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El Congreso nacional aprobará esta semana la reapertura del canje de deuda en default y la reforma en Ganancias para gravar la compraventa de acciones que no cotizan en Bolsa y la distribución de dividendos.
Un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas de la Cámara de Diputados analizará mañana la reapertura del canje, que ya tiene media sanción del Senado, y le daría dictamen de mayoría para habilitar su discusión en la sesión programada para este miércoles.
Miguel Giubergia (UCR), diputado y vicepresidente de la comisión de Presupuesto, descartó versiones que indicaban que la UCR se abstendría en la votación: "Vamos a votar como se votó en el Senado (a favor). Somos un partido nacional. Y ya se discutió en el bloque".
Por su parte, el socialismo y el GEN votarían en contra, al igual que lo hicieron en la Cámara alta. Lo mismo hará el bloque de Unidad Popular, que integraba el Frente Amplio Progresista (FAP) junto al GEN y el socialismo.
En cambio, el interbloque del Frente Peronista llegará al recinto con posición dividida: "Recién el martes vamos a decidir qué hacemos", explicó Enrique Thomas, presidente del bloque.
Si bien la mayor parte del interbloque acompañaría la reapertura del canje, los legisladores por San Luis que responden a los hermanos Rodríguez Saá votarán en contra, como lo hizo el propio ex gobernador puntano Adolfo Rodríguez Saá en el Senado.
La reapertura del canje busca mostrar voluntad de pago a la Corte Suprema de Estados Unidos frente a los fallos adversos en primera y segunda instancia en tribunales de Nueva York, que se encuentran en suspenso hasta que el máximo tribunal norteamericano decida si toma el caso o deja firme la resolución de la Cámara de Apelaciones.
Por otro lado, el Senado debatirá el proyecto que promueve gravar la compraventa de acciones y títulos y la distribución de dividendos en las empresas, con la intención de recaudar cerca de 2.200 millones de pesos extra hasta fin de año para compensar en parte el bache fiscal que dejará la suba del mínimo no imponible, que alcanzaría los 4.500 millones de pesos.
En la Cámara alta, el kirchnerismo tendrá que garantizar los votos propios y los de sus aliados para convertirlo en ley, algo que dan por descontado.
El jueves pasado se aprobó en comisiones el despacho que llegó de Diputados, que fija un impuesto de 10 por ciento a la distribución de dividendos de las empresas y un 15 por ciento a la compraventa de bonos, títulos o acciones que no coticen en Bolsa. Al mismo tiempo, deroga la eximición del pago de Ganancias a las empresas extranjeras que compran acciones en el país, que se les había otorgado durante la presidencia de Carlos Menem.
Miguel Giubergia (UCR), diputado y vicepresidente de la comisión de Presupuesto, descartó versiones que indicaban que la UCR se abstendría en la votación: "Vamos a votar como se votó en el Senado (a favor). Somos un partido nacional. Y ya se discutió en el bloque".
Por su parte, el socialismo y el GEN votarían en contra, al igual que lo hicieron en la Cámara alta. Lo mismo hará el bloque de Unidad Popular, que integraba el Frente Amplio Progresista (FAP) junto al GEN y el socialismo.
En cambio, el interbloque del Frente Peronista llegará al recinto con posición dividida: "Recién el martes vamos a decidir qué hacemos", explicó Enrique Thomas, presidente del bloque.
Si bien la mayor parte del interbloque acompañaría la reapertura del canje, los legisladores por San Luis que responden a los hermanos Rodríguez Saá votarán en contra, como lo hizo el propio ex gobernador puntano Adolfo Rodríguez Saá en el Senado.
La reapertura del canje busca mostrar voluntad de pago a la Corte Suprema de Estados Unidos frente a los fallos adversos en primera y segunda instancia en tribunales de Nueva York, que se encuentran en suspenso hasta que el máximo tribunal norteamericano decida si toma el caso o deja firme la resolución de la Cámara de Apelaciones.
Por otro lado, el Senado debatirá el proyecto que promueve gravar la compraventa de acciones y títulos y la distribución de dividendos en las empresas, con la intención de recaudar cerca de 2.200 millones de pesos extra hasta fin de año para compensar en parte el bache fiscal que dejará la suba del mínimo no imponible, que alcanzaría los 4.500 millones de pesos.
En la Cámara alta, el kirchnerismo tendrá que garantizar los votos propios y los de sus aliados para convertirlo en ley, algo que dan por descontado.
El jueves pasado se aprobó en comisiones el despacho que llegó de Diputados, que fija un impuesto de 10 por ciento a la distribución de dividendos de las empresas y un 15 por ciento a la compraventa de bonos, títulos o acciones que no coticen en Bolsa. Al mismo tiempo, deroga la eximición del pago de Ganancias a las empresas extranjeras que compran acciones en el país, que se les había otorgado durante la presidencia de Carlos Menem.
nosis
