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ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE SCIOLI La pregunta: ¿Acepta Cristina los BoGar?

Liquidar los Bogar 2018 por unos $6.000 millones sería la solución para la provincia de Buenos Aires, pero eso depende de Cristina Fernández de Kirchner, la única compradora posible.



Todavía no hay señales desde el Ejecutivo Nacional, y la espera es matizada por comentarios tipo: "Hasta el martes no se resuelve nada..." Pero ¿hasta el martes? ¿Y si no se resuelve el martes?
 
En medio de la crisis financiera que decantó en fuertes cruces políticos en el seno del oficialismo, Daniel Scioli confirmó que el ‘salvataje’ posible para la Provincia pasaría por liquidar los activos financieros de que dispone, por un total de $ 6.000 millones en Bonos Garantizados –BoGar- con vencimiento en 2018
 
La idea, según adelantó Daniel Scioli, es colocarlo en el Banco Central, a valor nominal, ante el bajo valor de mercado que tienen los mismos. 
 
“Estamos trabajando articulados con el Banco Central. Nuestros técnicos y la Ministra de Economía Silvina Batakis, trabajan en ese sentido”, explicó el gobernador. 
 
Los BoGar, son bonos que fueron emitidos en 2002 por parte del Gobierno Nacional, como salvataje a las provincias. Ese año, la Nación se hizo cargo de la deuda que las provincias tenían con los bancos y emitió BoGar 2018. Fue en el marco de un paquete de socorro financiero que incluyó, además, el rescate de las cuasimonedas a través de los Boden 2011 y 2013. Además.
 
Si Mercedes Marcó del Pont accede a comprarlos con el dinero del Banco Central, será cierto: Cristina Fernández de Kirchner alivió a Daniel Scioli.
 
De lo contrario, será cierto: Cristina Fernández de Kirchner hundió a Daniel Scioli...
 
Fundamentos de la Ley 13.225 (BoGar)
 
Honorable Legislatura:
 
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley que busca reafirmar la solvencia del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de las normas regulatorias del Banco Central de la República Argentina.
            
La situación actual del Banco Provincia no escapa a las consecuencias de la reciente crisis por la que atravesó nuestro país y sus instituciones, que tuvo sus aspectos económicos, políticos, sociales, financieros y fiscales. En el contexto de esa crisis, y por diversos motivos -vinculados tanto con las necesidades fiscales de financiamiento del déficit, como con la necesidad de fortalecer al Banco de los efectos de la creciente incobrabilidad que registraban los créditos al sector privado a medida que la crisis económica se profundizaba- el Banco pasó a tener buena parte de sus activos comprometidos en títulos públicos y préstamos al gobierno provincial y a los municipios.
           
La contrapartida de esta situación era, inevitablemente, un aumento del endeudamiento provincial, que en el año 2002, y a partir del crecimiento que experimentó por efecto de la crisis y el fin de la convertibilidad, llegó a niveles que exigían una reestructuración a largo plazo y con bajas tasas de interés. Este panorama se repetía en la generalidad de las provincias argentinas, lo que llevó a un acuerdo entre el gobierno nacional y las provincias para facilitar la conversión de deudas provinciales con intervención de la Nación, a través de su canje por títulos a 16 años de plazo, que se llamaron Bonos Nacionales Garantizados (BOGAR).
            
De esta manera, el Banco Provincia pasó a tener casi el 40% de sus activos en BOGAR, títulos en pesos ajustables que devengan una tasa del 2% anual, que fueron recibidos en canje por acreencias que en su origen estaban expresadas en dólares, con tasas de interés que promediaban 8 a 10% anual.
            
Los BOGAR fueron contabilizados en el Banco a su valor técnico, idéntico, a la fecha del canje, al de las acreencias que reemplazaban. Este valor no refleja su valor de mercado, el que, dada la situación del país y, en particular, el incumplimiento en gran parte de las acreencias externas, es marcadamente inferior.
            
Dado que esta metodología de contabilización de títulos resultantes de reestructuraciones de la deuda pública es generalizada en el sistema bancario, ante la fragilidad de los estados financieros con los que las entidades emergieron de la crisis, el Banco Central la permitió inicialmente, para luego emitir una reglamentación -la llamada Comunicación “A” 3911- que busca establecer un sendero de ajuste gradual de los valores registrados contablemente, desde el valor técnico de las acreencias hasta su valor de mercado.
            
Sustancialmente, lo que la Comunicación del Banco Central “A” 3911 establece es que los préstamos garantizados, los BOGAR y otras acreencias que posean los bancos contra el sector público deberán ser valuadas, desde el año 2003 y hasta el año 2008, a su valor técnico o al que resulte de estimar el valor presente de sus flujos futuros de fondos, el que sea menor. Para calcular dicho valor presente, se deben utilizar las tasas de descuento que fija la misma Comunicación, que son crecientes con el tiempo, comenzando con el 3% en el año 2003 y llegando al 5% en diciembre de 2006. A partir de enero de 2007 se calculará el promedio ponderado de la tasa de 5% anual con la tasa de descuento de mercado estimada por el Banco Central, aumentando el ponderador de ésta hasta llegar al 100% en junio de 2008.
            
