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José Manuel de la Sota, gobernador de Córdoba, presentó hoy ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contra el Gobierno Nacional por una deuda que mantiene con la caja de Jubilados por 1.040 millones de pesos, más los intereses correspondientes.
La denuncia fue presentada por Jorge Córdoba, fiscal de Estado, y el abogado Alberto Manuel García Lema, ambos en representación de la provincia mediterránea, donde reclama que el Gobierno nacional cumpla con el convenio 80/09 que firmó el 18 de diciembre de 2009. Ese documento establece los pasos para la "armonización" y el financiamiento del sistema previsional de la provincia.
Si bien durante el primer año de vigencia de ese convenio la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) cumplió con lo acordado, desde febrero de 2011 no volvió a enviar fondos.
A su vez, desde el organismo nacional explicaron que Córdoba no cumplió con su parte, que era armonizar su sistema jubilatorio.
El Gobierno cordobés negó que eso haya sucedido y propuso que en lugar de pagar la deuda, la Casa Rosada financie obras públicas en la provincia, pero todavía no obtuvo respuesta. Frente a eso, el gobernador José Manuel De la Sota decidió recurrir al máximo tribunal.
El gobernador había presentado esa propuesta por escrito, durante una audiencia que mantuvo el martes pasado con Juan Manuel Abal Medina, jefe de Gabinete.
Y una semana antes, Oscar González, jefe de Gabinete de Córdoba, había enviado otra carta a Abal Medina, que tampoco tuvo respuesta.
La demanda será por los 1.040 millones de pesos que la ANSeS se había comprometido a girar para afrontar el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial del año pasado, según consignó el diario La Voz del Interior.
Pero el reclamo no incluirá el pedido de que la Nación le devuelva el 15 por ciento de coparticipación que le cedió la provincia para sostener el sistema jubilatorio nacional cuando éste fue privatizado.
Ese era un pedido de la oposición a De La Sota: que exigiera que la Casa Rosada le devuelva a Córdoba ese porcentaje, que este año representaría 2.800 millones de pesos.
Hasta ahora sólo Santa Fe se presentó ante la Justicia para pedir que se le devuelva ese 15 por ciento de coparticipación.
nosis
