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La Corte Suprema de Justicia declaró hoy inconstitucional un decreto del Poder Ejecutivo que redujo en 2001 la coparticipación federal de impuestos sin autorización del Congreso.
La decisión contó el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, quien dijo que se trata del “fallo más importante” que emitió el máximo tribunal en materia de coparticipación hasta el momento.
El fallo determinó que son inconstitucionales los artículos 1 inciso ‘a‘ y 4ø del decreto 1.399/01 del Poder Ejecutivo Nacional, firmado por el entonces presidente Fernando de la Rúa en noviembre de 2001, en plena crisis económica, financiera y social.
Ese decreto estableció una deducción de recursos coparticipables equivalente (en la actualidad) al 1,9 por ciento de la recaudación neta total de los tributos y de los recursos aduaneros cuya recaudación se encuentra a cargo de la AFIP.
La decisión contó el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, quien dijo que se trata del “fallo más importante” que emitió el máximo tribunal en materia de coparticipación hasta el momento.
El fallo determinó que son inconstitucionales los artículos 1 inciso ‘a‘ y 4ø del decreto 1.399/01 del Poder Ejecutivo Nacional, firmado por el entonces presidente Fernando de la Rúa en noviembre de 2001, en plena crisis económica, financiera y social.
Ese decreto estableció una deducción de recursos coparticipables equivalente (en la actualidad) al 1,9 por ciento de la recaudación neta total de los tributos y de los recursos aduaneros cuya recaudación se encuentra a cargo de la AFIP.
El tribunal declaró que esos fondos eran coparticipables, y en consecuencia que debían devolverse todos y cada uno de los recursos retenidos a las provincias de Santa Fe y San Luis por aplicación de ese decreto, informó el Centro de Información Judicial (CIJ). El fallo favorece a su vez a Córdoba, que sufría los descuentos, aunque no eligió la misma estrategia judicial. En su caso mantiene un litigio abierto en la Corte por la falta de financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones, que también Santa Fe sufre y reclama.
En su decisión, el Tribunal explicó que la deducción fue dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional para financiar la operatoria de la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin que haya mediado ningún acuerdo por parte de las provincias. Esa deducción tampoco podía ser considerada una asignación específica de recursos coparticipables porque no había sido dictada de acuerdo a los recaudos exigidos por el artículo 75, inciso 3° de la Constitución Nacional.
El recorte afecta, en realidad, a todas las provincias, pero el fallo es para las tres que presentaron demandas, es decir Santa Fe, San Luis y Cordoba.
¿Cúanto deberá desenvolver el flamante gobierno de Macri por estos fallos?
Según datos del IARAF, en Santa Fe y Córdoba los números son casi iguales porque tienen casi el mismo número de coparticipación. Para la provincia que gobernará a partir del 10 de diciembre Miguel Lifschitz son alrededor 5.000 millones de pesos y otro tanto para Córdoba, más unos mil millones de pesos de San Luis. Esos números corresponden a lo que inmediatamente recuperará cada estado provincial por la suspensión del recorte del 15%. Pero el fallo es retroactivo y obliga a devolverle a esos estados todo lo recortado desde el 1 de enero de 2006, más los intereses. En este ítem, Córdoba suma unos 19.800 millones y Sante Fe, 19.900 millones de pesos. Y unos 5.000 millones en el caso de San Luis. Pero esto es a valores históricos, advierten en el IARAF. Es decir, que hay que actualizarlo; con una tasa "benigna" del 20% anual, se llega a alrededor de 35.000 millones de pesos para Santa Fe y Córdoba, unos 70.000 millones de pesos entre las dos. Con los 9000 millones actualizados para San Luis, la cifra puede orillar casi 80.000 millones en total, calcularon.
