30 PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

Documento presentado públicamente el 15 de Marzo de 2014 en EXPOAGRO ARGENTINA

Grupo de Acción Política por la Unidad

Anchorena José - Bernaudo Guillermo - Colombres Mercedes - Domínguez Andrés - Rossi Hugo - Sarquis Leonardo

s Los autores agradecen los valiosos aportes de expertos, profesionales y referentes consultados en el proceso de elaboración del presente, en especial las contribuciones en el capítulo tributario efectuadas por Santiago Sáenz Valiente.

POLITICAS IMPOSITIVAS

1 – ELIMINACION INMEDIATA DE TODOS LOS DERECHOS DE EXPORTACION SOBRE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EXCEPTO SOJA Y SUBPRODUCTOS (GRANOS Y SUBPRODUCTOS DERIVADOS, PRODUCTOS DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES Y TODAS LAS CARNES, INCLUYENDO BOVINAS Y AVICOLAS).

Los derechos sobre las exportaciones son, esencialmente, un impuesto transitorio y de emergencia. Son asimismo un impuesto distorsivo, que desalienta la producción, y que al aplicarse sobre las ventas brutas no tiene en cuenta los márgenes reales de ganancia y rentabilidad de cada productor. Pensamos que en un esquema tributario coherente con nuestro proyecto de país y sostenible en el largo plazo debe contemplarse la eliminación definitiva de dichos derechos de exportación. Proponemos para los productos mencionados una eliminación completa e inmediata de los derechos de exportación. El impacto fiscal de esta propuesta es relativamente menor. El impacto productivo positivo de la rebaja en cada una de las cadenas, y con ellas en las regiones del interior en donde se producen, será muy importante medido en términos relativos al costo fiscal. Además de esta manera se ampliará las bases de los impuestos coparticipables (IVA y Ganancias).

2 - REDUCCION PAULATINA DE DERECHOS DE EXPORTACION SOBRE SOJA Y SUBPRODUCTOS DEL COMPLEJO SOJERO, A UN RITMO DE 5% ANUAL, TENDIENDO A ELIMINACION EN MEDIANO PLAZO.

En el caso de la soja, tanto como poroto como por subproductos de aceite, atendiendo a las necesidades fiscales del Estado, la reducción propuesta es de 5 puntos porcentuales respecto a los niveles vigentes para cada producto, de forma tal de llegar a una eliminación total de los mismos en un plazo de seis años desde el inicio de la aplicación del nuevo esquema y un periodo menor en algunos subproductos.

3 – BAJA DE PRESION TRIBUTARIA EFECTIVA EN IMPUESTO A LAS GANANCIAS e IVA – AMORTIZACIÓN ACELERADA

En la actualidad se han generado fuertes distorsiones y perjuicios debido a cambios normativos incoherentes hechos a lo largo del tiempo, algunas regulaciones puntuales, y fundamentalmente, y por la inflación de los últimos años. El impuesto a las ganancias debe gravar las ganancias reales de la actividad económica –y no ganancias ficticias generadas por la inflación -, no debe generar costos financieros al contribuyente, y debe tener mínimos no imponibles coherentes con la inflación. Hay algunos ejemplos de estas distorsiones en la agroindustria que se pueden corregir de forma sencilla, como eliminar la aplicación de I. a las Ganancias a lo que se denominada “resultado por tenencia”, solo aplicable a las empresas agropecuarias. En cuanto al IVA debe corregirse el esquema hacia una mayor simplificación. Tanto para IVA como para Ganancias, proponemos permitir la utilización de los “saldos a favor” sin restricciones por parte del contribuyente.

De esta manera respecto a estos dos impuestos, proponemos bajar su presión tributaria efectiva (más allá del valor de las alícuotas) mediante la eliminación de “saldos a favor”, la disminución de costos financieros, la simplificación tributaria y la eliminación de la asimetría de costos de interés entre el contribuyente y el fisco.

