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El Gobierno nacional y la compañía YPF presentaron por separado las mociones para que el juzgado del distrito sur de Nueva York que conduce Thomas Griesa, desestime la demanda que presentó el fondo especulativo Burford Capital en reclamo de un resarcimiento por la estatización de la petrolera.
Burford Capital compró en España Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Las dos empresas pertenecían al Grupo Petersen controlado por la familia Eskenazi, el que tenía en su poder el 25 por ciento de las acciones de YPF. Para adquirir ese porcentaje del capital de la compañía, el Grupo se había endeudado y como Argentina impidió girar dividendos, las dos empresas no pudieron seguir cumpliendo con sus compromisos de deuda, perdieron su participación y entraron en quiebra.
La moción que presentó ahora el Estado argentino ante el juzgado de Griesa incluye cinco argumentos detallados en 35 páginas, con el objetivo de que el tribunal rechace el reclamo.
Para Argentina, la demanda no debería prosperar porque "se basa exclusivamente en las disposiciones de los estatutos de la empresa (por YPF), que están incorporados y gobernados por la ley argentina". En ese sentido, Burford Capital tomó el estatuto de YPF para sostener que luego de la expropiación, el país estaba obligado a presentar una oferta a todos los que adquirieron acciones de la compañía. El fondo sostuvo que el pago no se concretó y las empresas Petersen perdieron su participación en la petrolera estatizada.
Pero los abogados del estudio Akerman, que defiende al Gobierno en esta demanda, consideraron que ese argumento no es válido porque "no se puede aplicar cuando el país ejerce su poder soberano para expropiar, que está incluido en la Constitución Nacional". De acuerdo al diario El Cronista Comercial, los letrados aseguraron también que "ni los estatutos de YPF ni de ninguna otra empresa argentina pueden imponer legalmente a la República a realizar una oferta en el caso de expropiación".
Otro de los argumentos es que la demanda viola la doctrina Champerty que prevé la Ley del Poder Judicial de Nueva York. Esa norma afirma que "ninguna persona natural o jurídica (...) puede comprar documentos de crédito vencidos (...) con la intención y el propósito de interponer una acción o un proceso judicial con respecto a la misma". En ese sentido, la legislación norteamericana prohíbe la compra de deuda para litigar en la jurisdicción de Wall Street.
Por su parte, YPF presentó una moción de 26 páginas en las que sostuvo que la demanda "tiene múltiples defectos", entre ellos, que el tribunal elegido para el reclamo "carece de jurisdicción sobre el asunto".
Los abogados de la firma Chadbourne & Parke sostuvieron que la petrolera es inmune a la demanda a menos que Burford Capital base su denuncia en torno a una excepción aplicable a la inmunidad soberana (la excepción de actividad comercial). "La única excepción invocada no se aplica porque el reclamo no está basado en la actividad comercial, sino en la decisión soberana de la Argentina de nombrar un interventor y expropiar una participación mayoritaria en YPF", según los documentos a los que accedió el matutino.
La petrolera también argumentó que ese tipo de acciones se realizaron en Argentina y no tienen un efecto directo en Estados Unidos.
Otro de los argumentos sostuvo que la estatización de las acciones, "en cualquier caso, no podría haber causado a Petersen ningún daño porque la República no votó la expropiación de esas acciones hasta después de Petersen entrara en default y sus prestamistas asumieran el control de sus acciones".
Eso quiere decir que Petersen ya había perdido todo derecho a las acciones en el momento en que Argentina votó y que el reclamo por falta de pago de dividendos se basa "en un acuerdo entre Repsol y Petersen del que YPF no fue parte".
La moción que presentó ahora el Estado argentino ante el juzgado de Griesa incluye cinco argumentos detallados en 35 páginas, con el objetivo de que el tribunal rechace el reclamo.
Para Argentina, la demanda no debería prosperar porque "se basa exclusivamente en las disposiciones de los estatutos de la empresa (por YPF), que están incorporados y gobernados por la ley argentina". En ese sentido, Burford Capital tomó el estatuto de YPF para sostener que luego de la expropiación, el país estaba obligado a presentar una oferta a todos los que adquirieron acciones de la compañía. El fondo sostuvo que el pago no se concretó y las empresas Petersen perdieron su participación en la petrolera estatizada.
Pero los abogados del estudio Akerman, que defiende al Gobierno en esta demanda, consideraron que ese argumento no es válido porque "no se puede aplicar cuando el país ejerce su poder soberano para expropiar, que está incluido en la Constitución Nacional". De acuerdo al diario El Cronista Comercial, los letrados aseguraron también que "ni los estatutos de YPF ni de ninguna otra empresa argentina pueden imponer legalmente a la República a realizar una oferta en el caso de expropiación".
Otro de los argumentos es que la demanda viola la doctrina Champerty que prevé la Ley del Poder Judicial de Nueva York. Esa norma afirma que "ninguna persona natural o jurídica (...) puede comprar documentos de crédito vencidos (...) con la intención y el propósito de interponer una acción o un proceso judicial con respecto a la misma". En ese sentido, la legislación norteamericana prohíbe la compra de deuda para litigar en la jurisdicción de Wall Street.
Por su parte, YPF presentó una moción de 26 páginas en las que sostuvo que la demanda "tiene múltiples defectos", entre ellos, que el tribunal elegido para el reclamo "carece de jurisdicción sobre el asunto".
Los abogados de la firma Chadbourne & Parke sostuvieron que la petrolera es inmune a la demanda a menos que Burford Capital base su denuncia en torno a una excepción aplicable a la inmunidad soberana (la excepción de actividad comercial). "La única excepción invocada no se aplica porque el reclamo no está basado en la actividad comercial, sino en la decisión soberana de la Argentina de nombrar un interventor y expropiar una participación mayoritaria en YPF", según los documentos a los que accedió el matutino.
La petrolera también argumentó que ese tipo de acciones se realizaron en Argentina y no tienen un efecto directo en Estados Unidos.
Otro de los argumentos sostuvo que la estatización de las acciones, "en cualquier caso, no podría haber causado a Petersen ningún daño porque la República no votó la expropiación de esas acciones hasta después de Petersen entrara en default y sus prestamistas asumieran el control de sus acciones".
Eso quiere decir que Petersen ya había perdido todo derecho a las acciones en el momento en que Argentina votó y que el reclamo por falta de pago de dividendos se basa "en un acuerdo entre Repsol y Petersen del que YPF no fue parte".
nosis
