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La banca española necesitará dinero público para cumplir con las nuevas exigencias de provisiones para el crédito sano al ladrillo contenidas en el último decreto de reforma financiera aprobado el pasado viernes por el Gobierno, según Fitch. La agencia de calificación crediticia considera que la decisión de elevar del 3% al 7% la cobertura de estos créditos al sector inmobiliario sin incidencias de pago es positiva para el sector financiero español y recuerda que la aportación pública se limitará a 15.000 millones de euros.