Asimismo proponemos la amortización acelerada de las inversiones de manera de incentivar la inversión en todo tipo de capital físico, tal como maquinaria agrícola, galpones, alambrados, fábricas, etc.

4 – TOMAR COMO PAGO A CUENTA EL “IMPUESTO AL CHEQUE”.

El llamado “impuesto al cheque” (impuesto a los débitos y créditos bancarios) es claramente distorsivo y desincentiva la formalización de la economía y el uso de servicios financieros. Proponemos que de manera progresiva dicho impuesto pueda ser tomado a cuenta de otros impuestos nacionales, llegando finalmente a que sea tomado al 100% (en este momento se toma en un 17%). De esta manera se consiguen varios objetivos: remover el incentivo a la no bancarización, coparticipar en un 100% lo recaudado por esta vía, y reducir la presión fiscal sobre la economía en general, y en particular a las PYMES; que son la inmensa mayoría de las empresas agroindustriales.

5 – CAMBIOS EN EL IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES.

En el corto plazo, es ineludible actualizar el piso de este impuesto, que ha perdido sentido por la persistente inflación. Asimismo hay que modificar la actual estructura legal de dicho mínimo, transformándolo en un “mínimo no imponible”, es decir, que el impuesto se pague por el excedente de patrimonio mayor al mismo, y no por el total. En el mediano plazo, proponemos eliminar dicho impuesto a nivel nacional, y dejarlo en la esfera provincial, ya que el patrimonio es una base imponible propia de las provincias por la Constitución Nacional. La recaudación total de bienes personales es de $10.300 millones en 2013, el cual es distribuido por fuera de la coparticipación, pero de forma automática y con los mismos coeficientes (sin dar una fracción a la ANSES), de modo que el Tesoro resignaría el unos $4.100 millones (40.24%), cercano al 0.5% de los ingresos totales del fisco, lo que no resultaría en dificultades fiscales.

6 – SIMPLIFICACION DE LOS REGIMENES DE INFORMACION.

Existen en la actualidad una multiplicidad de obligaciones y regímenes de información ante el fisco (RFOG, RUCA, Registro de Contratos), que en muchos casos implican entregar varias veces y a diversas oficinas públicas la misma información, lo que genera un costo excesivo de administración para los productores. Asimismo, esta verdadera maraña de regulación hace también muy difícil el cumplimiento de las normas, incluso sin intención de evadir. Por último, las regulaciones otorgan un excesivo y arbitrario poder de castigo a la AFIP y otros organismos, que pueden imponer sanciones tales como suspensión del RFOG o considerar al productor en inconducta fiscal, sin que los parámetros estén claros. Proponemos revisar esta regulación tendiendo a su simplificación, unificación, y fijar parámetros claros para la aplicación de sanciones y la posibilidad de recurrir las mismas.

POLITICAS COMERCIALES

7 - APERTURA DE LAS EXPORTACIONES Y ELIMINACION DE LOS REGISTROS DE OPERACIONES DE EXPORTACION.

En nuestro proyecto de país pretendemos ser una potencia exportadora, y eso requiere un horizonte claro para que cualquier actor de la cadena (procesador, comercializador, acopiador, exportador) pueda exportar sin trabas ni arbitrariedades. La existencia de permisos, cupos y cuotas auto-impuestas para las exportaciones agroindustriales, consagradas por el esquema de Registros de Operaciones de Exportaciones (ROEs), llevó al extremo de prohibir de hecho dichas exportaciones y ha sido uno de los elementos más nocivos de los últimos años. Se han generado transferencias de ingresos injustas entre sectores, falta de previsibilidad, desincentivo a las inversiones de largo plazo, e incluso sospechas de corrupción en torno a dicho sistema. En tal sentido, proponemos la eliminación de los ROE y la derogación de toda la normativa dictada respecto a los mismos desde 2006 hasta la fecha. Proponemos como señal hacia el largo plazo, tanto para los actores locales como para los compradores, que dicha medida se tome por una Ley del Congreso. Esta propuesta tuvo apoyo de todos los bloques opositores en la Cámara de Diputados de la Nación (Coalición Cívica, PRO, UCR, Partido Socialista, Peronismo Federal) en 2010 y obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Agricultura y Ganadería (Expte. 3778-D-2010).

