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Por Jorge R.
Enríquez
Nadie
discute el derecho de huelga. Fue incorporado a nuestra Constitución
Nacional en la reforma de 1957 a través del artículo 14 bis. La
Constitución peronista de 1949 no lo preveía. Lo que puede
debatirse es su alcance, los efectos que conlleva, las eventuales
restricciones (en materia de servicios públicos esenciales, por
ejemplo). Pero se entiende que cuando un gremio dispone parar lo hace
para que sus representados tengan mejores condiciones laborales
dentro de la actividad que realizan.
En
tal sentido, los paros generales son una anomalía y cabe preguntarse
si no son en principio todos ilegítimos. Porque cuando se dispone
una huelga de ese tipo no se están reclamando mejores condiciones
para los trabajadores de una determinada rama. Lo que en verdad se
impugna es la política general de un gobierno.
Ahora
bien, si de eso se trata, el paro es antidemocrático. Son los
órganos surgidos de la voluntad popular, el Congreso y el Poder
Ejecutivo, los que tienen la atribución de llevar adelante esas
políticas. Si la presión de la huelga general fuera exitosa, lo que
habrían conseguido sus promotores es conseguir más poder que el que
tienen los millones de ciudadanos que no paran, que no cortan calles
y que se limitan a trabajar y a cumplir las leyes. El voto de ellos
valdría mucho menos que el de los huelguistas y los piqueteros.
Por
lo demás, los motivos del paro son confusos, vagos y
contradictorios. No podría ser de otra forma, por la heterogeneidad
ideológica de quienes lo convocan. En realidad, los fundamentos
alegados son una excusa bastante evidente que encubre los verdaderos:
arreglar cuestiones internas del sindicalismo y del Partido
Justicialista. Los “gordos”, corridos del palco de la anterior
movilización por sectores de izquierda, se sintieron obligados a
sobreactuar su enojo.
Todas
las estimaciones del “éxito” del paro son falaces, porque cuando
no hay transporte público la mayoría de quienes quieren trabajar no
pueden. Estos no “acatan” – por usar el verbo de resonancias
castrenses que nuestros gremialistas repiten en estos casos - la
decisión de la CGT; simplemente, se ven imposibilitados de concurrir
a sus lugares de trabajo.
Por
suerte, hubo mayor cantidad de taxis que la esperada luego de ese
abierto acto de intimidación pública perpetrado por el Sr. Omar
Viviani, líder del gremio de ese sector, cuando instó a sus
compañeros a “dar vuelta” los autos de los taxistas que salieran
a trabajar. Es que los argentinos nos hemos cansado de la prepotencia
y la irracionalidad. Ansiamos vivir en un país en paz y libertad, al
amparo de la ley, en el que cada uno pueda pensar y obrar como quiera
siempre que no provoque daños a terceros ni infrinja el orden
jurídico.
Sabemos,
además, que solo la recreación de la cultura del trabajo podrá
sacarnos del pantano en el que nos metieron políticas populistas
durante décadas. No le paran a un gobierno; le paran al futuro de la
Argentina. Pero los otros, la mayoría silenciosa, somos más y nos
vamos a imponer mediante un arma letal para el corporativismo
retrógrado: la del voto.
