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El juez federal Claudio Bonadio ordenó allanamientos en el Ministerio de Finanzas y empresas privadas en una causa en la que se investigan operaciones presuntamente irregulares con los activos financieros del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
Fuentes judiciales informaron a NA que los operativos son en la causa que ya fueron imputados el ministro de Finanzas, Luis Caputo; el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, y otros dos ex funcionarios que condujeron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El fiscal Jorge Di Lello los acusó del presunto delito de administración fraudulenta de fondos públicos.
Por orden del juez, los allanamientos lo realiza la Policía Federal en el ministerio de Finanzas, en ANSES, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en las empresas Indupa, Pampa Energía, Braskem Argentina y en la constructora IECSA, esta última hasta hace poco titularidad de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. Los allanamientos fueron ordenados tras un pedido de pruebas solicitadas por Di Lello.
Según la denuncia, en octubre del 2016 el FGS aprobó la suscripción de un bono de deuda en dólares a una tasa fija de 7,12% emitido por Córdoba para la financiación de gasoductos. En esa acta, los funcionarios aprobaron la monetización de otro título de deuda pública con un rendimiento del 12,5%. Según el denunciante, la medida habría generado una pérdida de u$s 75 millones al Estado.
Según la acusación fiscal, el bono monetizado habría sido ofrecido a entidades financieras internacionales y mencionó los antecedentes profesionales de Caputo con el JP Morgan y el Deutsche Bank. En su requerimiento, Di Lello también pidió investigar al FGS por la venta de las acciones que el Estado tenía en Solvay Indupa a Unipar Carboclor.
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Fuentes judiciales informaron a NA que los operativos son en la causa que ya fueron imputados el ministro de Finanzas, Luis Caputo; el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, y otros dos ex funcionarios que condujeron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El fiscal Jorge Di Lello los acusó del presunto delito de administración fraudulenta de fondos públicos.
Por orden del juez, los allanamientos lo realiza la Policía Federal en el ministerio de Finanzas, en ANSES, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en las empresas Indupa, Pampa Energía, Braskem Argentina y en la constructora IECSA, esta última hasta hace poco titularidad de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. Los allanamientos fueron ordenados tras un pedido de pruebas solicitadas por Di Lello.
Según la denuncia, en octubre del 2016 el FGS aprobó la suscripción de un bono de deuda en dólares a una tasa fija de 7,12% emitido por Córdoba para la financiación de gasoductos. En esa acta, los funcionarios aprobaron la monetización de otro título de deuda pública con un rendimiento del 12,5%. Según el denunciante, la medida habría generado una pérdida de u$s 75 millones al Estado.
Según la acusación fiscal, el bono monetizado habría sido ofrecido a entidades financieras internacionales y mencionó los antecedentes profesionales de Caputo con el JP Morgan y el Deutsche Bank. En su requerimiento, Di Lello también pidió investigar al FGS por la venta de las acciones que el Estado tenía en Solvay Indupa a Unipar Carboclor.
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