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La Comisión Nacional de Valores (CNV) inició un sumario contra los directores titulares de YPF designados por la española Repsol, Luis García del Río y Carlos María Tombeur.
Esta intervención del organismo de contralor se originó a partir de una denuncia que YPF realizó contra ambos directores por la presunta existencia de un conflicto de intereses, cuando en la reunión de directorio realizada el 16 de julio último se analizó el acuerdo entre la petrolera controlada por el Estado y la estadounidense Chevron para explotar un área de la formación no convencional de Vaca Muerta.
El vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocios de la compañía, Fernando Giliberti, detalló los objetivos del proyecto y García del Río objetó no tener acceso al texto y sus anexos, pero finalmente el directorio aprobó el acuerdo.
Luego, García del Río envió una carta al presidente del directorio y a la Comisión Fiscalizadora, en la cual volvió a solicitar la documentación y lo mismo hizo Tombeur.
Ambos pedidos fueron rechazados por la supuesta existencia de un conflicto de intereses entre YPF y los dos directores designados por Repsol.
El presidente de la empresa, Miguel Galuccio, envió el 23 de agosto una nota al Comité de Auditoría para pedirle intervenga en el tema y ese organismo ratificó la posición de la dirección de la compañía.
Entonces, García del Río y Tombeur se presentaron a la Justicia, pero el 6 de noviembre la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ratificó lo hecho por YPF.
El 8 de octubre YPF se presentó ante la CNV denunciando a García del Río y Tombeur, recordando que luego de la expropiación del 51 por ciento de las acciones de Repsol en la petrolera la firma española inició una batería de acciones comerciales y judiciales, tanto en Argentina como en Estados Unidos y España, con el objeto de obstaculizar la actividad de YPF.
"De este modo, Repsol pretende presionar al Estado nacional a los fines de obtener una mejor posición de negociación por la indemnización de sus activos", sostuvo, dejando entrever que García del Río y Tombeur podrían formar parte de esa estrategia al no defender los intereses de la empresa sino los de Repsol.
Al justificar la negativa al pedido de información, la petrolera remarcó que el artículo 8.8 de la Norma de Ética y Conducta de los Empleados de YPF establece que toda la información de la empresa, de carácter no público, tiene la consideración de reservada y confidencial.
"Como correlato de ello, puede válidamente concluirse que la entidad considerará la opción de abstenerse de proporcionar documentos clasificados sobre negocios estratégicos a aquellas personas que respondan a un interés presuntamente contrario al social y cuya actuación sea susceptible de afectar, en tal sentido, la consecución de los objetivos previstos por la Sociedad", aseguró la conducción de la empresa.
El titular de la CNV, Alejandro Vanoli, abrió un expediente, analizó las pruebas presentadas por YPF y decidió que hay indicios suficientes como para iniciar una investigación.
En caso de que se compruebe la falta, la sanción podría ir desde un apercibimiento hasta la inhabilitación de los directores para ejercer su cargo.
La audiencia preliminar será el próximo 14 de febrero.
El vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocios de la compañía, Fernando Giliberti, detalló los objetivos del proyecto y García del Río objetó no tener acceso al texto y sus anexos, pero finalmente el directorio aprobó el acuerdo.
Luego, García del Río envió una carta al presidente del directorio y a la Comisión Fiscalizadora, en la cual volvió a solicitar la documentación y lo mismo hizo Tombeur.
Ambos pedidos fueron rechazados por la supuesta existencia de un conflicto de intereses entre YPF y los dos directores designados por Repsol.
El presidente de la empresa, Miguel Galuccio, envió el 23 de agosto una nota al Comité de Auditoría para pedirle intervenga en el tema y ese organismo ratificó la posición de la dirección de la compañía.
Entonces, García del Río y Tombeur se presentaron a la Justicia, pero el 6 de noviembre la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ratificó lo hecho por YPF.
El 8 de octubre YPF se presentó ante la CNV denunciando a García del Río y Tombeur, recordando que luego de la expropiación del 51 por ciento de las acciones de Repsol en la petrolera la firma española inició una batería de acciones comerciales y judiciales, tanto en Argentina como en Estados Unidos y España, con el objeto de obstaculizar la actividad de YPF.
"De este modo, Repsol pretende presionar al Estado nacional a los fines de obtener una mejor posición de negociación por la indemnización de sus activos", sostuvo, dejando entrever que García del Río y Tombeur podrían formar parte de esa estrategia al no defender los intereses de la empresa sino los de Repsol.
Al justificar la negativa al pedido de información, la petrolera remarcó que el artículo 8.8 de la Norma de Ética y Conducta de los Empleados de YPF establece que toda la información de la empresa, de carácter no público, tiene la consideración de reservada y confidencial.
"Como correlato de ello, puede válidamente concluirse que la entidad considerará la opción de abstenerse de proporcionar documentos clasificados sobre negocios estratégicos a aquellas personas que respondan a un interés presuntamente contrario al social y cuya actuación sea susceptible de afectar, en tal sentido, la consecución de los objetivos previstos por la Sociedad", aseguró la conducción de la empresa.
El titular de la CNV, Alejandro Vanoli, abrió un expediente, analizó las pruebas presentadas por YPF y decidió que hay indicios suficientes como para iniciar una investigación.
En caso de que se compruebe la falta, la sanción podría ir desde un apercibimiento hasta la inhabilitación de los directores para ejercer su cargo.
La audiencia preliminar será el próximo 14 de febrero.
