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El
Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires consideró el 9-5-13 en
sesión plenaria una denuncia contra una camarista del fuero local, la doctora
Inés Weinberg de Roca. El caso reviste particular interés porque la doctora
Wainberg ha sido propuesta por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, para
integrar el Tribunal Superior de la Ciudad.
La
denuncia le imputa a la doctora Weinberg haber desempeñado simultáneamente una
magistratura local y un cargo en un tribunal de las Naciones Unidas. La
cuestión dividió al cuerpo de nueve miembros. Ante la ausencia del país de dos
de ellos, Gustavo Letner y Alejandra Petrella, hubo cuatro opiniones a favor
del rechazo de la denuncia y tres a favor de mantener la causa abierta. Luego
de un acalorado debate, y ante la inminencia de la derrota de su postura, se
retiraron los consejeros Juan Manuel Olmos, Alejandra García y Daniel Fábregas,
dejando a la sesión sin quórum, por lo que no se adoptó ninguna decisión.
El consejero Jorge
Enríquez, uno de los tres representantes de los abogados, lideró la postura
proclive al rechazo de la denuncia. Para Enríquez, “las imputaciones fueron meramente
conjeturales, expuestas en modo potencial, sin acompañar ningún elemento que
las acreditara, sin ajustarse a las formalidades reglamentarias y
sustancialmente improcedentes”. Enríquez se fundó en las siguientes
consideraciones:
1) La denuncia debió haber sido rechazada ‘in limine’ por
no respetar las formalidades reglamentarias, ya que contiene solamente
conjeturas y no aporta elementos que le otorguen siquiera una mínima
verosimilitud.
2) El propio Consejo había autorizado a la doctora
Weinberg a desempeñarse en un tribunal de las Naciones Unidas.
3) Lejos de ser incompatible con su función como jueza en
la Ciudad, el cargo en el mencionado tribunal internacional sólo pueden ser
ocupado por quienes son jueces en sus países de origen.
4) Aún cuando la denuncia hubiera tenido algún viso de
seriedad, los hechos imputados estarían prescriptos.
5) La Legislatura ya había desestimado un planteo
idéntico en el curso del procedimiento seguido con motivo de la propuesta de la
doctora Weinberg como integrante del Tribunal Superior de la Ciudad.
6) Respecto del supuesto incumplimiento por parte de la
denunciada del deber de informar al Poder Judicial sus ingresos de otra fuente,
no existe ninguna norma que así lo determine. La Resolución CM Nº 302-2002
dispone (art. 1.15.1) que los magistrados deben declarar su situación
patrimonial dentro de los 30 días hábiles de asumir el cargo, dentro de los 5
días hábiles de haber cesado en él y “cuando se produzca una alteración
patrimonial significativa”, lo que no surge ni siquiera como hipótesis en la
denuncia.
“En consecuencia –concluyó
Enríquez-, la denuncia contra la doctora Weinberg es absolutamente infundada y
no parece tener otra motivación que la de entorpecer la aprobación de su pliego
como miembro del Tribunal Superior de la Ciudad, por designación de Mauricio
Macri”.
