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A medida que pasan las horas, distintos indicios van aumentando la impresión de que la hipótesis del suicidio de Alberto Nisman está en crisis. Esto no quiere decir que la investigación que conduce la fiscal Viviana Fein tenga ya un rumbo seguro. Sí parece claro que la presunción del homicidio de Nisman acaba de instalarse en el escenario electoral como un dato central. Desde el retorno de la democracia en el ‘83, nunca una campaña electoral estuvo marcada por el presunto asesinato de un magistrado federal. Las proyecciones políticas del hecho dan para plantearse distinto tipo de interrogantes. Para empezar, si la sospechosa muerte de Nisman puede implicarle al gobierno una baja en su caudal de votos. En este aspecto hay serias dudas. Como coinciden la mayor parte de los consultores políticos, los sectores que continúan fieles al kirchnerismo difícilmente cambien de opinión por el caso Nisman, como no lo hicieron ante el escándalo de lavado de dinero de Lázaro Báez. Y menos aún la inmensa masa del voto clientelista que se moviliza en función de los planes sociales y las prebendas. Sí parece razonable suponer que la imagen positiva de CFK va camino a un nuevo derrumbe. Ella no sólo fue imputada directamente por Nisman de tramar un pacto de impunidad sobre el atentado a la AMIA, junto con el gobierno de Irán, sino que ante el supuesto suicidio reaccionó en forma incalificable, planteando cuestionamientos a Nisman y sin siquiera molestarse en comprometer toda la colaboración del gobierno para esclarecer el hecho. Esta reacción despreciable del gobierno concuerda con la sospechosa e ilícita presencia de Sergio Berni en el departamento de Nisman aun antes que interviniera la justicia.
Un segundo interrogante es hasta dónde llegará el juez federal Ariel Lijo en la investigación del hecho. Si aparecieran pruebas que confirmen la hipótesis del homicidio y Lijo estableciera alguna vinculación entre el hecho y sectores que responden al oficialismo, estaríamos a las puertas de un tembladeral político-institucional con la posibilidad de que se debata en la Cámara de Diputados un pedido de juicio político a la presidente y que se multipliquen las movilizaciones callejeras en contra del gobierno, aparte del repudio internacional. Este cuadro, para nada improbable, implicaría un debilitamiento político grave de la presidente en sus últimos meses en el poder. A ella le costaría entonces imponer su voluntad para armar las listas para senadores y diputados nacionales a su gusto, así como para intervenir en las candidaturas bonaerenses sacando y poniendo según su capricho. Tanto La Cámpora como Carlos Zannini y los demás que integran el núcleo duro del kirchnerismo quedarían a la defensiva. Obviamente, quien capitalizaría esta acelerada pérdida del poder de decisión sería Daniel Scioli. Tanto los gobernadores como los intendentes justicialistas del conurbano, administradores de los votos oficialistas, se volcarían claramente hacia Scioli como la única opción electoral del poscristinismo.
La otra alternativa es que la investigación de Lijo no muestre grandes avances y que el transcurso de las semanas, ayudado por la campaña de distracción que montaría la Casa Rosada, hiciera que se diluya el “efecto Nisman” y que, para las primarias de agosto, el tema haya perdido la gran relevancia que hoy tiene.
Los indispensables fueros
Un tercer interrogante -y no menor- es si algunos de los precandidatos presidenciales de la oposición tomarán el caso Nisman como bandera para la campaña electoral. Hasta ahora, con sus distintos matices y con la esperada excepción de Elisa Carrió, tanto Ernesto Sanz como Sergio Massa, Mauricio Macri y Hermes Binner fueron críticos pero sumamente cautelosos. Es obvio que la oposición se vio sorprendida por la imputación directa de Nisman a la presidente y más aún por la muerte de éste.
Pero si el caso precipitara un estado de movilización permanente de la clase media de las grandes ciudades, se convertiría en un punto de referencia electoral obligado.
Otra pregunta que vale la pena hacerse es si el probable homicidio es o no el comienzo de una escalada de violencia política coincidente con la enorme resistencia del cristinismo a abandonar el poder, visto que es altamente probable que, después del próximo 10 de diciembre, la presidente y muchos de sus actuales funcionarios, sean procesados por distintos hechos de corrupción, a lo que se le suma ahora la causa AMIA.
De más está decir que el caso Nisman está convirtiendo en una necesidad ineludible que CFK cuente con fueros a partir de que entregue el poder. Hasta ahora, la única opción sin riesgo alguno es la candidatura a diputada del PARLASUR, que le permitiría permanecer en libertad aun estando procesada. Sea ésta u otra candidatura -por ejemplo primera diputada nacional por Buenos Aires-, el protagonismo de Cristina en la campaña electoral sería un lastre importante para Scioli o para cualquiera que resulte candidato.
Un último tema para dejar abierto es qué nivel de presión externa sufrirá el gobierno por parte de los factores de poder externos. Como es obvio, el Estado de Israel es el principal interesado en que la causa AMIA -y ahora la causa Nisman- no se extingan en los cajones de la justicia argentina.
