El diario Hoy viene denunciando desde 2013 que los graves hechos de corrupción que ocurrieron durante la era kirchnerista no se podrían haber concretado sin la abierta complicidad de la conducción de la AFIP, siendo Ricardo Echegaray uno de los principales garantes de la impunidad K. Insólitamente, en lugar de estar en el banquillo de los acusados, este personaje nefasto ahora se encuentra al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN), un organismo de contralor que tiene que revisar la gestión de los exfuncionarios que el propio Echegaray encubrió.
Un alto funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) declaró ante la Justicia que ese organismo tributario y la Casa Rosada impulsaron durante los últimos años del kirchnerismo múltiples medidas dirigidas a proteger a Lázaro Báez, evitarle problemas penales e impedir que el fisco nacional le cobrara miles de millones de pesos.
El testimonio judicial de Jaime Mecikovsky, quien llegó a ocupar uno de los puestos más altos dentro de la AFIP hasta que lo desplazaron junto con otros funcionarios por investigar al poder, fue acompañado por copias de resoluciones internas de la AFIP, memorandos e incluso correos electrónicos impresos que confirmaban sus dichos.
Mecikovsky declaró esta semana ante el juez federal Sebastián Casanello en la causa sobre la ruta del dinero K, donde también presentó un escrito. Continúa en la página 12
A lo largo de 95 carillas, describió que la protección oficial que recibió Báez no sólo provocó su desplazamiento y el de otros sabuesos de la AFIP que lo investigaban, sino que también implicó reformas de la normativa del organismo para beneficiar al presunto testaferro de los Kirchner, o incluso, la sanción de la ley 26.476 de moratoria y blanqueo del Congreso, mientras Claudio Moroni se encontraba al frente de la AFIP.
“Moroni fue un entusiasta impulsor del blanqueo de 2009 que se dictó para limpiar los casos vinculados a Lázaro Báez”, afirmó Mecikovsky en su declaración testimonial, según publicó hoy La Nación.
Mecikovsky confirmó incluso que tanto él como otros funcionarios fueron desplazados de sus cargos por investigar a Báez. Entre otros, el entonces titular de la DGI, Horacio Castagnola, y el jefe de la Regional Comodoro Rivadavia -con jurisdicción sobre Río Gallegos-, Norman Williams, así como también Juan Carlos Santos y Carlos Bo, entre otros. Sólo tras el regreso de Abad, volvieron a funciones ejecutivas. En su caso, otra vez como subdirector general de Operaciones Impositivas de Interior.
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