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Las tres acordadas de la Corte Suprema del día de ayer, declarando la inaplicabilidad de reglas de las leyes de la “Reforma Judicial” del oficialismo, no obstante la polémica, fueron reconocidas por el Consejero de la Magistratura Enríquez, como una “reafirmación del principio de división de poderes”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación por intermedio de 3 acordadas dispuso la inaplicabilidad de diferentes reglas contenidas en la las leyes 26.856; 26.857 y 26.861. Más allá del acierto o error, la Corte pone de manifiesto su función legislativa, aunque puramente quizá el propio tribunal se niegue a este reconocimiento expreso. Clara y consistente se reafirma como “Suprema”. No obstante, el ejercicio inusual de este poder legislativo genera la “inaplicación” de reglas sancionadas por el Congreso federal, con iniciativa de la Presidenta de la República.
Jorge Enríquez, miembro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, celebró las tres acordadas que la Corte Suprema de Justicia dictó ayer declarando inaplicables tres artículos de las leyes de reforma judicial como "la reafirmación por parte del alto tribunal del principio de división de poderes que en forma tan elocuente garantizara al declarar la inconstitucionalidad de los aspectos sustanciales de la ley del Consejo de la Magistratura en el histórico fallo Rizzo".
Enríquez añadió que "la Corte no admitió que se avanzara sobre sus atribuciones constitucionales como cabeza del Poder Judicial, establecidas por los artículos 108 y 113 de la Constitución Nacional. De esta forma, se sigue desmoronando el régimen de domesticación de la justicia que, al margen de los pronunciamientos jurisdiccionales, ha sido contundentemente repudiado en las urnas el pasado 11 de agosto".
No obstante la polémica que se abrió en torno al uso de las facultades legislativas del Alto Tribunal, que ya generó posicionamientos políticos en torno a su reconocimiento o rechazo, el Consejero señaló que se trata de facultades propias, en defensa de principios constitucionales. "La independencia de los jueces -concluyó Enríquez- es la mayor garantía de la efectiva vigencia de los derechos y libertades de los ciudadanos. Han querido ir por todo. La Corte les recordó que vivimos en una República".
