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Referentes de las principales cámaras empresariales del país avalaron este lunes, con matices, las modificaciones que se introdujeron por decreto al sistema de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) con la premisa de reducir la litigiosidad en el campo laboral, bajar los costos y mejorar la competitividad de las empresas, particularmente las pymes.
"El camino institucional, en el marco de la Constitución, es decisión de los poderes del Estado, pero la Unión Industrial Argentina (UIA) encuentra justificadas las razones de emergencia que ameritaron la medida", señaló el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja.
En tal sentido, añadió que "la UIA venía pidiendo desde hace tiempo la adecuación de las normas de Riesgos del Trabajo, pese a la reducción de la siniestralidad y en especial de los accidentes mortales".
En ese contexto "se hace imprescindible contar con mecanismos que contemplen tanto las necesidades prestacionales y reparatorias de los trabajadores, como también darle un marco de previsibilidad a las pymes".
Por su parte, el dirigente industrial José Urtubey indicó que a partir de estos cambios "mejorarán las condiciones de competitividad y se avanza claramente en dirección a ponerle punto final a la industria del juicio".
"Darle competitividad al sistema beneficia a los trabajadores y esperemos que se vean los resultados en el corto plazo, particularmente en las pymes, que siempre son las más perjudicadas", añadió Urtubey.
El presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), Mario Gualtieri, dejó en claro que la intervención de las comisiones médicas como instancia administrativa previa serán de "gran ayuda para morigerar el tema de la alta litigiosidad".
"Tenemos que seguir trabajando para mejorar la competitividad de las industrias de la Provincia de Buenos Aires, la más importante del país, y para lograr este objetivo es indispensable trabajar en conjunto con las autoridades y los gremios", señaló Gualtieri.
En tanto, el secretario de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, consideró "atinado que el Gobierno haya acelerado los tiempos porque el sistema atentaba contra los costos argentinos".
"Queremos que se trabaje en una baja de la alícuota para el sector comercial, ya que los riesgos de accidente en el comercio son menores que en otros sectores, por ejemplo los industriales", afirmó Grinman.
Al respecto, recordó que el costo salarial de las alícuotas en el sector comercial oscilan entre el 0,90 y el 5%, que en virtud de los riesgos existentes en el sector es muy alto".
El proyecto de modificación de las ART ya tenía media sanción en el Senado y faltaba la aprobación en Diputados.
Sin embargo, el presidente Mauricio Macri decidió acelerar los tiempos y firmó un decreto que, entre otras medidas, impulsa la creación de las Comisiones Médicas como instancia previa a la eventual presentación del trabajador ante la Justicia. Estas comisiones tendrán un plazo máximo de 60 días para expedirse.
Además se creó el Autoseguro Público Provincial para que las provincias y sus municipios puedan autoasegurar los riesgos del trabajo, respecto de los respectivos regímenes de empleo público local, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Otras entidades empresariales consultadas por Télam adujeron que deben analizar el contenido del decreto presidencial para emitir opiniones representativas de cada sector.
"El camino institucional, en el marco de la Constitución, es decisión de los poderes del Estado, pero la Unión Industrial Argentina (UIA) encuentra justificadas las razones de emergencia que ameritaron la medida", señaló el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja.
En tal sentido, añadió que "la UIA venía pidiendo desde hace tiempo la adecuación de las normas de Riesgos del Trabajo, pese a la reducción de la siniestralidad y en especial de los accidentes mortales".
En ese contexto "se hace imprescindible contar con mecanismos que contemplen tanto las necesidades prestacionales y reparatorias de los trabajadores, como también darle un marco de previsibilidad a las pymes".
Por su parte, el dirigente industrial José Urtubey indicó que a partir de estos cambios "mejorarán las condiciones de competitividad y se avanza claramente en dirección a ponerle punto final a la industria del juicio".
"Darle competitividad al sistema beneficia a los trabajadores y esperemos que se vean los resultados en el corto plazo, particularmente en las pymes, que siempre son las más perjudicadas", añadió Urtubey.
El presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), Mario Gualtieri, dejó en claro que la intervención de las comisiones médicas como instancia administrativa previa serán de "gran ayuda para morigerar el tema de la alta litigiosidad".
"Tenemos que seguir trabajando para mejorar la competitividad de las industrias de la Provincia de Buenos Aires, la más importante del país, y para lograr este objetivo es indispensable trabajar en conjunto con las autoridades y los gremios", señaló Gualtieri.
En tanto, el secretario de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, consideró "atinado que el Gobierno haya acelerado los tiempos porque el sistema atentaba contra los costos argentinos".
"Queremos que se trabaje en una baja de la alícuota para el sector comercial, ya que los riesgos de accidente en el comercio son menores que en otros sectores, por ejemplo los industriales", afirmó Grinman.
Al respecto, recordó que el costo salarial de las alícuotas en el sector comercial oscilan entre el 0,90 y el 5%, que en virtud de los riesgos existentes en el sector es muy alto".
El proyecto de modificación de las ART ya tenía media sanción en el Senado y faltaba la aprobación en Diputados.
Sin embargo, el presidente Mauricio Macri decidió acelerar los tiempos y firmó un decreto que, entre otras medidas, impulsa la creación de las Comisiones Médicas como instancia previa a la eventual presentación del trabajador ante la Justicia. Estas comisiones tendrán un plazo máximo de 60 días para expedirse.
Además se creó el Autoseguro Público Provincial para que las provincias y sus municipios puedan autoasegurar los riesgos del trabajo, respecto de los respectivos regímenes de empleo público local, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Otras entidades empresariales consultadas por Télam adujeron que deben analizar el contenido del decreto presidencial para emitir opiniones representativas de cada sector.
