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La semana pasada en conferencia de prensa, el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, adelantó que luego de los feriados de junio dará a conocer el resultado fiscal de los primeros seis meses de gestión. Consultado por LPO sobre el impacto de los topes de 400% y 500% a los aumentos tarifarios del gas en sobre el déficit fiscal, el ministro descartó la necesidad de recalcular los objetivos fijados en diciembre. Sostuvo que en los primeros 4 meses el déficit se redujo un 0,3% del PIB.
En las medida en que el objetivo es reducirlo un punto en 2016, Prat Gay consideró que el Gobierno viene bien hasta la fecha con la meta de reducción de la brecha fiscal.Y adelantó que hubo un ahorro adicional por la demora en reanudar las obras públicas que estimó se reactivarán en breve e impulsarán el nivel de actividad en el segundo semestre.
Adelantando los anuncios de Prat Gay, Economía & Regiones, la consultora del actual ministro del interior, Rogelio Frigerio, señaló en un informe difundido ayer que "este ajuste fiscal se edificó sobre la reducción de los subsidios energéticos, de 35%, del gasto en bienes y servicios, bajándolo de 4,9%; y del gasto en capital, de 6,6%; destacándose una caída nominal de la obra pública de 3%; y ciertas transferencias a provincias, de 38%".
Sin embargo, la consultora cuestionó la sustentabilidad de la contracción del déficit primero porque "el ajuste de tarifas energéticas comienza a sufrir contramarchas". Y segundo, porque "tanto el gasto en bienes y servicios como el gasto en capital muy difícilmente puedan seguir cayendo, con lo que el gasto público comenzará a crecer más fuertemente y el sobrecumplimiento fiscal, a verse comprometido".
LPO consultó al economista Gabriel Zelpo de la consultora Elypsis, quien evaluó que "recién ahora van empezar a gastar lo que no pudieron ejecutar".
Sin embargo, el alcance de los amparos contra el tarifazo y los topes a los aumentos del gas del 400% para los hogares y del 500% para comercios e industrias tienen un impcato claro sobre las metas de ajuste. En especial la tarifa eléctrica, cuya reducción en los subsidios llegaba a casi el 0,8% del PBI. "El del gas era grande, pero el subsidio más grande era el de electricidad. Lo cierto es que les complicaría para pagarles a los jubilados y reanudar la obra pública si la Corte Suprema diera la orden de volver atrás con los cuadros tarifarios, pero si es solo gas y parcialmente en el territorio, no sería tan drámatico. Si perdiese la mitad de la quita de los subsidios de gas, significaría un 0,2% del PIB según nuestros números", ejemplificó Zelpo.
"Si también tuvieran que dar marcha atrás con parte de los de luz, ahí se les complica para sostener las jubilaciones y las obras, pero no creo que desistan de ractivar el gasto sino que harían un combo de mayor financiamiento -en mayor medida- con Letras del Tesoro en dólares y algo de reducción de gasto", consideró el especialista.
Fuera de la cuestión de las tarifas, en Elypsis no ven mayores escollos para el Gobierno logre cumplir las metas fiscales, "Pero marcaría que una actividad privada que no repunte tal como espera el gobierno y lo haga más moderado, también les dificulta llegar holgadamente", agregó Zelpo. Porque la recaudación no estará a a la altura de lo proyectado si el nivel de actividad no se alinea con la reactivación esperada para el segundo semestre, lo que obligaría a aceptar un poco menos de obras o un poco más de déficit.
Para el economista, José Luis Espert, con "el derretimiento del tarifazo, el gasto público que el año pasado se ubicaba en el orden de los $400.000 millones puede llegar a $600.000 millones si el Gobierno lleva a cabo el plan de obras públicas que viene anunciando". Según él, hasta ahora la subejecución de la obra pública es precisamente lo que mantiene el déficit de acuerdo a los parámentros de reducción de la brecha fiscal. Pero entre el resarcimiento con los jubilados mediante haberes actualizados de forma tal que se eviten nuevos juicios contra la Anses y la obra pública, se puede llegar al "récord de déficit fiscal desde la Posguerra".
Siguiendo un cálculo conservador, para Espert, los ingresos del blanqueo no alcanzarán a cubrir los $90.000 millones para pagarles a los jubilados; pero el problema no es tanto para este año, sino para los siguientes en los que ya no se contará con los ingresos extraordinarios del blanqueo y subsistirá este aumento sustancial del gasto público no discrecional.
