración pública, tramitadas entre 1996 y 2016.

Esta señal política de que empezaba una nueva era de transparencia, unida a las investigaciones impulsadas en la Comisión de Disciplina y Acusación, dio sus frutos. Un grupo de magistrados severamente cuestionados y sometidos a investigaciones, optaron por un retiro apresurado.  Se produjo así el alejamiento de los jueces Norberto Oyarbide, Jorge Ballestero, Carlos Rozanski, Néstor Montezanti, Oscar Hergott, Jorge Ferro, Carlos Reynoso, José A. Charlin, y Rodolfo Canicoba Corral, entre otros.  

Asimismo, la voluntad decidida de investigar la conducta de jueces acusados de corrupción nos llevó a investigar, acusar y lograr la destitución del camarista federal Eduardo Freiler. Lideré el proceso que concluyó con una sentencia ejemplar del Jurado de Enjuiciamiento, que tuvo la virtud de fijar los estándares para futuras causas en las que los jueces no puedan justificar su patrimonio.

Por otro lado, mi aporte en la Comisión de Selección, junto al sostenido esfuerzo de las autoridades del Consejo, también sirvió para conseguir ese objetivo de sacar al Consejo del letargo.  Así, al cabo de los primeros tres años logramos tramitar y aprobar más de 300 ternas, mientras que en los cuatro años previos el Consejo solo había remitido 45 al Poder Ejecutivo.

Más adelante, a partir del año 2020, el cambio de gobierno y la pandemia pusieron un freno al ritmo de trabajo que habíamos puesto en marcha.  Desde el Poder Ejecutivo se llevó al país a una cuarentena autoritaria y se intentó someter al Poder Judicial a una serie de reformas absurdas, inviables, que ni siquiera contaban con el apoyo de los miembros de la coalición gobernante.

Aun así, creemos que la dinámica que pudimos aportar al organismo, junto con los cambios reglamentarios y tecnológicos introducidos en los procesos de selección y acusación, permitieron evitar que se volviera a la parálisis absoluta anterior a 2016.  

Redoblamos los esfuerzos para buscar consensos, lo que permitió que el ritmo de concursos fuera razonable, que el Poder Judicial pudiera funcionar durante la pandemia y que -a pesar de ciertos obstáculos- se mantuvieran vigentes las investigaciones contra jueces acusados por mal desempeño o corrupción, como los casos de Federico Villena y Walter Bento. 

Hoy nos toca terminar nuestra gestión con la satisfacción de haber logrado un cambio de tendencia palpable y sustancial.  El Consejo volvió a ponerse en marcha, volvió a aprobar ternas y a demostrar que, con ética de trabajo, los jueces corruptos pueden ser investigados, juzgados y destituidos.

Queda mucho por hacer.  El Poder Judicial todavía está lejos de poder brindar el servicio que merecemos los argentinos.  Confiamos en que quienes nos sucedan puedan encontrar en nuestro aporte las bases para resolver los problemas pendientes, y así podamos restaurar de una vez la fe popular en la Justicia.

Lamentablemente el Consejo se encuentra hoy en una situación innecesariamente compleja, provocada por la decisión de la vicepresidente de la Nación y de bloque oficialista del Senado de no acatar la ley ni el fallo de la Corte Suprema sobre la composición del organismo.  Es una burla a la Corte Suprema, a la ley y a todos los argentinos.  Vamos a seguir peleando por el respeto a las minorías y su representación tal cual indican las normas.

Quiero agradecer a mi equipo de trabajo y a todos los que me acompañaron en mi gestión en el Consejo de la Magistratura.  Su aporte y compromiso hicieron posible lo descripto anteriormente: el paso del letargo a la actividad en el organismo.  Quiero agradecer también al personal del Consejo, de las comisiones y a mis colegas consejeros por estos años de trabajo conjunto.

Expongo a continuación una síntesis de gestión de estos últimos siete años y los invito a conocer más sobre mi trabajo y el de mi equipo ingresando a mis redes sociales y a mi sitio en internet, canales a través de los cuales nos podemos comunicar en forma cotidiana.

