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El equipo jurídico presidencial estaría trabajando intensamente en la definición de varias estrategias alternativas, todas con el mismo objetivo. Que la investigación iniciada por el juez federal Claudio Bonadío sobre Hotesur, pase a otro magistrado más confiable para la Casa Rosada, lo que le permitiría al gobierno sostener que la causa está bajo control y que se aleja el riesgo que aquél avance citando, por ejemplo, a Osvaldo “Bochi” Sanfelice y el ex gobernador de Santa Cruz, Carlos Sancho, dos socios de Máximo Kirchner en la inmobiliaria que lleva el nombre de ambos. El diagnóstico de los operadores de la Casa Rosada es optimista en un punto central: la llamada causa Báez la tramita Sebastián Casanello, un juez amigo del poder y las nuevas investigaciones de Bonadío en torno a Hotesur podrían considerarse como parte de aquella. Es decir que Casanello, hoy junto con Norberto Oyarbide el juez más confiable para el poder político, podría reclamar el expediente invocando su conexidad con el que ya está a su cargo. También el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart, que pronto podría ascender a camarista gracias a los buenos oficios de parte del gobierno, tiene lo suyo para decir en el tema. López Biscayart pidió a la AFIP que determine de oficio cuánto dinero le debe la empresa Valle Mitre -la compañía de Lázaro Báez que administraba todos los hoteles de los Kirchner- en concepto de evasión fiscal.
Hilando fino
El punto crítico de la contraofensiva que está a punto de iniciar el gobierno es determinar cuándo se iniciaría y en qué Sala de la Cámara de Apelaciones recaería la resolución de la competencia en el caso de que Bonadío se negara a declinar la competencia en favor de Casanello. Naturalmente, sería el deseo oficial que el sorteo recayera en la Sala I, integrada por Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler, que es la que tiene en su contabilidad mayor cantidad de fallos favorables al gobierno. Esta sala tramita las apelaciones del procesamiento del vicepresidente Amado Boudou y el resto de los acusados en el caso de la apropiación de la imprenta Ciccone, y deberá decidir si confirma o rechaza esa decisión que complica al funcionario. En el laboratorio K, algunos imaginan una maniobra de alto impacto. Si la Sala I quedara a cargo de decidir si Bonadío o Casanello continúan con la causa Hotesur, la misma optaría por el segundo pero casi simultáneamente confirmaría el procesamiento de Boudou y demás imputados en el caso Ciccone. De este modo, se pretendería dar una imagen de equilibrio y disimular que, en realidad, lo único que importa hoy por hoy en el ajedrez judicial es proteger a la dama, sacrificando para ello a un alfil cada vez más incómodo y prescindible, como es el vicepresidente.