En este punto coincidieron Espert, la consultora Economía & Regiones y también Gabriel Zelpo, quien comentó a LPO que "Particularmente el 2017 que va a ser año electoral y la meta exige que bajen casi 1,5% del gasto público, algo que vemos difícil de alcanzar."
Por su parte, la consultora Economía & Regiones, en el informe publicado ayer destacó que "cumplir la meta fiscal de 2016 no será sencillo", aunque "el mayor problema fiscal no es tanto 2016, como sí lo son 2017 y 2018" precisamente por la mayor participación relativa de este gasto fijo en la totalidad del gasto púbico y la menor participación de gastos discrecionales o recortables en la medida en que las metas fiscales exigen más ingresos y menos gastos.
Puntualmente, el reporte señaló que "Si bien se han eliminado y bajado retenciones (a las exportaciones) aliviando marginalmente la situación de la oferta en algunos sectores, la presión tributaria relevante de los aportes patronales, y los impuestos a las Ganancias y a los Ingresos Brutos sobre las empresas sigue intacta ahogando al sector privado, obstaculizando la inversión, el aumento de productividad, la acumulación de capital y la generación de puestos de trabajo", lo que desincentiva el aumento de la oferta para poder frenar la inflación por el lado real de la economía.
Al respecto, la consultora diagnosticó que "la actual política fiscal no está diseñada para incentivar a la oferta agregada y facilitar que la economía pueda salir del estancamiento", sino "todo lo contrario, está orientada a estimular la demanda agregada, lo cual no sólo no contribuye a la solución del problema del nivel de actividad, sino que puede obstaculizar el descenso de la inflación dificultando la actuación del Banco Central en 2017 y 2018".
El informe que brega por la coordinación entre la política monetaria y la fiscal, aplaude el desempeño de Sturzenegger a cargo del Banco Central, pro es crítico del desempeño de Prat Gay al frente del ministerio de Hacienda "porque el mal diseño de alguna de las dos, puede comprometer el resultado de la otra" aunque le reconoce Destacó que "en el primer cuatrimestre hubo un ajuste fiscal de 0,3 puntos porcentuales que permitió bajar el déficit fiscal primario de 1,1% del PIB en el mismo período de 2015 a 0,8% en 2016".
Aunque estimó que "de proseguir y mantenerse todo este ajuste a lo largo del año, el Gobierno estaría en condiciones de cumplir ajustadamente en forma conjunta tanto con la reparación histórica a los jubilados como con la meta de déficit fiscal primario de 2016, de 4,8%", remarcó que "el problema es que el ajuste fiscal efectivamente aplicado en los primeros cuatro meses del año difícilmente pueda proseguir en lo que queda de 2016, con lo cual existe el riesgo que el gasto comience a crecer más fuertemente y la meta fiscal de este año entre en zona de riesgo".
"Según nuestras proyecciones, -pronosticó el reporte de Economía & Regiones- el reconocimiento a los jubilados podría llegar a tener un impacto fiscal equivalente a 1,1% del PIB en 2017; y 1,5% en 2018, comprometiendo el cumplimiento de las metas de déficit fiscal primario de 3,3% y 1,8%, respectivamente."
"Esto puede generar dudas sobre la sustentabilidad de las cuentas fiscales de Argentina en el mediano plazo, lo cual impediría que el riesgo país y el costo del capital bajen, imposibilitando que se apuntale la inversión y la acumulación de capital, se expanda la oferta agregada y se generen los puestos de trabajo genuinos que se necesitan para absorber el crecimiento poblacional", analizó el informe.
En este marco la consultora consideró que "el paquete de pago a los jubilados debería financiarse con deuda", pero subrayó que aumentar el endeudamiento público "es menos financiamiento para el sector privado y la inversión". Por lo que concluyó que "el actual diseño de política fiscal difícilmente nos saque de la recesión, devolviéndonos a un sendero de crecimiento", e incluso alertó que esa línea de gobierno "puede obstaculizar el descenso de la inflación".
En este último punto, Espert también coincidió y advirtió que pasar de financiarse con emisión monetaria a tomar deuda externa para sostener la brecha fiscal es una "continuidad de la irresponsabilidad fiscal".
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