Cordialmente.
Comisión de Disciplina y Acusación
Su competencia es proponer al plenario del Consejo sanciones disciplinarias a los magistrados y la acusación de éstos a los efectos de su remoción por mal desempeño.

Cuando ingresé como miembro de la comisión en 2016 quedaron a mi cargo los expedientes de una vocalía anterior que tenía retrasos significativos y superaban ampliamente, en su tramitación, la media de las denuncias asignadas a otros consejeros.  En pocos meses logramos, junto a mis colaboradores, revertir esa situación y evitar dilaciones innecesarias en el tratamiento de los expedientes.

Tuve el honor de presidir la Comisión de Disciplina y Acusación en 2017 y en 2018.  También estuve a cargo de la presidencia de la comisión durante la segunda mitad de 2019 y a partir de mediados de 2022, hasta el fin de mi mandato el 18 de noviembre pasado.
 
Asumí con mucho entusiasmo el desafío. Y tras un importante esfuerzo investigativo y a la generación de consensos entre los diferentes estamentos que conforman el Consejo logramos revertir el estancamiento en el cual se encontraban las denuncias ingresadas.

Logramos también el tratamiento récord de expedientes para evitar su vencimiento, desterrando así una práctica común en gestiones anteriores que obstaculizaba las investigaciones e incumplía con la obligación del cuerpo de ejercer las facultades disciplinarias sobre los magistrados que le corresponde.

Desde la presidencia de la comisión, durante 2017, se proyectaron 118 dictámenes, y durante 2018, 106 dictámenes.  Durante el período de 2019 que presidí la comisión, se proyectaron 40 dictámenes. Durante 2017 convoqué 16 reuniones.  En 2018 fueron 13 las reuniones.  Y durante el segundo semestre de 2019, realizamos 5 reuniones.  Estos números implican el doble de los logrados por otras gestiones.

Lamentablemente, dicho impulso se vio afectado tras el cambio de gobierno.  En 2020 continuamos trabajando para agilizar procesos disciplinarios de jueces sospechados de mal desempeño y corrupción.  En todos y cada uno de los casos nos encontramos con la falta de apoyo de la mayoría oficialista y sus aliados, rechazando las medidas de prueba solicitadas, desestimando denuncias y dilatando los procesos con postergaciones innecesarias, falta de convocatoria a las reuniones de comisión y plenario, entre otras maniobras.

Por otra parte, con el convencimiento de que el Poder Judicial de la Nación debe estar integrado por magistrados con una conducta inobjetable, durante mi paso por el Consejo de la Magistratura, presenté 7 proyectos de notificación de magistrados en los términos del artículo 20 del reglamento, que constituye el primer paso para avanzar con una acusación, y 2 dictámenes acusatorios: el referido al juez Freiler y al juez Bento.  En el primer caso, representé al Consejo de la Magistratura de la Nación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, en un jury que culminó con la destitución del magistrado enjuiciado.

Todo el camino recorrido en esta materia tuvo un objetivo: que el sistema de justicia se desempeñe con mejores estándares de eficiencia, honestidad y transparencia. 

¿Queremos jueces apegados a la ley y a la Constitución Nacional, que apliquen razonablemente las leyes, o queremos jueces que resuelvan arbitrariamente y que en caso de que lo hagan no reciban reproche alguno de parte del Consejo de la Magistratura como lamentablemente ocurre con muchos magistrados?  ¿Queremos jueces corruptos o jueces honestos?

Avanzar en los expedientes tiene que ver con el tipo de jueces que deseo para que integren el Poder Judicial argentino, jueces que brinden confianza a todos los habitantes del país en el sentido de que van a resolver de manera adecuada y justa.
 
Ver mi intervención en la Comisión de Acusación
Comisión de Selección de Magistrados
Desde mi ingreso al Consejo integré ininterrumpidamente la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial con el objeto de ayudar a resolver la demora en los concursos y la cantidad de vacantes tanto en la Justicia Federal como en la Nacional.