8 – POLITICA COMERCIAL EXTERNA ESTRATEGICA.

Además de eliminar las trabas propias al comercio exterior, es necesario tener una política proactiva de acceso y recuperación de mercados, la cual debe ser orientada de manera estratégica según las capacidades y potencialidades de Argentina y las demandas y oportunidades que existen en el mundo. Proponemos establecer una estrategia común con otros países productores sobre negociación internacional, apertura de agregadurías en países con demanda relevante para nuestros productos, y trabajo específico y profesionalizado en algunos temas clave del mercado actual, en particular, en articulación con otras oficinas del Estado y con el sector privado en el cumplimiento de los estándares sanitarios, de trazabilidad y de calidad que los países demandantes requieren. Esto implicará importantes incrementos en el valor agregado de las exportaciones agroindustriales.

9 – ELIMINACION DE LA INTROMISION ARBITRARIA PARA LA COMERCIALIZACION INTERNA.

Proponemos la eliminación de precios sugeridos, máximos, cuidado, o pseudo-acuerdos de precios y distribución, ya sea de derecho y de hecho (“escuelita”).

10 – ELIMINACION DE LA UCESCI.

El nuevo esquema de comercialización que proponemos implica eliminar intervenciones e injerencias arbitraria, sin por ello dejar de ejercer todas las potestades de control de estado (sanitarias, fiscales, aduaneras, etc), por cada uno de los organismos especializados (SENASA; AFIP; ADUANA y demás). En este marco, la existencia de un organismo como la UCESCI, sucesora de la ONCCA, pierde sentido, por lo que proponemos su eliminación y la recuperación de sus atribuciones de fiscalización general por parte de otras dependencias de los Ministerios y Secretarias correspondientes.

11 - TRANSPARENCIA Y FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS.

Hay acciones concretas que se pueden hacer para que los mercados internos funcionen mejor y de manera más transparente. Proponemos la creación de Precios de Pizarra para lácteos y productos regionales. En esta línea vienen trabajando actores privados de dichas cadenas productivas y deben ser apoyados por el Estado. También desde el sector público se debe apoyar el fortalecimiento técnico de MATBA y Mercados de Futuros, a través de la auditoría estatal, así como medidas específicas para mejorar la gestión de futuros, coberturas, y warrants.

POLITICAS DE INNOVACION Y DE USO Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES

12 – REVERTIR LOS ERRORES DE POLÍTICA PÚBLICA EN LA INDUSTRIA DE BIODIESEL.

La industria de biodiesel de soja fue una de las buenas novedades para el país y el sector en el perÍodo 2006-2012. Principalmente por la existencia de un diferencial arancelario entre la exportación de aceites y de este producto, y atado a la demanda generada por el corte obligatorio de la Unión Europea, se desarrolló esta industria. Se logró un éxito resonante, ya que se logró vender al mundo al punto de liderar las exportaciones de dicho producto. En 2012, diversas medidas, muchas de ellas contrarias entre sí en pocos meses, aumentaron las retenciones y cambiaron los cupos internos de exportación, generando una pérdida de rentabilidad en toda la industria y serios problemas en especial a las empresas más chicas. Planteamos en concreto dar marcha atrás con estas medidas equivocadas, es decir, derogación de los Decretos del PEN Nº 1.339 y 1.719 de 2012, de la mano de una eliminación gradual de retenciones, como explicamos más arriba, para volver a exportar y recuperar el camino de crecimiento de la industria.

