El SINDICATO UNIDOS TRABAJADORES CUSTODIOS ARGENTINOS, que representa a custodios, vigiladores y trabajadores de seguridad privada, apoya y convoca a la movilización convocada por la CGT, CTA y Organizaciones Sociales el 7 de Marzo del 2017 en repudio a la política económica llevada adelante por la actual administración nacional.

Un modelo económico que solo beneficia al sector agroexportador, minero, a las grandes corporaciones económicas y al sector financiero no puede tener otro resultado que el actual: ciento de miles de despedidos, suspensiones masivas, adelantos de vacaciones, cierres de empresas y comercios, fexibilización laboral.

El ejército de desocupados creado en pocos meses por la actual gestión, no son producto de “daños colaterales”, sino el resultado deliberado de una acción que pretende disciplinar al Movimiento Obrero y a los sectores populares con una baja del salario real que supone una mayor transferencia de recursos a la parte más privilegiada.

No hay sector productivo que escape al ominoso tsunami que padecemos: metalúrgico, calzado, textil, plástico, automotriz, químico, transporte nos pinta un oscuro panorama que debemos enfrentar de manera contundente. Los trabajadores de seguridad privada, como prestadores de servicios nos vemos directamente afectados y tenemos la obligación de enfrentar este nuevo embate contra los trabajadores, agresión que se verá intensificada con los nuevos tarifazos anunciados.

El paro nacional docente y la impresionante movilización marca un camino que los trabajadores seguiremos de manera inexorable. La exigencia a gritos de la patronal de seguridad privada (CAESI) de forzar una mayor precarización laboral no es un hecho aislado. El gobierno de Mauricio Macri luego de la destrucción de gran parte del tejido productivo va en ese mismo sentido: Reformar los Convenios Colectivos de Trabajo es un imperativo que piensan seguir a rajatabla. Ya lo han logrado en algunos sectores como el Petrolero y lo piensan extender. No es casual los despidos masivos en empresas que no lo ameritan: talleres gráficos del Grupo Clarín y suspensiones en automotrices, violando todo procedimiento legal. Tampoco son una excepción los casos en donde despiden a todo el personal para luego reincorporarlos con el 70 % de sus salarios aprovechando la desesperación de los compañeros. No sorprende tampoco que el Ministerio de Trabajo no dicte la Conciliación Obligatoria en estos casos, favoreciendo así al grupo empresario. Tampoco es azaroso que luego del vaciamiento de empresas y la posterior recuperación por los trabajadores en cooperativas, sea vetado este legítimo accionar por el Gobierno y devuelto los inmuebles a la patronal corrupta.