Hemos trabajado en medio de importantes cambios normativos, en medio de una pandemia y con diferentes integraciones y gobiernos, lo cual acrecentó el desafío.  Al respecto, me atrevo a decir que el Consejo ha funcionado por encima de la media histórica en estos años y para ello permítanme desarrollar algunos números.

En los 25 años de historia del Consejo se han tramitado 1177 concursos.  De ese total se han nombrado 931 cargos judiciales de acuerdo con el procedimiento del artículo 114 de la Constitución Nacional sobre un total de 977 tribunales habilitados.

Solo desde 2016 (pandemia de por medio) se han remitido 368 ternas y se han formulado 306 nuevas designaciones.  A su vez, a la fecha existen 58 cargos pendientes de designación, es decir ternas elevadas por el Consejo, pero trabadas en el Poder Ejecutivo y en el Senado.

En el seno del Consejo, se encuentran actualmente en trámite 155 concursos y 11 en procesos de llamado a concurso.

A pesar del esfuerzo, si bien se redujo el número de vacantes, no podemos negar que el problema subsiste y las quejas se mantienen ya que se trata, también, de un problema estructural.  En ese sentido permítanme hacer una interpretación del problema.

Además de la pandemia, que paralizó la comisión durante meses, en estos años hubo diversas decisiones tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial que cambiaron la dinámica que se venía desarrollando entre nombramientos y vacantes.  A modo de ejemplo, solo mencionaré las más relevantes.

En primer lugar, el fallo “Schiffrin” en marzo de 2017.  Allí la Corte resolvió modificar la doctrina del fallo Fayt y dispuso que los jueces cesen a los 75 años de edad, haciéndoles oponible la cláusula constitucional del artículo 99, inciso 4°, de la Constitución Nacional, originando así más de 25 ceses por edad en un plazo inmediato.

En segundo lugar, la modificación de los regímenes previsionales de magistrados y funcionarios del Poder Judicial que se materializó en el Congreso en 2020.  Como era de prever, esa reforma hizo que muchos magistrados se acogieran al régimen jubilatorio hasta entonces vigente, el que les resultaba más beneficioso, resultando en un nuevo incremento en el número de vacantes.

En tercer lugar, la acertada resolución de la Corte en el fallo “Colegio de Abogados” que modificó la integración del Consejo y reestableció el equilibrio entre los distintos estamentos demandó un año de adaptación para integrar el consejo a su nueva estructura.  Dicha situación ralentizó el ritmo de trabajo.

La herramienta fundamental, a mi juicio, para evitar la demora en las designaciones de magistrados es la de los concursos anticipados que están previstos en la ley orgánica del Consejo.  La aplicación de esa herramienta permitiría cubrir las vacantes de manera inmediata, sin demoras.  Y los concursos tramitarían sin los habituales intentos de influir en su resultado por parte de innumerables interesados, porque no se sabría para qué cargo concreto están destinados.  He propuesto reiteradamente la utilización de este procedimiento, con el necesario aporte reglamentario.  En ese sentido, celebro la decisión del actual presidente el Consejo, el Dr. Horacio Rossati, de impulsar los concursos anticipados, una herramienta que existe normativamente y por la que he bregado mediante reiteradas presentaciones dirigidas al plenario del cuerpo.

La segunda innovación que he propuesto para mejorar la transparencia de los concursos es la puntuación de las entrevistas personales con las que concluye el proceso de selección.  La absoluta discrecionalidad con que hoy pueden calificarse esas entrevistas permite, en algunos casos, que se cometan injusticias muy notorias.

Para concluir, confío en que, despejado el panorama normativo, con esta nueva herramienta y la buena predisposición de la nueva integración del Consejo en la búsqueda de consensos, como así también del Poder Ejecutivo y del Senado, en poco tiempo más el problema de las vacantes será un mal recuerdo.
 
