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La corrupción y las desigualdades sociales, con el 40% de la riqueza en manos de una minoría que ostenta el poder político y económico, han dado pie a violentas protestas.
¿Cuál es el origen del estallido social en América Latina? ¿Por qué las protestas violentas se perpetúan en países como Ecuador, Bolivia, Venezuela o Chile? ¿Irán en aumento? ¿Por qué?
El presente del continente está supeditado a los poderes fácticos, porque delega su desarrollo a manos del sistema neoliberal de mercado, un modelo que fracasa en países donde se institucionaliza la corrupción y la viveza como un “modus vivendi” justificado para generar riqueza en base al detrimento y el saqueo de los más desfavorecidos.
Este fenómeno tiene su base en sociedades con altas distancias de poder marcadas entre las oligarquías y el pueblo llano, a los cuales no se les despliegan las funciones básicas del Estado, como educación, tecnología, salud e infraestructura indispensables para su progreso social.
Todo ello, a su vez, está orientado a la preservación de la hegemonía elitista para mantener el patrimonio y los recursos del país en pocas manos, restringiendo la equitativa distribución de la riqueza, los derechos humanos y agravando las injusticias sociales a la masa popular.
Desigualdades: Riqueza para unos pocos
Precisamente, en países como Chile o Perú alrededor del 1% de la población concentra el 40% de la riqueza, y el 99% restante, el 60%( El Tiempo, 2018), cifra que demuestra un escaso nivel de desarrollo humano, una inexistente sociedad del bienestar y una falta de voluntad por parte de las elites políticas para la implementación de un modelo económico con cohesión social.
Correlativamente, ¿cuál es la razón que fomenta este individualismo feroz en la clase política? La implementación de un sistema legal creado a la medida de los legislativos para modificar decretos, leyes u ordenanzas que favorezcan el cobro de coimas bajo contratos amañados con empresas multinacionales que se adjudican las obras del desarrollo sin la participación inclusiva de la población, es decir, la corrupción política que es una de las bases de las protestas sociales.
En este contexto, el ordenamiento jurídico latinoamericano evoluciona ideológicamente de manera excluyente; mientras a las grandes compañías las exoneran del impuesto a la renta, litigan y negocian con el poder judicial la prescripción de las deudas tributarias, a los pequeños empresarios les imponen trabas administrativas y burocráticas para dificultar su desarrollo.
En tal sentido, no es de extrañar entonces que el fuero común del pueblo decida operar de manera informal al margen de la legalidad, como un mecanismo de rebelión y/o desobediencia ante un modelo económico que no genera fuentes de trabajo ni necesita disminuir las brechas de la desigualdad.
Las protestas en América Latina parecen señalar que los enfoques neoliberales son parámetros de obsolescencia planificada que alientan la rentabilidad inmediata como un negocio cotidiano de vida, obnubilando la visión periférica necesaria de un político para el ordenamiento táctico, técnico y tecnológico de un país a largo plazo.
Jorge Silva
