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La senadora nacional y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner irá a juicio oral y público por la causa en la que está procesada por encubrimiento a los iraníes imputados del atentado a la AMIA, a través de la firma del Memorándum con Irán en 2013, durante su segunda presidencia.
El juez federal Claudio Bonadio resolvió este lunes elevar la causa a esa instancia, en la que también serán juzgados el diputado nacional Andrés “Cuervo” Larroque (FpV-PJ), el excanciller Héctor Timerman, el exjefe de la AFI Oscar Parrilli, y el exsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, quien se encuentra preso.
También serán sometidos a juicio el dirigente Luis D’Elia, el exlíder de Quebracho Fernando Esteche y el dirigente iraní Jorge Khalil -detenidos desde diciembre pasado- y otros cuatro acusados.
Esta es la tercera causa en la que Cristina Kirchner es enviada a juicio oral. La primera fue por el caso del “dólar futuro” y el viernes pasado por las irregularidades en la obra pública concedida al empresario santacruceño Lázaro Báez.
La investigación por encubrimiento a Irán se inició a raíz de la denuncia realizada por el fiscal Alberto Nisman, quien la presentó cuatro días antes de ser encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero.
El pasado 7 de diciembre, Bonadio procesó con prisión preventiva a la expresidenta, pero el pedido de desafuero enviado al Senado todavía no fue tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuya presidencia quedará en manos del PJ. Dato no menor es la conducción de dicho cuerpo, ya que el líder del peronismo en la Cámara alta, Miguel Pichetto, se manifestó en contra de un desafuero hasta que no exista una condena firme.
Hace dos semanas, la senadora pidió ir “de inmediato” a juicio, mediante un escrito que presentó ante Bonadio, a quien le dijo que no esperaba “nada” de él como juez. Anteriormente, los familiares de las víctimas de AMIA, la DAIA y el fiscal Eduardo Taiano también habían pedido que se pase a esa instancia.
Ante la renuncia de su defensa, días atrás la expresidenta designó como su abogado en esta causa al exjefe porteño destituido Aníbal Ibarra.
A la legisladora se la juzgará por los delitos de “encubrimiento agravado por el hecho precedente y por su condición de funcionario público, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad”. Cabe recordar que cuando la Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó su procesamiento, le fue quitada la acusación de “traición a la Patria”, figura que pedían Bonadio y las querellas.
En su fallo, Bonadio señaló que el Memorándum “fue el medio elegido para llevar a cabo el plan delictivo, el cual se presentó mediática y políticamente por el gobierno de Cristina Elisabet Fernández al momento de su firma y durante el trámite parlamentario previo a su aprobación, como la única herramienta útil, posible y necesaria para avanzar en el curso de la causa AMIA”.
Pero, el magistrado consideró que “en verdad se procuraba la normalización de las relaciones con la República Islámica de Irán, favorecer a los acusados de nacionalidad iraní, en desmedro de la justicia, las víctimas y el castigo de los imputados y dejando de lado que a este Estado se le imputa haber perpetrado dos actos de guerra (1992 y 1994) en el territorio de la República Argentina”.
parlamentario
El juez federal Claudio Bonadio resolvió este lunes elevar la causa a esa instancia, en la que también serán juzgados el diputado nacional Andrés “Cuervo” Larroque (FpV-PJ), el excanciller Héctor Timerman, el exjefe de la AFI Oscar Parrilli, y el exsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, quien se encuentra preso.
También serán sometidos a juicio el dirigente Luis D’Elia, el exlíder de Quebracho Fernando Esteche y el dirigente iraní Jorge Khalil -detenidos desde diciembre pasado- y otros cuatro acusados.
Esta es la tercera causa en la que Cristina Kirchner es enviada a juicio oral. La primera fue por el caso del “dólar futuro” y el viernes pasado por las irregularidades en la obra pública concedida al empresario santacruceño Lázaro Báez.
La investigación por encubrimiento a Irán se inició a raíz de la denuncia realizada por el fiscal Alberto Nisman, quien la presentó cuatro días antes de ser encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero.
El pasado 7 de diciembre, Bonadio procesó con prisión preventiva a la expresidenta, pero el pedido de desafuero enviado al Senado todavía no fue tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuya presidencia quedará en manos del PJ. Dato no menor es la conducción de dicho cuerpo, ya que el líder del peronismo en la Cámara alta, Miguel Pichetto, se manifestó en contra de un desafuero hasta que no exista una condena firme.
Hace dos semanas, la senadora pidió ir “de inmediato” a juicio, mediante un escrito que presentó ante Bonadio, a quien le dijo que no esperaba “nada” de él como juez. Anteriormente, los familiares de las víctimas de AMIA, la DAIA y el fiscal Eduardo Taiano también habían pedido que se pase a esa instancia.
Ante la renuncia de su defensa, días atrás la expresidenta designó como su abogado en esta causa al exjefe porteño destituido Aníbal Ibarra.
A la legisladora se la juzgará por los delitos de “encubrimiento agravado por el hecho precedente y por su condición de funcionario público, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad”. Cabe recordar que cuando la Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó su procesamiento, le fue quitada la acusación de “traición a la Patria”, figura que pedían Bonadio y las querellas.
En su fallo, Bonadio señaló que el Memorándum “fue el medio elegido para llevar a cabo el plan delictivo, el cual se presentó mediática y políticamente por el gobierno de Cristina Elisabet Fernández al momento de su firma y durante el trámite parlamentario previo a su aprobación, como la única herramienta útil, posible y necesaria para avanzar en el curso de la causa AMIA”.
Pero, el magistrado consideró que “en verdad se procuraba la normalización de las relaciones con la República Islámica de Irán, favorecer a los acusados de nacionalidad iraní, en desmedro de la justicia, las víctimas y el castigo de los imputados y dejando de lado que a este Estado se le imputa haber perpetrado dos actos de guerra (1992 y 1994) en el territorio de la República Argentina”.
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