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El Gobierno nacional cuestionó hoy con dureza al presidente de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), Juan Pablo Piccardo, y defendió que haya sido llevado con la Policía Federal a una audiencia por la paritaria en ese medio de transporte, ya que "la Ciudad se viene borrando" del conflicto.
El ministro de Planificación y el de Trabajo, Julio De Vido y Carlos Tomada, criticaron al jefe de gobierno Mauricio Macri y al funcionario a cargo de la empresa estatal que es "responsable" del control del servicio y parte involucrada en la discusión salarial.
A Piccardo De Vido resaltó que "lo tuvo que citar la fuerza pública" y reflexionó: "A mí me extraña que no haya ningún fiscal que no haya iniciado una causa por no cumplir con los deberes de funcionario público".
"A una audiencia pública tiene que presentarse, no tiene nadie que irlo a buscar. Tenemos muchos años de democracia y de institucionalidad", dijo el ministro de Planificación, en conferencia de prensa.
Tomada, tras decir que Macri "tiene un problema con la ley", advirtió que está "interviniendo en el marco de la ley, convocando al sindicato, a la empresa y a la ciudad de Buenos Aires; esto tiene que ver con resolver la cuestión de la paritaria y nada más".
"Si hubiera habido un conflicto laboral de otro tipo, como horas extras u otras condiciones de trabajo, la convocatoria se debería hacer entre el sindicato, metrovías y eventualmente, Sbase", indicó el titular de la cartera de Trabajo nacional.
Piccardo, dijo, "es presidente de Sbase, no el titular de una cooperativa o de un club. Es presidente de ese organismo y de esa persona depende la resolución del conflicto en el subterráneo".
El ministro de Planificación se lamentó de que, luego de haber sido citado varias veces, se haya tenido que "volver a convocarlo (a Piccardo) de la peor forma, no porque fue convocado por la fuerza porque no cumple con la ley y no quiere venir, sino porque no quiere dialogar".
"Tengo instrucciones directas de la presidenta de hacer todo lo posible para que se llegue a un acuerdo. Estamos esperando que vengan", ratificó Tomada e insistió con que, por el convenio firmado por Macri y ejecutado con el aumento del pasaje a 2,50 pesos, "la concesión fue transferida a la Ciudad de Buenos Aires".
Además, ambos ministros formularon una "advertencia" para que la concesionaria de los subtes retome las negociaciones salariales y realice una oferta superadora.
De Vido afirmó que "es ilegal que el Grupo Roggio suspenda el servicio luego de haber ganado 413 millones de pesos en Metrovías" e instó a los trabajadores a reflexionar sobre "la actual situación, porque no pueden ser funcionales" a "la amenaza proferida en perjuicio de los usuarios".
Según dijo, "es muy claro que no deben ser funcionales a la actual situación, porque los únicos perjudicados serán los usuarios, amenazados por Roggio", a la vez que expresó que nunca la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) dejó de controlar el servicio de subterráneos, que es "el rol que le cabe al Estado nacional".
El ministro adelantó que enviará a todos los órganos de control que tiene a su cargo para que "revisen los contratos de empresas tercerizadas" que tiene el Grupo Roggio y con las cuales ganó 263 millones de pesos", cuestionando las protestas que la compañía concesionaria del servicio de subte realizó por una "querencia de 120 millones de pesos", cuando "desde 2003 a la fecha ha firmado contratos de obra pública con el Estado por 8.000 millones de pesos".
nosis