Comisión de Administración
La comisión de Administración y Financiera tiene como competencia fiscalizar la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial, realizar auditorías y efectuar el control de legalidad, informando periódicamente al plenario del Consejo e intervenir en los procesos licitatorios, obras de cuantía y modernización del PJN.
 
Integré esta comisión en tres períodos, básicamente durante la pandemia.  En ese lapso, el Consejo y la comisión en particular, se avocaron a la modernización digital del Poder Judicial de la Nación a fin de adaptar las audiencias, reuniones y procedimientos a la modalidad telemática de trabajo producto de las restricciones que nos impuso el COVID.

Los avances fueron fruto de un gran esfuerzo encarados por el equipo de Tecnología y todas las áreas de administración. Las nuevas herramientas le permitieron al PJN seguir funcionando en tan delicada situación e hicieron posible el trabajo adaptado a la nueva realidad con resultados positivos.
 
Dicha modernización ha generado al día de hoy un cambio de paradigma en el trabajo de los Tribunales que, a todas luces, ha mejorado el servicio de justicia, tanto para los funcionarios y empleados, como para los abogados y los justiciables.
 
Asimismo, fue en el ámbito de esta comisión donde se celebró un acuerdo histórico entre el gobierno de Mauricio Macri y la Asociación de Magistrados para implementar el pago del Impuesto a las Ganancias para jueces y funcionarios. Dicho acuerdo fue ratificado por el Consejo de la Magistratura en reunión plenaria. Estamos cerca de que el 40% de los jueces estén alcanzados por el impuesto y en pocos años más la totalidad de ellos, zanjando así una discusión de más de 80 años.

Labor Legislativa Relacionada al Consejo

Proyecto de ley para modificar el Consejo de la Magistratura.

Presenté este proyecto en 2018 para despolitizar el Consejo de la Magistratura, despejar la inseguridad jurídica en torno a su funcionamiento y para que sea un órgano independiente, eficiente y ágil.  En su oportunidad, fue consensuado con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia.  Al no prosperar, lo he vuelto a presentar en 2021 confiando en un pronto debate en el Congreso. 

Dicho proyecto propone establecer un número de catorce (14) miembros para restablecer el equilibrio entre los estamentos políticos (poderes Ejecutivo y Legislativo) y técnicos (abogados, jueces y académicos).

La composición subsana la inconstitucionalidad que generó la ley 26.080, mantenida en la reforma de la ley 26.588, que suprimió la representación de la Corte Suprema en el estamento de los jueces. El artículo 114 es claro cuando dice que en el Consejo de la Magistratura debe haber representantes «de los jueces de todas las instancias», por ello en nuestro proyecto se prevé la presencia de un representante de la Corte Suprema.

Se propone también, incorporar un novedoso sistema, admisible constitucionalmente, por el cual cada estamento elija como su representante a una persona que no forme parte del mismo. Es decir, que el representante electo por el estamento desempeñe exclusiva y específicamente esa función pública, sin acumularla con otra.

La composición propuesta de 14 miembros quedaría establecida de la siguiente forma: un representante de la Corte Suprema, tres representantes de los jueces del Poder Judicial de la Nación, cuatro representantes del Congreso de la Nación, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo y un representante del ámbito académico y científico.

Por otro lado, el proyecto establece que para ser miembro del Consejo de la Magistratura se requieran las mismas condiciones exigidas para ser juez de primera instancia de la Nación dado que nos parece necesario y coherente, que quienes integran un órgano que tiene a su cargo la selección de jueces, como mínimo, tengan calidades similares a la de los postulantes que van a evaluar y posteriormente elegir para una terna.

Sobre el funcionamiento de las comisiones, el proyecto propone que las reuniones de comisión sean públicas y que no podrán tener una frecuencia menor de una vez a la semana.

Por último, se introduce en forma explícita la atribución del plenario de decidir la suspensión de jueces titulares, subrogantes y jubilados convocados de acuerdo con el artículo 16 de la ley 24.018, previo dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación. Y decidir la apertura del procedimiento de remoción de los mismos magistrados, previo dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación, formular la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento y ordenar, en su caso, la suspensión del magistrado. En ambos supuestos se requerirá una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.

