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El Gobierno nacional presentó a las provincias un documento con una serie de cambios en el sector energético, entre los que están la reducción de subsidios, el aumento de tarifas y fijar los precios de la electricidad a través de la Secretaría de Energía.
El "Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la República Argentina" tiene nueve carillas y fue enviado a funcionarios provinciales a cargo del control de las empresas que prestan el servicio eléctrico en todo el país. Los cambios se realizarían dentro de un acuerdo marco entre la Nación y las provincias.
Al mismo tiempo, el borrador propone que el Gobierno nacional concentre el manejo de las empresas provinciales que hasta ahora operan las provincias.
El documento fue elaborado por técnicos de la secretaría de Energía que dirige Daniel Cameron, y de Roberto Baratta, coordinador del Ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido. También participó Ricardo Martínez Leone, del Ente Nacional Regulador de la Electricidad a nivel nacional (ENRE).
Cameron y Martínez Leone se reunieron ayer con equipos técnicos de las provincias, agrupados en la Asociación de Entes Reguladores, y según el diario La Nación no habrían recibido bien la propuesta porque establece que el Gobierno nacional será el encargado de fijar los precios de referencia para las provincias, una potestad que está a cargo de los gobernadores. Pero a pesar de eso, los representantes provinciales se comprometieron a seguir negociando.
El documento divide al país en ocho regiones y fija un valor agregado de distribución regional de referencia (Vadrr), que fijará la Secretaría de Energía de la nación. Y habilita a las distribuidoras cuyos precios estén por debajo del valor fijado por la Secretaría de Energía, a elevar sus tarifas hasta ese nivel, mientras que las que los superen no podrán aumentarlo hasta la próxima suba regional. Con eso se buscaría alcanzar la convergencia de tarifas.
En ese sentido, las tarifas de Edenor y Edesur son las más bajas del país porque el resto de las distribuidoras lograron incrementos en sus precios por decisión de sus gobernaciones.
La propuesta oficial contempla además, que las provincias dejen de autorizar aumentos a sus distribuidoras eléctricas y pide que las que subieron sus tarifas en enero las retrotraigan a diciembre del año pasado.
Al mismo tiempo el documento propone hacer estudios para identificar usuarios "que, por su capacidad económica, puedan afrontar los costos de los tres segmentos" del negocio eléctrico, generación, transporte y distribución. Para eso sugiere aplicar un "proceso de normalización" en la facturación, y un cronograma de aplicación para los usuarios que consuman más de 300 kilovatios (kW). Lo mismo se haría con los usuarios del resto de las categorías "que tengan capacidad de pago".
A cambio de que acepten la propuesta, el Gobierno ofrece a las provincias hacerse cargo de las obras para el sector, con fondos del Estado nacional.
Al mismo tiempo, el borrador propone que el Gobierno nacional concentre el manejo de las empresas provinciales que hasta ahora operan las provincias.
El documento fue elaborado por técnicos de la secretaría de Energía que dirige Daniel Cameron, y de Roberto Baratta, coordinador del Ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido. También participó Ricardo Martínez Leone, del Ente Nacional Regulador de la Electricidad a nivel nacional (ENRE).
Cameron y Martínez Leone se reunieron ayer con equipos técnicos de las provincias, agrupados en la Asociación de Entes Reguladores, y según el diario La Nación no habrían recibido bien la propuesta porque establece que el Gobierno nacional será el encargado de fijar los precios de referencia para las provincias, una potestad que está a cargo de los gobernadores. Pero a pesar de eso, los representantes provinciales se comprometieron a seguir negociando.
El documento divide al país en ocho regiones y fija un valor agregado de distribución regional de referencia (Vadrr), que fijará la Secretaría de Energía de la nación. Y habilita a las distribuidoras cuyos precios estén por debajo del valor fijado por la Secretaría de Energía, a elevar sus tarifas hasta ese nivel, mientras que las que los superen no podrán aumentarlo hasta la próxima suba regional. Con eso se buscaría alcanzar la convergencia de tarifas.
En ese sentido, las tarifas de Edenor y Edesur son las más bajas del país porque el resto de las distribuidoras lograron incrementos en sus precios por decisión de sus gobernaciones.
La propuesta oficial contempla además, que las provincias dejen de autorizar aumentos a sus distribuidoras eléctricas y pide que las que subieron sus tarifas en enero las retrotraigan a diciembre del año pasado.
Al mismo tiempo el documento propone hacer estudios para identificar usuarios "que, por su capacidad económica, puedan afrontar los costos de los tres segmentos" del negocio eléctrico, generación, transporte y distribución. Para eso sugiere aplicar un "proceso de normalización" en la facturación, y un cronograma de aplicación para los usuarios que consuman más de 300 kilovatios (kW). Lo mismo se haría con los usuarios del resto de las categorías "que tengan capacidad de pago".
A cambio de que acepten la propuesta, el Gobierno ofrece a las provincias hacerse cargo de las obras para el sector, con fondos del Estado nacional.
nosis
