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Coparticipación: la Corte se declaró competente para analizar impuestos porteños

 

Fueron creados por Horacio Rodríguez Larreta por la quita de fondos. La Corte Suprema corrió el traslado de la demanda por el plazo de sesenta días.


La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia originaria en dos causas en las que se discute el régimen normativo establecido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el impuesto sobre los ingresos brutos. Los dos tributos fueron declarados por Horacio Rodríguez Larreta tras la quita de fondos de coparticipación que Mauricio Macri le había otorgado durante su gestión.

Los impuestos en cuestión, establecidos en el Presupuesto 2021, residen en los gastos con tarjetas de crédito y un incremento al 8% de la alícuota sobre Ingresos Brutos para entidades financieras. Nación y Ciudad de Buenos Aires mantuvieron seis reuniones sin éxito y un grupo de 17 gobernadores expresó su preocupación de que la injerencia de la Corte Suprema no cumpla con las pautas del federalismo.

En una de estas causas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) planteó la inconstitucionalidad de la Ley Tarifaria 2021, la modificación al Código Fiscal y la Ley de Presupuesto 2021 mediante las cuales el gobierno porteño eliminó la exención del impuesto sobre los ingresos brutos o grava con ese impuesto determinadas actividades -operaciones de pases, reguladas por el BCRA, cuando los activos subyacentes o colaterales sean los autorizados por dicha entidad, y las operaciones sobre títulos, bonos, letras, certificados de participación y demás instrumentos emitidos y que se emitan en el futuro por el BCRA-.

El BCRA alegó que las normas tributarias locales en cuestión afectan de forma directa y grave las finalidades y funciones que le han sido atribuidas a la entidad y alteran significativamente la ejecución de la política monetaria y financiera a nivel nacional. Al respecto, dijo que los títulos, bonos, letras, certificados de participación y demás instrumentos emitidos por el BCRA son herramientas de la política monetaria destinadas a lograr la estabilidad financiera y cambiaria y se ven distorsionadas al ser gravadas por el impuesto sobre los ingresos brutos.

Por la Ciudad de Buenos Aires asistieron a la audiencia Gabriel Astarloa, procurador porteño; Martin Mura, ministro de Hacienda y Finanzas; y Marcelo D’Alessandro, secretario de Justicia y Seguridad.

Por la Ciudad de Buenos Aires asistieron a la audiencia Gabriel Astarloa, procurador porteño; Martin Mura, ministro de Hacienda y Finanzas; y Marcelo D’Alessandro, secretario de Justicia y Seguridad.

Remitiendo al dictamen de la Procuración, la Corte precisó que el BCRA es una entidad autárquica nacional que, según lo dispuesto en los artículos 116 de la Constitución Nacional y 55 de su Carta Orgánica, está sometido al fuero federal, mientras que la Ciudad de Buenos Aires tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte. Por ello, por unanimidad, declaró que la causa corresponde a su competencia originaria y resolvió correr traslado de la demanda al Gobierno porteño por el plazo de sesenta días.

En la otra causa, la Asociación Civil de Bancos Argentinos (ADEBA) y un grupo de bancos demandó al Gobierno porteño y su Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley Tarifaria 2021 y de la modificación al Código Fiscal -y su normativa complementaria-, que ordenó la eliminación de la exención en el impuesto sobre los ingresos brutos que regía para las operaciones realizadas con títulos, bonos, letras, certificados y demás instrumentos emitidos por el BCRA y, como consecuencia de ello, que los bancos debían tributar dicha gabela por las compensaciones o rendimientos generados por las operaciones ejecutadas por medio de esos instrumentos, con una alícuota del ocho por ciento (8%).

Denunciaron que ese proceder afecta gravemente la utilización y el resultado de los instrumentos y las herramientas del BCRA destinadas a regular la política monetaria nacional. Puntualmente, cuestionan que el GCBA pretenda gravar las compensaciones de las letras de liquidez (“LELIQ”) y los pases pasivos con las entidades financieras (“PP”). La Corte señaló que el objeto y la causa planteados por ADEBA resultan análogos a la que se discute en BCRA, resolvió que el proceso corresponde a la competencia originaria del Tribunal, y ordenó correr traslado de la demanda al Gobierno porteño por el plazo de sesenta días.

Tras aquella sexta reunión, en mayo de 2022, el ministro de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, lamentó la falta de acuerdo con Ciudad. En sus redes sociales, el funcionario señaló que "a pesar del esfuerzo manifestado desde el Gobierno nacional para alcanzar un acuerdo, y en el marco de la ley, por el monto del traspaso de la policía a la Ciudad de Buenos Aires, hoy cerramos la etapa de negociaciones solicitada por la CSJN sin arribar a una solución conjunta".

"Durante los 7 encuentros mantenidos desde marzo mostramos predisposición y propuestas superadoras para alcanzar un acuerdo justo en el reparto de los recursos con el resto de las provincias y cumpliendo con el artículo 2 de la Ley 27.606. La Ciudad rechazó esas propuestas. El 5/5 la CFI dictaminó en un informe técnico que el monto de transferencia al año 2021 debía ser $43 mil millones. Contó con la votación favorable de 21 provincias. Por eso el Gobierno nacional tomó en cuenta este dictamen para su última propuesta, que hoy también fue rechazada", publicó De Pedro en su cuenta de Twitter.

"Lamentamos que las autoridades de la Ciudad crean estar por encima de la ley y pretendan mantener privilegios. Respetamos la ley y un minucioso informe técnico. No hacerlo sería convalidar una ilegalidad del gobierno anterior y una arbitrariedad para con todas las provincias", cuestionó. Por último, el funcionario sostuvo que desde Nación no pueden "mantener una decisión del gobierno de Macri que atentaba contra el federalismo y lastimaba los intereses de todas las provincias además del empleo en todo el país, mientras vemos cómo se sigue concentrando la riqueza argentina alrededor del puerto de Buenos Aires".



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