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Primero, la Suprema Corte de Justicia uruguaya fue cuestiona por el traslado de la jueza Mariana Mota -que concentraba más de 50 causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1985)- desde el juzgado penal de 7° turno a la sede civil de 1er turno. Más tarde, en una sentencia duramente cuestionada por el gobierno del Frente Amplio, la SCJ declaró la inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). Luego, la SCJ (por 4 a 1) declaró inconstitucional la ley que había eliminado la prescripción de los delitos cometidos por militares y policías en el período de facto. La SCJ entendió que esa ley es inconstitucional, por cuanto aplicó en forma retroactiva leyes penales. Esa sentencia hará que los jueces no puedan procesar a más militares y policías, aunque no liberará a los que ya están en prisión. Hace casi 10 días que los ministros de la SCJ son blanco de duras críticas de organizaciones vinculadas al Frente Amplio. Cuando la jueza Mota debía juramentar su nuevo cargo, unas 300 personas ocuparon la sede de la SCJ en rechazado al traslado de Mota. Los manifestantes fueron desalojados por la Policía, dirigidos en forma personal por el jefe de Policía de Montevideo, Diego Fernández. Desde hace 1 semana los 5 ministros de la SCJ, cuyo juicio político promueve un sector del Frente Amplio, son protegidos por un discreto operativo de seguridad policial.
MONTEVIDEO (El Observador). El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal Pino, lleva en el dedo anular de la mano izquierda un enorme anillo con el símbolo del yin y el yang, que representan el equilibrio de los elementos universales. No lo usa por su significado oriental, sino por una cuestión “emocional”, cuenta. Se lo regaló su hija cuando era pequeña y desde entonces lo ha mantenido. Antes de empezar la entrevista, aclara que no hablará del traslado de la jueza Mariana Mota ni sobre los disturbios en la sede del Poder Judicial.
Tampoco se explayará acerca de la declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley Caducidad, porque la sentencia todavía no era pública, el viernes al mediodía, cuando se concretó la entrevista.
-¿Los traslados son sanciones en algunos casos?
-Nosotros tenemos prohibido utilizar los traslados como sanción, sobre todo en los casos en los que los traslados son horizontales.
-¿Por qué se traslada de una materia a otra?
-Normalmente los jueces debemos pasar por todas las materias. En el año 1989, después de ocho años como juez penal, fui trasladado a la materia civil, en la que estuve dos años. Año 1989: período democrático, no período de dictadura. Hay otros 15 o 20 casos más. De modo que es habitual y rutinario que en un paquete de traslados se hagan traslados horizontales, de ascenso o de ingreso. Hace varios años que venimos haciendo anualmente más de 50 traslados.Hay quienes plantean la necesidad de especializar a los jueces en determinadas materias.
-¿Los traslados horizontales, de una materia a la otra, obstaculizan esta especialización?
-Esto funciona como una pirámide o como un embudo invertido. A medida que se va llegando a los escalones más altos, como los juzgados letrados de Montevideo, es presumible que los jueces letrados tengan que ir mañana a un tribunal. En los últimos escalones de la Justicia tiene que haber jueces preparados para ir a cualquier materia.
-La mayoría de los traslados no pasa por la Fiscalía de Corte, como establece la Constitución. (El traslado de Mota, que no fue visto por el fiscal de Corte y la declaración de inconstitucional de la ley interpretativa de la Caducidad, llevó al MPP a proponer un juicio político a la SCJ.)
-Ninguno pasa. La Constitución también dice que esa opinión del fiscal de Corte no es vinculante, es decir, no es obligatoria, de modo que si no es obligatoria, no lesiona la regularidad del acto. Suponga lo que sería darle vista al fiscal de Corte de los 50 traslados para que él opine si está bien o está mal. Además de no tener fuerza vinculante, sería atorar al fiscal de Corte.
-¿Cree que el sistema de traslados es transparente?
-Es transparente, no solo porque intervienen otros actores (una comisión sugiere 20 jueces para ascensos), sino porque los traslados son determinados por una necesidad global, no individual.
-¿Ha recibido llamadas o visitas que ejerzan presiones?
-Ni llamadas ni visitas. Lo que se puede llamar presiones es lo que pasa afuera, lo que otros actores le dicen a la prensa. Eso podría constituir presiones, pero las presiones para nosotros son cosas de todos los días: las recibimos, las sopesamos, pero no tienen mayor trascendencia.
-¿Ante quién debe rendir cuentas la Corte?
-La Corte rinde cuentas de su actuar económico permanentemente. Con respecto a lo jurisdiccional, la Corte no puede ser controlada por nadie porque es el máximo órgano. La Constitución no dispone otro control en la vía jurisdiccional. Incluso, no permite que los legisladores nos pidan informes sobre temas jurisdiccionales. No nos permite a los ministros sancionar a magistrados sobre temas jurisdiccionales. En ese tema, la independencia es absoluta.
-¿Qué visión cree que tiene la opinión pública de la Corte?
-No sé. Pienso que hay muchos que opinan que la Corte administrativamente no está actuando bien y otros que sí está actuando bien. El que gana opina bien y el que pierde opina mal.
-El canciller Luis Almagro dijo que con el traslado de Mota “habrá dinosaurios contentos”. ¿Usted se siente un dinosaurio?
-Soy viejo, pero trato de mantenerme actualizado, sobre todo en el tema de derechos.
-¿De derechos humanos?
-El derecho es una cosa sola que abarca a los derechos humanos. Hoy estamos más sensibilizados con el tema de derechos humanos, pero en cada decisión de un juez hay una aplicación de esos derechos.
-¿Le molestó que el canciller dijera eso?
-Me han dicho cosas peores.
