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Cristina acató con sorprendente rapidez la orden de derogar la deducción del 15% que realizaba el Estado a las provincias sobre los fondos coparticipables. Esta vez no salió a atacar al “partido judicial” y obedeció el fallo de la Corte Suprema sin dilaciones
Ayer la decisión se hizo oficial con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 2635. Mediante el mismo se dispuso el “el cese a la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables” en todo el territorio nacional.
El polémico 15% se trata de una deducción realizada por el Estado sobre los fondos coparticipables de las provincias, sin el acuerdo de estas. El dinero se utilizaba para solventar los gastos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), cuyo presupuesto no paró de agigantarse durante la administración kirchnerista.
La situación va a dejar al gobierno entrante en un estado de gran vulnerabilidad, como admitió el propio Aníbal Fernández esta mañana durante su ingreso a Casa Rosada: “Desde el punto de vista del flujo, usted pierde $100.000 millones por mes con ese 15% que no va a tener. El flujo no va a alcanzar para cumplir con la responsabilidad del pago de las jubilaciones y van a tener que echar mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que se usaba en casos excepcionales”.
Sin embargo, Fernández obvio referirse a la prontitud con que Cristina acató la orden y depositó la responsabilidad en el órgano máximo de justicia: “La Corte Suprema no es solamente un tribunal de última instancia, también es un poder de la República, gobierna también y en su responsabilidad de gobernar debería haber analizado la capacidad que puede tener el Gobierno para tomar este tipo de decisiones”, disparó el funcionario.
Por su parte, el futuro ministro de Trabajo mostró su preocupación se trata de “un golpe muy fuerte para los recursos que administra la Anses”. “Es algo que vamos a tratar hoy con los ministros que integran el gabinete económico del futuro gobierno de Mauricio Macri”, agregó.
El futuro ministro de Macri afirmó que “es una de las cosas que ha hecho este gobierno antes de irse, para dejar más complejidad en manos de los que vienen”. No obstante, adelantó que ya están trabajando al respecto: “Es un problema, pero vamos a encontrar una solución; queremos trasmitirle tranquilidad a los jubilados y pensionados”.
Por su parte, el gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, también criticó duramente a la presidenta saliente, a pesar de que la suya se trata de una de las provincias beneficiadas con el fallo. “Es tarde para simular federalismo”, recordó a través de la red social Twitter, y recordó que las provincias vienen reclamando hace años por este tema.
Ahora, Macri tendrá alrededor de 120 días para negociar con las provincias la forma en la que el Estado devolverá el dinero correpondiente a lo descontado durante los últimos años. Se habla de una cifra de unos $80.000 millones sólo a Santa Fe, San Luis y Córdoba. También es probable que otras provincias procedan con acciones legales.
