Informe ABECEB - Minería
La llegada de nuevas
inversiones dependerá de que Argentina mejore su competitividad
Los elevados costos logísticos, la
baja productividad laboral, la regresividad del sistema tributario, y
la ausencia de un marco regulatorio adecuado son las principales
asignaturas pendientes de la economía argentina que actualmente
afectan la competitividad de la minería y postergan la puesta en
marcha de proyectos de inversión por un monto de 20.000 millones de
dólares, que podrían generar 38.700 empleos directos e indirectos,
según un informe de ABECEB dado a conocer hoy.
“Los proyectos en condiciones de comenzar a producir en la próxima
década son claves ya que con la puesta en marcha de estas
iniciativas, la producción se incrementaría en una tasa promedio
anual de 4,6% hasta 2025. Pero esto sin dudas, dependerá de las
condiciones regulatorias y económicas que exhiba nuestro país”,
aseguró Mariano Lamothe, director de Mercados de Energía, Minería
e Infraestructura de ABECEB.
La importancia del impulso a la actividad en términos de generación
de mano de obra es esencial. Los nuevos proyectos permitirán sumar
un total de 11.800 puestos de trabajo directos y hasta 38.700
considerando contratistas y empleo indirecto. Así, considerando el
total de la minería, a 2025 el sector podría llegar a superar
los120.000 puestos de trabajo considerando proyectos en construcción
e industria de base minera.
No obstante, esta perspectiva de inversiones significativas,
actividad creciente y generación de empleo depende de que se trabaje
en diversos factores que afectan negativamente la competitividad de
la minería argentina. En este menú de variables se destacan:
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Productividad laboral: Se observa una tendencia negativa en la minería argentina, dando como resultado una caída del 45% en dólares y 38% en términos constantes entre 2006 y 2016. En ese plazo, los salarios del sector crecieron un 181% en dólares, muy por encima de la inflación. De esta manera, la productividad por cada dólar de costo salarial mostró una merma muy considerable, derrumbándose a menos de la cuarta parte de su valor.
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Marco inversor: la mayoría de las provincias argentinas califican sensiblemente por debajo de los competidores de la región. Esto es producto de la mayor volatilidad macroeconómica, falta de definiciones en cuestiones normativas clave e incertidumbre respecto a cuestiones fiscales. Salta y San Juan aparecen como las provincias con clima de negocios más favorable, en contraposición a lo que ocurre en Catamarca y Santa Cruz.
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Costos logísticos: el país se encuentra en desventaja debido a elevados costos de transporte y una desfavorable localización de los yacimientos minerales. En particular, la región NOA es la más afectada. El desarrollo ferroviario podría ayudar a reducir los costos en la zona.
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Presión tributaria local: es superior a la observada en Chile y Perú. A su vez, al tratarse de una estructura regresiva, desincentiva la realización de proyectos de rentabilidad media o baja, inhibiendo el desarrollo del sector.
En suma, hay que
considerar que los precios de los minerales evolucionaron
sensiblemente por debajo de las demás variables durante la última
década. Incluso si a esto se adiciona el impacto de la quita de
derechos de exportación, los precios igual se han incrementado
sensiblemente por debajo de la inflación general. Adicionalmente,
debe considerarse el impacto negativo que ha tenido en la
competitividad la importante apreciación real observada entre 2007 y
2015, que no ha sido compensada por el incremento del tipo de cambio
observado a fines de este año. Mientras que el precio de los
“insumos importados” creció 477% en la última década; el IPC
aumentó un 762% y los costos logísticos un 968%.
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“Establecer mejores condiciones de competitividad para la minería
impulsará el crecimiento económico a partir de nuevos proyectos”,
subrayó Lamothe.
Por este motivo, es realmente una prioridad hacer cumplir la Ley de
Inversiones Mineras, garantizando especialmente la estabilidad
fiscal, definir cuestiones regulatorias para eliminar incertidumbres
sobre la autorización de los proyectos mineros futuros, reducir la
conflictividad gremial, y fundamentalmente, revisar el sistema de
tributario.
Para Lamothe es sustancial que “el nuevo sistema tributario del
sector sea el resultado de un consenso entre el gobierno nacional,
provincias y representantes del sector”.
Esta nueva estructura debe reducir la regresividad del sistema, en lo
posible reemplazando tributos que gravan los ingresos por otros que
graven las utilidades en forma progresiva; permitir una mayor
participación de las provincias en la renta minera y respetar la
estabilidad fiscal de los proyectos en actividad. A su vez, una vez
definida la nueva estructura, la realización de los proyectos no
debería a aportes no tributarios creados ad-hoc para cada proyecto.
Carga
tributaria sobre margen operativo. Comparativa Argentina vs Chile y
Perú. Alícuotas 2016
Para potenciar la
actividad también es importante unificar criterios entre provincias
en cuanto a las condiciones ambientales y normativas exigidas a los
distintos proyectos mineros y reducir los costos administrativos para
la exportación e importación, muy superiores a los de los países
vecinos. Además, autoridades nacionales, provinciales, empresas,
sindicatos y diversas organizaciones deberán trabajar conjuntamente
en lo que se refiere a la difusión del aporte económico de los
proyectos, cuidados ambientales y en la reducción de la
conflictividad gremial.