Esta reglamentación tiene un impacto moderado en casi todos los bancos integrantes del sistema financiero argentino, los que poseen mayormente préstamos nacionales garantizados -originados en la reestructuración de deudas del Estado nacional-, que tienen una tasa de interés mayor (4% anual sobre capital ajustado) que los BOGAR y un menor plazo promedio. Así, el valor presente que estos préstamos seguirá siendo igual o mayor a su valor técnico hasta que la tasa de descuento establecida en la Comunicación “A” 3911 sea superior a 4% anual, y en ese momento ya habrán amortizado una parte significativa de su capital.
            
Pero no es la situación del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que tiene básicamente acreencias originalmente emitidas por el gobierno provincial, reestructuradas a una tasa del 2% anual, un plazo de gracia del capital hasta marzo de 2005, y amortizaciones mensuales crecientes hasta su repago total en febrero de 2018. En el caso de nuestro Banco, la aplicación de la Comunicación “A” 3911, sin el apoyo provincial propuesto a través del presente proyecto de ley, implicaría una fuerte disminución en sus activos y en su patrimonio neto, deteriorando sus relaciones técnicas y sus calificaciones de riesgo.
            
Es por ello que proponemos la creación del “Fondo de Sostén del Valor de Bonos Garantizados emitidos por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (Decreto P.E.N. Nro. 1.579/2002) en poder del Banco de la Provincia de Buenos Aires”. El mismo busca complementar los flujos de fondos de los BOGAR en poder de nuestro Banco, de modo tal que su rendimiento, hasta el año 2016, sea en todo momento igual o superior a las tasas de descuento establecidas en la Comunicación B.C.R.A. “A” 3911, de modo que su valor presente neto sea igual o superior a su valor técnico.
            
El fondo deberá recibir aportes enviados por el gobierno provincial, el que podría obtenerlos desde cualquier fuente que se establezca. No obstante, el proyecto de ley que estamos sometiendo a vuestra consideración prevé que esa fuente sea, en definitiva, el flujo de ganancias obtenido por el propio Banco Provincia. A esos efectos, se prevé que el Banco gire a la Provincia las utilidades que obtenga, hasta las sumas necesarias para que la Provincia haga frente a los aportes necesarios para la constitución del fondo (1).
            
La consecución de estas utilidades, más que un sano propósito, es un imperativo para el Banco. Como resultado de la crisis, el año 2003 terminó con un fuerte quebrando, y con un balance en que los activos estaban compuestos casi en un 60% por acreencias contra el sector público, devengando en promedio una baja tasa de interés; más del 10% eran disponibilidades o activos inmovilizados, y poco más del 10% eran créditos al sector privado, los que constituyen la base de la rentabilidad de un banco en situaciones normales.
            
La crisis financiera provocó un achicamiento del negocio natural del Banco de tal magnitud que los gastos de su administración -aún habiéndose reducido en términos reales- pasaron a ser insostenibles en esas condiciones. Ante esa situación, la conducción actual del Banco Provincia optó por no reducir gastos operativos mediante despidos de personal, sino buscar un incremento de las operaciones mejorando la eficiencia del Banco y poniendo en marcha una activa política de recupero de créditos. Pero para sostener dicho incremento, es necesario el aumento del capital del Banco a través del tiempo, cuyo sustento debe ser las ganancias a obtener.
            
En lo que va del año, el Banco logró revertir el pronunciado déficit que tenía, obteniendo un moderado superávit desde el mes de mayo. Esto se hizo sin recargar el costo en las espaldas de los clientes del Banco, antes bien, la tasa de interés promedio que cobra el Banco por los créditos que otorga ha ido disminuyendo, los precios de los servicios se han mantenido, se está trabajando en la mejora de la atención al público y en adaptar los créditos y servicios prestados a las necesidades de la clientela, y se está realizando un esfuerzo -con resultados incipientes- en llegar a soluciones para las deudas morosas que le permitan al banco recuperar capital y al deudor moroso reinsertarse en el sistema.
            
Entendemos que queda camino por recorrer hacia el Banco eficiente, rentable y al servicio de los bonaerenses que la provincia de Buenos Aires necesita. Y estamos decididos a transitarlo, de modo que el Banco sea un orgullo y al mismo tiempo, una herramienta útil para los bonaerenses.
            
Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.
 
(1) La Carta Orgánica del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 17, establece que las utilidades realizadas se destinarán a saneamiento del activo, reservas legales, aumento de capital y reservas y para fondos de previsión, previsión social e inversiones, en las proporciones que determine el directorio. El mecanismo que se plantea -que implica el giro de las utilidades a la Provincia- es congruente con el espíritu de esta norma, ya que en definitiva las utilidades serán empleadas para capitalizar al Banco.

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