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LA SEMANA EN POCAS PALABRAS
La novela de la deuda parece no encontrar un final feliz. A horas del fallo del juez neoyorkino, Thomas Griesa, que entiende en la causa iniciada por los bonistas que no aceptaron el canje, se abren grandes interrogantes sobre las consecuencias legales, económicas y políticas que deberá afrontar la Argentina. El 26 de octubre un fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York convalidó una decisión de juez Griesa por la que los “fondos buitre” consiguieron que se prohibiera el pago a los bonistas de la deuda reestructurada si no se les pagaba también a ellos.
El punto más relevante es que esa sentencia debe convivir ahora con la suspensión de la medida “no innovar” que se dictaminó esta semana. Así, el juez ordenó depositar antes del 15 de diciembre la suma equivalente al capital y los intereses adeudados, por unos USD 1.330 millones, como “depósito en garantía”, hasta tanto exista un fallo de fondo respecto de la causa.
En nuestra visión, existió una “mala praxis” del gobierno argentino que permitió justificar una acción judicial inédita, contraria a los intereses de la República Argentina. El principal fundamento por el cual el Juez Griesa suspende la medida “no innovar” fueron las declaraciones públicas de la Presidente Cristina Kirchner y su Ministro Hernán Lorenzino, anticipando que no se respetaría ninguna decisión que implicase abonar total o parcialmente a los demandantes.
Así, aparecen dos cuestiones que explican por qué, luego de 10 años de litigio, se está a un paso de forzar un segundo default de la deuda argentina. El primero es la cuestión de fondo: el juez había mantenido hasta ahora fuera de la discusión los pagos a los tenedores de bonos reestructurados. Pero a partir del nuevo fallo, recurre a una nueva interpretación de la cláusula de pari-passu (una figura legal-técnica que, básicamente, indica que no se puede dar un tratamiento diferente a distintos bonistas), la cual estaría siendo violada, a criterio del Juez. Sobre este punto, de fondo, todavía debe expresarse nuevamente el pleno de la Cámara de Apelaciones y, eventualmente, la Corte Suprema. La segunda razón, más operativa, es el levantamiento de la medida de no innovar, que obliga al gobierno a depositar los fondos antes del 15 de diciembre para seguir litigando, incluso antes que se resuelvan definitivamente las apelaciones.
El gobierno argentino recurrirá a todas las instancias de apelación posibles, pero si no se reinstala antes del 15-D la medida de “no innovar” u obtiene una sentencia favorable o, en su defecto, no deposita los USD 1.330 millones, tendría unos 30 días de plazo antes de caer en default (el plazo máximo que otorgan las cláusulas legales de los bonos para hacer los pagos convenidos). Asimismo, aunque el fallo involucra un monto inicial de USD 1.330 millones, el monto total del problema podría escalar hasta los USD 11.000 millones, si se considera el total de los bonos que no ingresaron al canje.
A nuestro juicio, el gobierno desaprovechó una oportunidad (quizás única) para mostrar voluntad de pago e inducir a la Justicia a una interpretación distinta: básicamente, ofreciendo a los “fondos buitre” un pago equivalente al del resto de los bonistas que ingresaron a los anteriores canjes.
Argentina debería plantear este reclamo en su inminente apelación. Aquí se abren dos posibilidades. La primera es que la Justicia considere que ambas deudas deben pagarse plenamente (una por un monto reestructurado, el otro por el monto pleno), que es a lo que aspiran los litigantes y es lo que dictaminó Griesa. Pero la otra es que defina que lo que hay que pagarle a los “fondos buitre” guarde una proporcionalidad con lo que recibe aquel que, en su momento, aceptó el canje propuesto por Argentina. Esta segunda versión replicaría lo que hoy es práctica corriente en los mercados de bonos mediante las denominadas “clausulas de acción colectiva”: que las minorías deben someterse a las mismas condiciones aceptadas por la mayoría.
Resolver el problema de la deuda en mora tendría muchos beneficios: implicaría romper definitivamente el muro de aislamiento financiero que sufre el país, reabriendo el mercado de capitales internacionales a las empresas argentinas y al gobierno, algo que sería imprescindible para aprovechar un momento en el que ese mercado ofrece los menores costos financieros de los últimos 40 años. Si, por el contrario, el Gobierno elige adoptar una posición ideológica y se resiste a resolver el problema, no sólo perdería esta oportunidad, sino que se vería forzado a un nuevo default de la deuda reestructurada o a hacer un nuevo canje para moverla de la legislación internacional a la local, lo que incrementaría aún más los costos de financiamiento, dificultando la recuperación de una economía hoy estancada y destruyendo empleos.