13 – LEY CONABIA – FORTALECER MECANISMO DE APROBACIÓN DE EVENTOS.

La tecnología, la innovación y los organismos genéticamente modificados, usados con buenas prácticas agrícolas, han sido y son el pilar del éxito de la agricultura argentina de las últimas décadas. A los fines de asegurar la posibilidad de que nuestro país se mantenga en la avanzada del uso de genética y biotecnología, condición que está perdiendo, es fundamental disponer de un marco institucional acorde y moderno. Como puntos fundamentales se dará a la CONABIA sustento legal con una Ley que la independice de los vaivenes políticos y un riguroso mecanismo de profesionalización a través de concursos para la determinación de sus integrantes y auditoría de su accionar.

14 – LEY DE SEMILLAS – IMPULSAR EL PROYECTO ACORDADO EN JUNIO DE 2010.

Asimismo se promoverá la sanción de una ley de semillas que atienda los acuerdos de todos los actores y que sobre todas las cosas logre destrabar el atraso en el desarrollo genético y biotecnológico en que se encuentra nuestro país. En tal sentido, en junio del 2010 en el seno de la CONASE se discutió y acordó con toda la cadena un proyecto que contempla: a) el “derecho al uso propio del agricultor” (de guardar semilla comprada en una siembra anterior y usarla para la nueva siembra) no debe superar la cantidad de hectáreas sembradas en el período anterior ni requerir mayor cantidad de semillas que la adquirida originalmente; b) el “derecho del obtentor” para que se reconozca y pague la mejora genética a quien ha desarrollado la misma; y c) la “excepción del fitomejorador”, que implica la posibilidad de utilizar la variedad protegida, sin necesidad de autorización de su titular, para la creación de una nueva variedad, como forma de no restringir la innovación y mejora de variedades. Sostenemos las líneas generales de este proyecto, y promovemos que se discutan mejoras y actualizaciones al mismo, y sobre esa base forjar la nueva ley.

15 - INNOVACION Y AGREGACION DE VALOR – CERTIFICACIONES DE CALIDAD.

Se establecerán los mecanismos y normas para que nuestro país pueda acceder a mercados de productos cuya certificación de determinados agregados de valor sea requerida. En este sentido es necesario actualizar muchos estándares de calidad que hoy no nos permiten agregar valor e incorporar nuevas certificaciones, para las cuales el rol del Estado es requerido a través de diversos organismos (Ministerio de Agroindustria, Aduanas, etc.) y el abandono que se ha hecho de una política sería y expansiva de nuestras exportaciones nos pone en una situación de retraso que no es posible mantener.

16 - LEY DE PRESUPUESTOS MINIMOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL.

A nivel nacional no existe una ley en tal sentido, lo que implica que el país carece, ni siquiera en sus grandes rasgos, de una estrategia de uso, manejo y resolución de conflictos relacionados con el suelo y los recursos naturales relacionados al mismo. Dicho debate debe darse en el Congreso de la Nación y contener “presupuestos mínimos”, es decir, pautas generales de manejo, que acorde al mandato constitucional, luego serán las provincias, por ser las titulares de los recursos naturales, las que las apliquen y complementen en sus territorios. Los contenidos de dicha ley deberán ser discutidos de manera amplia con todos los sectores, ya que implican el uso industrial, residencial, turístico y demás del uso del suelo, y los potenciales conflictos entre ellos. Es fundamental que dicho debate incluya todos los aspectos requeridos para el desarrollo sustentable en lo ambiental pero también en sus aspectos económicos y sociales.

17 – REVISIÓN DE LA LEY 26.331 DE BOSQUES NATIVOS Y DE SU REGLAMENTACIÓN.