El Congreso de la Nación se encuentra en deuda con la Constitución y con la sociedad. Tal como lo ha dicho la Corte Suprema en su fallo declarando la inconstitucionalidad de la composición del Consejo. Si el oficialismo hubiera actuado con seriedad y debatido alguno de los tantos proyectos presentados en esta materia, nos hubiéramos ahorrado prácticamente un año de trastornos en el funcionamiento del Consejo y los conflictos sobre su conformación que subsisten al día de hoy.

Ver proyecto completo

Para que todos los jueces paguen el impuesto a las ganancias.

En 2016 presenté un proyecto en la Cámara de Diputados para que los jueces paguen el impuesto a las ganancias.  Dicho proyecto fue aprobado en el Congreso, pero su aplicación plena se demoró por diversas causas judiciales promovidas por los magistrados afectados.  Finalmente, la Corte Suprema de Justicia se pronunció al respecto y revocó, por unanimidad, la medida cautelar que había exceptuado del pago del impuesto a un grupo de magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

La decisión de la Corte Suprema, en sintonía con la ley aprobada en el Congreso Nacional, aportó una solución respetuosa de la Constitución Nacional a la debatida cuestión sobre el pago del impuesto a las ganancias por parte de los jueces.

Esta sentencia contempla la necesidad de fomentar y respetar el principio constitucional de igualdad en las cargas públicas, haciendo especial énfasis en la justicia y equidad tributaria. Su aplicación hará posible que en unos pocos años todos los magistrados paguen el impuesto a las ganancias, como los demás habitantes de nuestro país.

Pero hay un límite claramente ignorado por el actual oficialismo, el artículo 110 de la Constitución que prohíbe reducir las remuneraciones de los magistrados "en manera alguna".  Por eso, para evitar la violación de esa norma constitucional, el proyecto de mi autoría dispuso que los jueces y empleados judiciales que fueran designados a partir del 1/1/2017 paguen el impuesto.  Porque respecto de ellos no se produce la prohibida disminución de la remuneración.  Es un camino más largo, pero respetuoso de la Constitución y de la intangibilidad de las remuneraciones que esa norma consagra en beneficio de la independencia de los jueces.  El reciente intento del oficialismo para que todos los jueces, aun los designados antes de 2017, paguen el impuesto es inconstitucional y constituye un nuevo embate contra la justicia.
 
Renovación y cese de cargos por límite de edad de los magistrados del Poder Judicial

Presenté un proyecto de ley con el objeto de reglamentar la situación prevista en el artículo 99, inciso 4°, tercer párrafo, de la Constitución Nacional, y establecer el procedimiento aplicable para la renovación y cese de cargos por límite de edad de los magistrados del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación.

La iniciativa contempla tres procedimientos diferentes para la renovación o cese por límite de edad de los magistrados. Uno para los miembros de la Corte Suprema y los demás jueces de los tribunales federales inferiores; otro para el Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación; y finalmente, un tercero, para los demás magistrados del Ministerio Público.

Es necesario fijar determinadas pautas y procedimientos para que brinden la mayor posibilidad de certeza y transparencia al sistema ideado por la última convención constituyente.

De la simple lectura del proyecto y de sus fundamentos, es posible concluir que, ante la situación de trascendencia institucional en que nos encontramos a partir del fallo “Schiffrin”, es tarea propia e impostergable del Poder Legislativo regular la norma constitucional de forma clara y razonable, en beneficio de la seguridad jurídica que debe imperar en todo lo referido a la actuación y cese de los referenciados magistrados.

Los tres procedimientos propuestos en el proyecto hacen a la eficiencia del procedimiento entre los tres poderes del Estado, con plazos acotados y razonables. Además, prevén la participación del magistrado en cuestión, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y del Consejo de la Magistratura según el caso.