Informe Económico Semanal del Banco Ciudad

LA SEMANA EN POCAS PALABRAS

En la última semana se publicaron algunos datos reales y fiscales de cuya lectura se obtienen algunas conclusiones que, más allá de las consideraciones dentro de su propia órbita de injerencia, resultan relevantes para la evaluación financiera de los títulos públicos.
En primer lugar, se divulgaron los datos del EMAE-INDEC, suerte de PIB mensual oficial, que arrojó un crecimiento en enero de 9,1% interanual. Dado el fuerte repunte presentado por el indicador en noviembre y diciembre, junto con el avance de enero (de 0,5% mensual), el EMAE ya deja un “arrastre estadístico” de 5 puntos porcentuales para el crecimiento 2011. Es decir, que la dinámica reciente del PIB oficial garantizaría el pago de los cupones atados al crecimiento en 2012 (el IGA de OJF acumula un alza de 7% a/a en el primer bimestre, dejando un arrastre de 3,2% para el año).
Por otro lado, también se publicaron las estadísticas de la deuda pública de 2010, que alcanzó USD 164 mil millones. La contabilización de los títulos que dejaron de estar en default tras el nuevo canje, las nuevas emisiones de deuda, el ajuste por CER, la capitalización de intereses y otras operaciones, contribuyeron a incrementar nominalmente la deuda en cerca de USD 17 mil millones (12% a/a). Sin embargo, el crecimiento económico, la alta inflación y un dólar estable, contribuyeron a que cayera el ratio deuda/PBI de 49% en 2009 a 46% en 2010, retornando (diez años después) a un nivel similar al de los años previos a la crisis de 2001.
Por otro lado, desmenuzando los datos de la deuda, sólo 18 puntos del Producto, corresponde a instrumentos de deuda “de mercado”, es decir, en manos del sector privado.
En cuanto al perfil de vencimientos, en 2011 los servicios de la deuda (pago de capital e intereses) serán mayores a los de años previos. En el transcurso del año, el sector público tendrá que afrontar pagos por USD 18.500 millones, cerca de USD 6.000 millones más que en 2010. Esta diferencia corresponde al pago del cupón PBI (en 2010 no se abonó debido al bajo crecimiento del 2009), la amortización del Bonar (por cerca de USD 1.500 millones, que se pagaron esta semana) y desembolsos a otros acreedores (Banco Nación, principalmente).
Paralelamente, la asistencia a provincias y el déficit del Sector Público Nacional incrementarán las necesidades de financiamiento. Debido al empeoramiento de las finanzas provinciales en 2011, estimamos una asistencia financiera cercana a los USD 2.800 millones, el doble de la registrada el año anterior. Por otra parte, el déficit del Sector Público Nacional podría ascender a alrededor de USD 2.200 millones (-0,5% del PIB), en un escenario de crecimiento “moderado” del gasto primario para un año electoral (37% a/a).
Ahora bien, a pesar de los dos puntos anteriores, las necesidades financieras del Gobierno estarían prácticamente cubiertas vía fuentes de financiamiento intra sector público, dejando virtualmente sin posibilidades un escenario de default en 2011. La refinanciación cuasi-automática de títulos en manos de ANSES, junto con la utilización de fondos del BCRA (adelantos transitorios, utilidades y reservas para el pago de deuda), garantizarían que el 70% de las necesidades financieras estén cubiertas por el propio sector público. El resto podría cubrirse con desembolsos de organismos multilaterales (USD 2.500 millones) y el “colchón” financiero generado en 2010 (cercano a los USD 4.600 millones).
Por último, y más allá de la dinámica reciente y la foto actual de la deuda pública, tanto los pasivos previsionales contingentes como las obligaciones con el Club de París son dos cuentas pendientes que heredará el próximo gobierno. En el ámbito previsional, estimaciones propias indican que el pasivo contingente surgido del congelamiento de los haberes por encima de la mínima podría trepar hasta al 10% del PBI (actualizado por inflación). En cuanto al Club de París, ya sea por razones políticas o económicas, difícilmente se acuerde su pago durante este año, aunque ello implicará a partir de 2012 un reconocimiento de una deuda adicional por cerca de USD 3.000 millones, en concepto de capital e intereses impagos más punitorios.