La enorme demora en la sanción por parte de las provincias de sus respectivos ordenamientos territoriales de bosques nativos, los conflictos aún vigentes en algunas de las que los han sancionado, y el incumplimiento de la Nación de la mayoría de las obligaciones asumidas en la Ley ameritan que la misma sea revisada, lo mismo que su reglamentación. El enfoque parcial de la Ley, sin una visión acorde con una propuesta de desarrollo regional integral y con una reglamentación que en algunos aspectos no contempla la diversidad de situaciones regionales amerita un nuevo debate que contemple una visión más amplia y atienda los aspectos en los que se centran las dificultades existentes. Es necesario recopilar las dificultades reales ocurridas en la implementación de la Ley, evaluar su impacto en el desarrollo de cada región y revisar la Ley en aquellos aspectos que originan estos problemas.

18 – LEY NACIONAL DE PRESUPUESTOS MINIMOS DE MANEJO Y APLICACIÓN DE AGROQUIMICOS.

Como cualquier insumo industrial, los agroquímicos deben ser usados con profesionalidad, cuidado y supervisión. Como cualquier otra actividad que utiliza recursos naturales, las empresas y productores involucrados deben ser responsables por sus acciones. Ahora bien, el debate respecto al tema agroquímicos se ha teñido de opiniones sin fundamento en hechos concretos y muchos prejuicios, que en algunos casos fueron potenciados al ser receptados en algunas legislaciones locales, lo que ha complicado la discusión. Es en tal sentido que proponemos una ley nacional que regule estándares básicos de uso y manejo, y en su caso, responsabilidades de los diferentes eslabones de la cadena de agroquímicos y penalidades por incumplimiento. También la ley debe obligar a los distintos niveles de gobierno la aceptación de las características de toxicidad, normas de uso, etc., determinadas por SENASA o las autoridades competentes. En particular, cuestiones referidas a la aplicación de los mismos por los productores, así como la disposición de envases, y también obligaciones de los industriales y distribuidores, deben ser incluidas en esa ley. Esta reglamentación clara de nivel nacional puede salvar discusiones, proteger el ambiente y la población de riesgos potenciales y servir para el crecimiento de la producción. Proponemos en este sentido tomar como base de regulación el Proyecto del Diputado de la UCR Juan Casañas de 2012 (Expte 8602)

POLITICAS DE FOMENTO AGROINDUSTRIAL, DESARROLLO RURAL Y EMPLEO.

19 – NUEVA LEY NACIONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO.

Proponemos una regulación nacional sobre Políticas de Fomento Agroindustrial, capaz de ordenar, priorizar, presupuestar y controlar todas las normas de fomento que hoy existen dispersas, desordenadas y sin control ni presupuestario ni de resultados. De esta manera será el Congreso quien discuta y decida cuáles serán los a) Objetivos b) Sectores c) Requisitos y Condiciones d) Tipos de ayuda y e) Contraprestaciones de cada uno de los programas de fomento. Asimismo, consideramos que dicha ley debe agregar a los actuales programas de fomento las siguientes características, hoy ausentes: i) la condicionalidad del beneficio (es decir, debe existir algún tipo de contraprestación u objetivo a cumplir por parte del privado que recibe el beneficio estatal), ii) la evaluación de impactos y resultados de los proyectos, y iii) la existencia de auditoría y controles a todo el esquema de fomento (AGN, SIGEN, etc.). Dicha ley regirá por 5 o 10 años, y su renovación y la de sus proyectos estarán atadas a dichas evaluaciones de impacto y controles realizados. Si bien el centro de nuestra propuesta es que exista y se defina por el Congreso este nuevo esquema institucional de fomento, adelantamos algunos de los contenidos concretos que proponemos para dicha Ley. Entre los objetivos debemos apuntar a alargar las cadenas de valor, agregando procesamiento a diferentes productos, como pueden secado de leche, frigoríficas o procesamiento de frutas y hortalizas. Respecto a sectores, se puede fomentar la reconversión de las industrias forestales, las de bioenergías, y determinadas economías regionales. También se fomentaran cuestiones de impacto social o ambiental, como el arraigo rural, la rentabilidad de diversas escalas, o la mejora en el uso de los recursos naturales. Cuestiones a evaluar serán también el fomento de la cobertura por seguros privados de riesgo agropecuario y el acceso al crédito para productores de diversas escalas, entre otros. Esta ley de fomento complementará el incentivo a la inversión y el empleo que implicará la amortización acelerada de la inversión y otras medidas que mejoren la rentabilidad de los productores, explicitadas en el capítulo tributario.

