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El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, asistirá mañana a la audiencia que Argentina tendrá que afrontar en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito por el reclamo del fondo de inversión NML Capital, que ya obtuvo un fallo favorable para cobrar unos 1.330 millones de dólares por sus tenencias de bonos argentinos en default.
Lorenzino viajó a Nueva York acompañado por el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, y por el subsecretario de Legal y Técnica, Matías Issa. La participación de los funcionarios en la audiencia no es necesaria, por lo que su asistencia fue interpretada como un gesto sobre la importancia que le da el país al juicio.
En representación de Argentina actuarán los abogados del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton y tanto el país como el fondo NML Capital tendrán unos 20 minutos para exponer sus argumentos. También tendrán tiempo para manifestar sus posturas los fondos de inversión con deuda reestructurada que apoyan al país; y el fondo Aurelius, otro de los demandantes.
Después de eso, la Corte deberá definir la situación, pero los asesores legales del Gobierno estiman que ello sucedería a fines de marzo o abril.
El tribunal de alzada ya había convalidado el reclamo de los fondos "buitre", que sostienen que Argentina incumplió con la cláusula de tratamiento igualitario o pari passu porque el país paga su deuda reestructurada pero no los bonos en default.
A fines de octubre, el juez neoyorquino Thomas Griesa emitió un fallo en el que obligó a Argentina a pagar el 100 por ciento de la sentencia en una cuenta de garantía. Y en caso de que no lo hiciera, los agentes fiduciarios debían retener a prorrata los 1.330 millones de dólares de los pagos regulares. Pero la apelación suspendió esa sentencia.
Al mismo tiempo, el país cuestionó la primera decisión de la Corte de Apelaciones y pidió una revisión en banc, del plenario de ese cuerpo.
Entre los apoyos que recibió el planteo de Argentina se encuentra el del gobierno de Estados Unidos, que presentó escritos como amicus curiae, porque consideró que una sentencia contraria a la Casa Rosada y en los términos en los que la dictó Griesa, afectará futuras reestructuraciones de deuda soberana.
En su último escrito presentado ante la Corte de Apelaciones, Argentina advirtió que una sentencia adversa generará juicios por más de 43.000 millones de dólares. En cambio los bancos internacionales esperan juicios por 20.000 millones de dólares contra el país.
La opción más favorable para el país es que la Corte de Apelaciones acepte reabrir el canje de deuda como oferta final a los fondos buitre.
En representación de Argentina actuarán los abogados del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton y tanto el país como el fondo NML Capital tendrán unos 20 minutos para exponer sus argumentos. También tendrán tiempo para manifestar sus posturas los fondos de inversión con deuda reestructurada que apoyan al país; y el fondo Aurelius, otro de los demandantes.
Después de eso, la Corte deberá definir la situación, pero los asesores legales del Gobierno estiman que ello sucedería a fines de marzo o abril.
El tribunal de alzada ya había convalidado el reclamo de los fondos "buitre", que sostienen que Argentina incumplió con la cláusula de tratamiento igualitario o pari passu porque el país paga su deuda reestructurada pero no los bonos en default.
A fines de octubre, el juez neoyorquino Thomas Griesa emitió un fallo en el que obligó a Argentina a pagar el 100 por ciento de la sentencia en una cuenta de garantía. Y en caso de que no lo hiciera, los agentes fiduciarios debían retener a prorrata los 1.330 millones de dólares de los pagos regulares. Pero la apelación suspendió esa sentencia.
Al mismo tiempo, el país cuestionó la primera decisión de la Corte de Apelaciones y pidió una revisión en banc, del plenario de ese cuerpo.
Entre los apoyos que recibió el planteo de Argentina se encuentra el del gobierno de Estados Unidos, que presentó escritos como amicus curiae, porque consideró que una sentencia contraria a la Casa Rosada y en los términos en los que la dictó Griesa, afectará futuras reestructuraciones de deuda soberana.
En su último escrito presentado ante la Corte de Apelaciones, Argentina advirtió que una sentencia adversa generará juicios por más de 43.000 millones de dólares. En cambio los bancos internacionales esperan juicios por 20.000 millones de dólares contra el país.
La opción más favorable para el país es que la Corte de Apelaciones acepte reabrir el canje de deuda como oferta final a los fondos buitre.
nosis