20 – NUEVOS MERCADOS CONCENTRADORES DE DIFERENTES ESCALAS - AGRICULTURA FAMILIAR.

El mayor problema de la agricultura familiar es su poco o deficiente acceso a mercados en general. Por ello proponemos la creación de nuevos y diversos mercados concentradores en el territorio del país, de diferentes escalas. Estos mercados no fijarán precios o distribución, sino que acercarán a las partes de la cadena y ahorrarán costos operativos a los productores. El sector público actuará como articulador y garante de la competencia, favoreciendo el acceso de productores, intermediarios y consumidores.

21 – MEJORAR LA REGLAMENTACION DEL REGIMEN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO (RNTA).

La reciente reforma por la Ley 26727 ha dejado algunas dudas o implicado reformas de difícil implementación práctica, que pueden y deben ser mejoradas por vía reglamentaria, más aun si como proponemos, dicha reglamentación se hace en dialogo tripartito (gobierno, trabajadores y empleadores) y con la consideración que la ley contempla de las diferentes realidades productivas regionales. En particular deben detallarse cuestiones referidas a las condiciones de estabilidad para trabajadores llamados “golondrina” (según el régimen anterior tratados como no permanente, hoy tratados como temporarios o permanentes de prestación discontinua, según el caso), a la solidaridad ante los incumplimientos de la ley laboral, y a las condiciones de vivienda, traslados e infraestructura.

22 - RECUPERACION DEL RENATRE.

El RENATRE fue un órgano tripartito, con participación de todos los sectores, que tuvo un enorme éxito en lograr la formalización de los trabajadores del sector. Aun a pesar de este éxito, por cuestiones de alineamiento partidarios totalmente ajenas a la eficiencia del organismo y la realidad sectorial, el mismo fue reemplazado por el RENATEA y le fue quitada su gestión conjunta al directorio compuesto por la UATRE y las demás entidades gremiales y cámaras del sector. Creemos que debe darse marcha atrás con esta medida, y recuperar el sendero de aumento de la formalización por incentivos y trabajo conjunto.

POLITICAS ESPECIFICAS y SECTORIALES

23 – PLAN DE INFRAESTRUCTURA FEDERAL, CON OBRAS CENTRALES PARA LA AGROINDUSTRIA.

En el marco del ineludible plan de infraestructura nacional que nuestro país debe encarar, tanto en infraestructura productiva como social, todos los principales modos de transporte deben ser potenciados de manera de incrementar la competitividad sistémica de los agronegocios y sus industrias. Estos modos son el vial, el hídrico y portuario, y el ferroviario de cargas. El transporte vial será prioridad, pensando en ampliar la red de autopistas, repavimentar rutas y mejorar los caminos rurales. En cuanto al transporte de cargas ferroviario, debido a la fuerte desinversión del sistema y los altos costos de inversión, se deberá priorizar la recuperación de algunas obras troncales, tales como el Belgrano Cargas. También tendrá alta prioridad el balizamiento y dragado de vías navegables, en conjunto con la mejora y ampliación de puertos y de accesos a los mismos. La magnitud de las obras impone buscar alternativas mixtas tanto de financiamiento como de ejecución, que incluyan al sector público, a las empresas privadas, al financiamiento internacional y a los fondos de cooperación multilateral. Según estudios de la Fundación Pensar, el monto de inversión en los rubros prioritarios de infraestructura de transporte ascendería a 18.500 millones de dólares en cuatro años.

24 - PLAN DE AGUAS – OBRAS HIDRICAS DE MANEJO DE CUENCAS, RIEGO y CONTROL DE INUNDACIONES.

En complemento al plan de infraestructura de transporte, Argentina debe encarar el desafío de manejar uno de los recursos estratégicos que posee en abundancia y que hoy malgasta y desmaneja. Hoy existen 2,3 millones de hectáreas bajo riego de las cuales 450 mil están mecanizadas por pivote. El potencial de riego es de 16 millones de hectáreas. Existe la tecnología disponible para aprovechar al máximo nuestras cuencas, evitar pérdidas por inundaciones y sequÍas, y de esta manera ampliar la frontera productiva y mejorar la productividad de las actuales tierras trabajadas, todo de la mano de una manejo más amigable con el medio ambiente y evitando el despilfarro. Este plan de obras será articulado entre Nación, Provincias y Municipios, con un rol central de los usuarios privados, contemplando que en los casos en que las obras puntuales en tierras privadas generen mejoras concretas para propietarios rurales las mismas sean realizadas o solventadas por los beneficiarios.

25 - ALIMENTACION INTERNA.

Proponemos perfeccionar las normas de calidad, sanidad y certificación, e incrementar el esfuerzo de control y cumplimiento de la normativa vigente. Los detalles de esta medida y la ejecución cotidiana serán encarados, como proponemos más adelante, por organismos fortalecidos técnicamente, en este caso el SENASA, el Ministerio de Agroindustria y las Direcciones Provinciales de Seguridad Alimentaria.

26 – COMERCIO EXTERIOR ESPECIFICO PARA GANADERIA VACUNA.

Proponemos trabajar para la apertura de una Cuota Americana de embarques de carne a Estados Unidos, avanzar en la implementación de la ya existente Cuota de Feed-Lot para el mercado europeo, que no hemos aprovechado, y apertura de mercados emergentes. Respecto a la Cuota Hilton, hoy en día la arbitrariedad en la distribución, sumada a la intervención de hecho de los mercados de exportación, nos ha llevado a incumplir envíos ya autorizados por Europa, con pérdida de divisas para el país y empleo para todos, además de afectar nuestro prestigio como proveedores de carne vacuna. Para revertir esto, proponemos volver al antiguo esquema de distribución de Cuota Hilton que se inició en 2005, luego de diversos problemas de gestión, judiciales, y de aftosa entre otros, que tenía en cuenta la adjudicación de la misma por parámetros objetivos, los que incluían entre otros, consideraciones territoriales, sociales y productivas (como favorecer a PYMES y frigoríficos del interior), así como el cumplimiento previo de los embarques, conocido como “past-perfomance”.

27 – ABRIR LAS EXPORTACIONES DE LACTEOS.

La articulación que la cadena lechera ha logrado en torno a diagnósticos y propuestas plasmadas en el Plan Estratégico de Lechería (PEL) es un ejemplo a seguir y debe ser la base para pensar futuras propuestas puntuales para esta cadena, pero encuentra sus esfuerzos desaprovechados en un marco de políticas públicas como las actuales, por lo que las mismas deben ser reformadas. En el sector lácteo en particular, con altísimos niveles de eficiencia en la Argentina en la comparación internacional, y un sector de producción primaria competitivo y que ya hoy genera exceso de oferta para abastecer a todo el mercado interno, es una de las cadenas en donde nuestra propuesta de comercio exterior explicada más arriba de apertura de exportaciones, eliminación de los ROE y búsqueda de una estrategia de comercio exterior proactiva de nuevos mercados, sumada a la generación del “precio de pizarra lácteo” que mejore el funcionamiento de los mercados, tendrá fuertes beneficios para la cadena, las zonas de producción y el conjunto de la economía del país.

POLITICAS INSTITUCIONALES

28 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ORGANISMOS TECNICOS.

El INTA, el SENASA y el INASE son organismos de peso, que en su momento tuvieron prestigio y centralidad en nuestra agroindustria, y que se han ido degradando con el tiempo. Proponemos su fortalecimiento institucional y profesional, con medidas concretas como: concurso público de oposición y antecedentes para sus cargos de conducción técnica y la mayoría de sus cargos de línea, sistema de mérito para el manejo de los recursos humanos y ascensos, autarquía financiera y fortalecimiento presupuestario. Estos tres organismos recibieron en el año 2013 un presupuesto total de 4.400 millones de pesos. Consideramos que un manejo eficiente de esos fondos puede generar los resultados impulsados en estas propuestas.

29 – CREACION DEL CONSEJO DE DIALOGO AGROINDUSTRIAL.

El debate entre sector agroindustrial, gobierno y sociedad es uno de los puntos pendientes de la agenda argentina. Proponemos crear una instancia permanente de interacción público-privada, de carácter honorario para sus miembros y consultivo de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Nacionales, en donde participen todos los actores, cadenas y subsectores de la agroindustria, como espacio de intercambio y debate y mejora de temas referidos a políticas públicas concretas.

30 - CREACION DEL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.

En línea con la visión de la agroindustria que planteamos, dinámica, productiva, con desarrollo territorial y largas cadenas de valor, proponemos ampliar las competencias del actual Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, para que, sin dejar de atender a la producción primaria, tenga una visión industrial, alimentaria y de conjunto del sector y su potencial. Este organismo deberá facilitar el buen funcionamiento de los mercados, coordinar todas las acciones de fomento, colaborar en la resolución de los conflictos intra-cadenas y simultáneamente promover una política de comercio exterior proactiva de apertura de mercados para todos los productos agroindustriales.

COSTO FISCAL Y FINANCIAMIENTO DE PROPUESTAS SOBRE DERECHOS DE EXPORTACION La eliminación de los derechos de exportación a todas las economías regionales, todos los granos excepto la soja y sus subproductos, y todas las carnes exportadas, implica un costo fiscal de 2850 millones de dólares por año (de ello el 82% son los granos, el 11% las carnes y el 7% las economías regionales). La reducción de cada 5% al complejo sojero implica un costo fiscal acumulativo anual de 1175 millones de dólares. Se estima que entre 65 y 80% de la pérdida de recaudación por baja de retenciones se recupera por vía de impuestos (ganancias, IVA y otros impuestos) y aumento de la producción, sobre todo en zonas marginales y alejadas de los puertos (Porto, UNLP 2007 y Anchorena,Fundación Pensar) 201

EL FOMENTO EN LA ACTUALIDAD En la actualidad existen solo a nivel nacional más de 20 programas y leyes de fomento agropecuario, en 3 Ministerios diferentes, además del INTA y otros organismos descentralizados, y con una multiplicidad de asignaciones presupuestas distintas. Entre ellos la Ley Ovina, Fondo del Algodón, Fondo del Tabaco, PROHUERTA, PROVIAR y Programas Regionales, entre otros. El total del gasto público en fomento fue en 2013 de 1685 millones de pesos, lo que equivale prácticamente al total del aporte por retenciones que hacen todas las economías regionales en su conjunto, a excepción de los lácteos. A esto debe sumarse las “líneas de crédito especiales” otorgadas por Bancos Públicos, sin contar el fomento realizado por Provincias y Municipios. Tampoco incluye el gasto tribuario, es decir lo que se deja de recaudar por diferentes exenciones impositivas. Este esfuerzo tiene muchas debilidades: se realiza de manera muy descoordinada, tiene bajo control de gasto, y los beneficiarios son elegidos de manera discrecional, pero su mayor debilidad radica en que mayormente es incapaz de transformar para mejor la realidad productiva de los sectores fomentados. Esto implica no solo un fracaso para los privados, sino una injusta e ineficiente asignación de recursos públicos.